La crisis económica está suponiendo una mayor desigualdad en la economía española de la que ya había antes de su estallido. La pobreza aumenta, al tiempo que la mayor parte de las clases medias y bajas pierden capacidad adquisitiva, mientras que se produce una gran concentración de riqueza en el segmento más alto de la población. El Informe Foessa 2013, presentado en el mes de marzo, muestra una sociedad fracturada como consecuencia del severo aumento de la desigualdad, al tiempo que pone de manifiesto el proceso creciente de empobrecimiento.

Los datos de la contabilidad nacional del cuarto trimestre de 2012 también resultan muy relevantes para conocer la evolución de las rentas familiares. En un artículo publicado en el suplemento ‘Negocios de El País’, 7-IV-2013, Ángel Laborda, basándose en estos datos, hacía un buen balance de la situación, lo que quedaba muy bien reflejado en el acertado título “Las economías familiares, exhaustas”.

De modo que, en el conjunto del año, las rentas salariales disminuyeron un 5,4% y las no salariales (rentas de propiedad y excedente de explotación de los autónomos) un 0,4%. La renta disponible disminuyó un 2,7% nominal y un 5,3% real, es decir, si le restamos el incremento de los precios. No obstante, este descenso, los gastos en consumo se mantuvieron prácticamente estables en relación con el año anterior, por lo que fue el ahorro el que disminuyó en un 28%. La tasa de ahorro (porcentaje sobre la renta disponible) se situó en un mínimo histórico del 8,1%, muy por debajo de la media de la zona euro de la Unión Europea.

Ante este panorama no resulta difícil augurar un futuro bastante negro para la economía española, más allá de posibles leves recuperaciones, subidas en la bolsa, bajadas de la prima de riesgo, o disminución de la tendencia de la destrucción de empleo. Estos son los datos reales en los que el número de desempleados sigue aumentando, las condiciones de trabajo empeoran, y la renta disponible desciende para un sector mayoritario de la población. El consumo en los años de crisis ha tendido al descenso y si las variaciones que sufre con el año anterior se mantienen esto es a costa del ahorro, por lo que si bien se consigue que no se desplome aún más la demanda efectiva, supone, por otra parte, una falta de recursos para posibles inversiones futuras.

Un círculo vicioso, en definitiva, que el Gobierno y las autoridades económicas europeas se muestran incapaces de romper. Al contrario, la ortodoxia económica que preside sus actuaciones, y que ponen en práctica con las políticas de austeridad, lo que hace es agravar más las cosas de lo que debieran. A su vez, la pasividad de la que hace gala el Gobierno español, ante la gravedad de los hechos, resulta realmente pavorosa y da la impresión de que se han sentado a esperar a que aparezca un hada milagrosa que con su varita mágica consiga por arte de birlibirloque que la economía comience a recuperase. Los damnificados por la crisis, y como consecuencia de las medidas tomadas tan inadecuadas, son demasiados para que se pueda suponer que se arreglen los desperfectos causados en poco tiempo.

Al tiempo que estas cosas suceden, Nicolás Sartorius en un excelente artículo “Vuestro paraíso es su infierno” (El País, 6-IV-2013) daba cuenta del estudio que ha realizado la Tax Justice Network en el que se afirma que la cifra de riqueza financiera privada que se oculta al fisco en más de 80 “jurisdicciones secretas” alcanza, como mínimo, entre 21 y 32 billones de dólares, es decir, más o menos el doble del PIB de Estados Unidos. De esta ingente cantidad, la mitad la manejan los 50 Bancos privados más importantes del mundo y, el resto, Bancos más pequeños, compañías de seguros, sociedades de inversión, ‘hedge funds’, etcétera. Dinero, en unos casos de origen legal y, en otros, producto de los más variados tráficos ilícitos. En todo caso, el dinero de procedencia legal también es delictivo al huir del pago de impuestos y ser, por tanto, un caso de evasión fiscal y fraude.

En el caso de España, aunque no existen datos exactos, se puede suponer fácilmente que se da en grandes proporciones a la vista de casos concretos que han aparecido con cuentas en paraísos fiscales y, sobre todo, si se tiene en cuenta que el 80% de las empresas del Ibex 35 tienen filiales en dichos “edenes”. Lo que sí se sabe es que el fraude fiscal en nuestro país se sitúa entre el 20% y el 25% del PIB, es decir, entre 200.000 y 250.000 millones de euros sobre un PIB de 1 billón. Datos que resultan realmente escandalosos y que servirían para cubrir el déficit e incluso obtener superávit.

Todo esto es el resultado del modelo actual en el que la globalización financiera se ha impuesto, lo que no solo genera grandes desigualdades, actos delictivos permitidos y tolerados, sino en donde los señores de las finanzas se han convertido en los verdaderos amos. La economía mundial se encuentra gobernada por estos grandes poderes y los gobiernos son unos ejecutores de las políticas emanadas de ahí. Así, mientras en la UE se exprime a los pueblos de Grecia, Portugal, Chipre, Italia y España, entre otros, no se hace nada para combatir este escándalo y se consiente que países pertenecientes a la UE sean paraísos fiscales o pertenezcan a determinados países.

(Sistema Digital)