El discurso de los expertos – 100, 300 economistas – se reduce a un cambio de reglas que anulen progresivamente los valores de solidaridad y de democracia social.
La “estación de las reformas” lleva demasiado tiempo transcurrido. Hemos sufrido la reforma del gasto público y de las privatizaciones de los servicios públicos más lucrativos, el ataque a la fuerza vinculante de los convenios de los empleados públicos, la involución de las garantías de empleo y el incremento del poder unilateral del empleador en la reforma del mercado de trabajo, la reforma del sistema financiero que entrega a la banca y al capital financiero externo el conjunto de entidades que recogían el ahorro de los pequeños impositores en las cajas de ahorros, hemos llegado a un punto de equilibrio en materia de pensiones entre el recorte de derechos y el mantenimiento de un nivel suficiente de prestaciones para la generalidad de los trabajadores y trabajadoras de este país, y todo ello tras un panorama de manifestaciones, una huelga general, y la proximidad de unas elecciones autonómicas y municipales que sellen el cambio de dirección política y consoliden el giro de la política económica y social.
En todo ese tiempo, las pautas de conducta de los orientadores de opinión han sido idénticas. Un grupo de expertos han marcado siempre las líneas a las que se debían plegar las acciones del gobierno, criticando de antemano cualquier desviación o pacto que no siguiese la única vía posible de recuperación económica, esto es, la señalada por los expertos. Es conocido que la capacidad de convicción de estos sabios es extremadamente intensa en los círculos del Ministerio de Economía y del Banco de España, al punto que a veces se puede pensar que nos hallamos ante supuestos de doble personalidad.
Muchos confiábamos en que al haberse obtenido en febrero un principio de acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva entre CEOE y el sindicalismo confederal, alejando por consiguiente la siempre amenazadora sombra de una intervención del gobierno que sustituyera la falta de acuerdo - pese a la fecha final, colocada en la Ley 35/2010, de mediados de marzo – los consejeros influyentes no comparecerían de nuevo, dejando por tanto a los interlocutores sociales la libre y autónoma regulación de los procesos de negociación colectiva.
No ha sido así. Sea porque hayan tenido noticias de una orientación determinada del proceso de negociación, sea porque se han tomado muy en serio su rol de influencia, en el periódico El Pais del viernes 4 de marzo aparece el anuncio de la reaparición de los 100 economistas de FEDEA, que se materializará el martes próximo en torno a los conocidos ejes de actuación: acabar con las cláusulas de garantía de los salarios en función de la evolución del IPC, “poner coto” a la prórroga automática de los convenios colectivos tras la expiración de su vigencia, establecer un arbitraje obligatorio en los casos de dificultad de lograr un nuevo convenio, eliminar los convenios provinciales de sector y “centrarse” en los convenios de empresa. A ello añaden un nuevo órgano tripartito de consulta sobre costes laborales que proponga medidas para reducirlos.
Esta reaparición de los 100 economistas deja una sensación de déja vu, una reiteración de una noticia que se plagia a si misma. Posiblemente para romper esa impresión de repetición monótona de quienes son definidos como “reformistas liberales influyentes”, ha surgido otro grupo de economistas, por supuesto, que se hacen llamar Asociación Libre de Economistas, y dice agrupar a 300 profesionales. Es difícil reconocer diferencias ideológicas entre los 100 y los 300 economistas - aunque debe haberlas quizá los 100 más cerca del PSOE y los 300 mas cerca del PP, o quizá se deba a una diferente filiación académica - porque el discurso es idéntico. Un signo de los nuevos tiempos, quizá.
Los 300 de ALE parecen inspirarse en la inamovilidad de los textos sagrados, porque han elaborado un decálogo. En esos diez mandamientos, escritos posiblemente en las alturas del Mont Pélerin al dictado de ese ente omnipresente y todopoderoso que conocemos como “los mercados”, se propone también desligar la indexación de los salarios con los precios, porque garantizar la renta real de los trabajadores no siempre es compatible con la eficiencia económica, se señala lo negativo de la prórroga automática de los convenios en materia de creación de empleo, y, en fin, se exige la potenciación de la negociación de empresa y que se incentive una rebaja en la duración de los convenios.
Para los no iniciados, por tanto, y a la espera de la manifestación pública de ambas revelaciones, la de los 100 y la de los 300 economistas caminan en el mismo sentido. Desprecian la capacidad autónoma de los sujetos sociales que han ido creando, mediante una extensa práctica muy desarrollada, unos modelos de conducta y unas formas de regulación del poder normativo sobre las condiciones de trabajo y empleo. Interfieren de forma grosera en un proceso de negociación autónomo en la idea de obstaculizar y en la medida de lo posible hacer fracasar esta iniciativa para que el poder público imponga de forma unilateral y autoritaria una reforma del sistema legal de negociación colectiva que asuma estas indicaciones.
Ninguna referencia a lo que implica el sistema de tutela de derechos a través de la negociación colectiva. Ninguna referencia a la moderación salarial pactada entre los agentes sociales. Ninguna referencia a la caída real del poder adquisitivo de los salarios en relación con el desenfrenado aumento de los beneficios empresariales. Ninguna referencia a las consecuencias desestructuradoras del sistema sindical mediante la “empresarialización” de las decisiones colectivas y su fragmentación en términos de gobierno de las relaciones laborales
Ninguna referencia a la extensión de tratamientos desiguales y previsiblemente discriminatorios a los que este sistema conduce. Frente a este discurso de los 100 o de los 300 sabios economistas, la perspectiva con que los sindicatos explican el proceso de reforma de la negociación da la impresión de tratarse de una realidad completamente diferente. Ese mismo día, el el diario Público, Toni Ferrer y Ramón Górriz hablaban de problemas de cobertura de la negociación colectiva y de adaptación de las reglas de legitimación a las nuevas estructuras organizativas empresariales, de participación y transparencia en las decisiones empresariales y en el reforzamiento del sindicato en la pequeña y mediana empresa. Otra cosa completamente diferente.
El discurso de los expertos – 100, 300 economistas – se reduce a uno y no admite apertura a visiones complementarias, integradoras. Es un discurso autoritario y prescriptivo, como el decálogo en el que la Asociación Libre de Economistas dice basar sus exigencias. A estas alturas del proceso de reformas, sin embargo, no produce indignación, sino cansancio. Hartazgo ante esa machacona insistencia en la desigualdad y en la reducción de derechos laborales, en el recorte de salarios y en el fortalecimiento del dominio y la subordinación de los hombres y mujeres que trabajan en este país que se deduce de estos consejos que se autodenominan expertos.
Cansancio de escuchar salmodias que desde el conocimiento que se presenta como científico imponen políticas de desigualdad y de desestructuración social y que exigen un cambio de reglas que anulen progresivamente los valores de solidaridad y de democracia social. Fatiga ante la continua asociación de las reformas con la libertad del mercado y la libertad de empresa leídas de forma “experta” como negación de la libertad y dignidad de las personas que trabajan. Hastío de la prepotencia de quienes piensan que los sindicatos y las asociaciones empresariales no saben gestionar correctamente, ni siquiera en tiempos de crisis empresarial y de debilidad sindical, las reglas decisivas del instrumento central en la regulación de las condiciones de trabajo y empleo.
Más allá de los 100 y de los 300, hay otros economistas, lo sabemos. Pero se les escucha con dificultad, sus palabras no cruzan el espacio mediático que condiciona la opinión pública. Se interrogan críticamente con los sujetos que actúan en las relaciones sociales. El lenguaje de los derechos no les es desconocido u hostil. Confrontemos su discurso, abierto, con el cerrado en si mismo de los expertos oficiales del comando económico. Ayudaría a enriquecer la opinión pública y a entender los procesos sociales como un momento de debate y de participación democrática. Sigamos atentos.