Cambios y continuidades en el panorama politico y social español

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Los cambios no nos deben distraer de las continuidades que se aprecian. Desde el punto de vista de la coalición que funda el acuerdo de gobierno, la remodelación ministerial no ha alterado el equilibrio general establecido en el acuerdo de coalición progresista de finales de diciembre de 2019 (17 a 5 ministerios y 1 vicepresidencia) ni tampoco ha supuesto cambio en las competencias y materias asignadas. En lo que respecta a UP, la mayor alteración se sufrió con el abandono de Pablo Iglesias de la vicepresidencia del gobierno para acudir como candidato a las elecciones autonómicas de Madrid en mayo de este año. Ahora Yolanda Díaz asume la Vicepresidencia Segunda tras la remodelación y el resto de ministerios y titulares siguen en sus puestos. No era desde luego el momento para mover el equipo – mucho menos con la polémica que había rodeado las declaraciones de Alberto Garzón sobre la restricción del consumo de carne roja – ni para alterar el equilibrio entre Podemos, IU, ECP y las llamadas confluencias.

El área de interior y defensa sigue en manos de dos exponentes del ala más conservadora del gobierno, como si fuera una condición implícita para poder relacionarse y comandar el aparato militar y las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando muchos de sus miembros están dando, especialmente en la policía, peligrosas señales de involución autoritaria. El área de economía también se mantiene estable y se refuerza con la promoción de Nadia Calviño a Vicepresidenta Primera, reafirmando la precedencia sobre el área de Trabajo y de derechos sociales que con tanto ahínco ésta defiende, como se pudo comprobar con el desplazamiento a Vicepresidenta tercera de Yolanda Díaz en la sustitución de Pablo Iglesias. 

La continuidad de la Ministra de Economía y ahora Vicepresidenta primera no debe ocultar los cambios importantes que se han producido en su equipo de trabajo del área económica en mayo de este año, comenzando con el relevo en la secretaría de estado de Ana de la Cueva, y prosiguiendo con su jefa de gabinete, Carmen Balsa, y otros tres altos cargos (https://www.elindependiente.com/economia/2021/05/11/cinco-altos-cargos-del-area-economica-abandonan-el-gobierno-en-menos-de-dos-meses/ [4]) Pero esa mudanza no parece alterar los ejes centrales de su pensamiento ni el sentido de sus alianzas con sectores sociales y económicos del país, demasiado anclado en la defensa de un enfoque económico deudor del modelo de gobernanza europea de la crisis que sin embargo va siendo progresivamente sustituido en las instituciones financieras europeas y globales, como el BCE y el FMI, así como en la nomenclatura decisiva de la alta burocracia europea, alguno de cuyos miembros ocupan ahora posiciones de gobierno de estados miembros, como Mario Draghi, y plantean políticas expansivas muy contrarias al paradigma neoliberal defendido de manera impetuosa frente a las propuestas de regulación que defiende el área de Trabajo.

El cambio de gobierno ha sido recibido por la oposición muy negativamente. La oposición de derechas insiste en afirmar que el problema es el presidente del gobierno, olvidando que éste lo es por haber obtenido la mayoría parlamentaria necesaria para su investidura tras las elecciones de noviembre del 2019. Los adjetivos que se utilizan para articular la crítica son cada vez más hirientes. Vox habla de secuaces y de cómplices, un gobierno “de la mentira, de la ruina, de la muerte y de la división de España”, pero el PP no se queda atrás afirmando que lo que queda es “caos, despilfarro y radicalidad” en la labor del gobierno “con los comunistas de su insomnio (del Presidente Sánchez) y los secesionistas mandando”, una idea que remacha su líder lanzando variados improperios adicionales sobre el presidente del gobierno.

Ciudadanos es menos tajante aunque habla de “cambiazo” al país con un mero cambio de caras, e insiste en excluir del “constitucionalismo” a la mayoría que sostiene el gobierno constitucional. Sin embargo, la casi segura irrelevancia electoral de este partido permite al PP considerarse la fuerza en ascenso de la oposición que mantiene importantes espacios de poder autonómico y local y que controla una buena parte de la opinión a través de los medios de comunicación a partir de los cuales afianza una hegemonía cultural evidente, cuya importancia estratégica se puede verificar con la inmediata intervención del gobierno de Ayuso sobre Telemadrid. El PP además encuentra apoyo seguro en una buena parte del estado profundo y su calculada insumisión constitucional respecto de la renovación del CGPJ o del Tribunal constitucional sabe que no le va a producir ningún coste político superior al beneficio evidente que le genera.

Esta potencia ideológica, económica y cultural del PP, que sin embargo se traduce en impotencia para obtener el gobierno de la nación cuando se han de repartir tantos millones de euros en el contexto del llamado plan de recuperación y resiliencia que previsiblemente redunde en un repunte del crecimiento y una mejora del nivel de vida general en los próximos dos años, le provoca esta desazón que se expresa en la tosquedad de su discurso y que está forzando una estrategia de deslegitimación de actores políticos connaturales a una democracia madura- la izquierda del PSOE,  en especial UP, ya identificada exclusivamente como “los comunistas”, y los partidos nacionalistas e independentistas – pero también sociales, y en donde la amenaza a sectores económicos tradicionalmente afines – las finanzas, el empresariado y la Iglesia Católica - está cobrando cada vez más peso. Aunque el que ha expresado mejor esta idea es el ex presidente Aznar con respecto al apoyo a los indultos – “Son días para apuntar, para tener en la cabeza y no olvidar” – es evidente que las amenazas directas del PP a la CEOE y a su presidente Antonio Garamendi  – que felizmente pudo recibir el merecido apoyo unánime de su organización – han influido decisivamente en el cambio de actitud hacia el diálogo social que en los últimos días ha mantenido la patronal.

Hay que tener en cuenta que a finales de junio, por vez primera, el líder del PP cuestionó seriamente la validez de los acuerdos del diálogo social que sin duda constituyen uno de los activos más importantes de la labor del Gobierno de coalición. Con desparpajo y rabia, Casado no acepta el acuerdo entre los interlocutores sociales como un método de gobierno, ni siquiera la idea del acuerdo. “Oiga, que esto lo he hablado con los sindicatos y con la patronal” – mantiene que le indica el Gobierno -  “¿Y a mí qué me importa? ¿Qué español ha votado a los sindicatos y a patronal? Como si me viene del círculo de tenis. Oiga, este es un Parlamento de una nación cinco veces centenaria (…) Quienes tiene que decidir, “son los españoles a través de sus diputados y senadores”, porque de lo contrario se produce un “vaciamiento del parlamentarismo”. Y, siempre en la opinión desenfadada del líder del PP, “¡Pero bueno, oiga, esto qué es! Es que voy a acabar negociando una ley con el padre Ángel. O con un deportista. O con un chef. Esto es una democracia. Aquí se vota y aquí se tiene una representación en el Parlamento”.

La tosquedad del mensaje, que lleva consigo la ignorancia plena de la trascendencia institucional de sindicatos y asociaciones empresariales que se reconocen en el art. 7 de la Constitución para la defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios, al lado de la democracia pluralista de partidos en el art. 6 de la misma, significa ante todo una advertencia: la primacía de la decisión política que tiene que adoptar el partido respecto de la orientación de las reformas que se puedan estar llevando a cabo sobre cualquier pretensión autónoma de las organizaciones económicas tradicionalmente alineadas con la derecha. Es por tanto una llamada al orden, una advertencia seria a la CEOE-CEPYME para que haga suya la postura de enfrentamiento total al gobierno de coalición y abandone ese pragmatismo inteligente que le ha permitido participar y de alguna manera administrar no solo las consecuencias de la crisis, sino el proceso de construcción de nuevos derechos que se ha ido decantando en este año y medio tan complicado.

Esto explica el cambio de paso que la CEOE ha introducido a la dinámica del diálogo social tras analizar el documento del gobierno sobre la reforma que aparece en la ya famosa Componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia que le compromete a culminar las medidas allí esbozadas antes de que termine el año 2021. Solo una semana después de la severa advertencia del PP, la asociación empresarial denuncia una “aproximación marxista al mercado de trabajo” (sic) del documento del gobierno, entiende que se trata de un texto “intervencionista y regresivo” y que, a su juicio, puede provocar una “destrucción de empleo inesperada”. Y una semana después, CEOE-CEPYME da un paso más y exige públicamente al Gobierno que retire su propuesta sobre los contratos temporales y presente una nueva. Es evidente que la cultura de la temporalidad está muy arraigada entre empresarios y gestores, con especial inserción en algunos sectores fundamentales del crecimiento económico asistido, como el de la construcción y obras públicas, lo que explica las fuertes reticencias a frenar la precariedad laboral, pero además la CEOE entiende que de esta manera fortalece su posición defensiva no ya como hasta ahora negociando a la baja las propuestas de reforma con la ayuda fundamental del área económica del gobierno, sino imponiendo una desautorización en regla al documento del Ministerio de Trabajo, lo que le permite una mayor sintonía formal con las orientaciones del PP y utilizar esa “firmeza” como la manera de alterar la dinámica del proceso de diálogo social.

Es sin embargo un cambio de estrategia que ha sido lógicamente criticado por los sindicatos, que en un comunicado conjunto de CCOO y UGT han denunciado este intento de bloqueo de la negociación afirmando que “discutir a estas alturas que tenemos una temporalidad desmedida, y que esa temporalidad no solo provoca precariedad, sino que es ineficaz desde un punto de vista de mejora de la productividad de las empresas y la cualificación del trabajo, es estar en contra no de los sindicatos o del Gobierno, sino de la Comisión Europea y de las recomendaciones para España del semestre europeo”. Es ineludible revertir la reforma del 2012, impuesta unilateralmente, que generó enormes desigualdades y un desequilibrio profundo de las relaciones de poder, lo que lleva a CCOOO y a UGT a afirmar que “si CEOE y CEPYME van a continuar por la vía del bloqueo en la negociación, el Gobierno va a tener que avanzar en el terreno legislativo para ser coherente con su programa, con las necesidades de nuestro país y con los contenidos del componente europeo que hemos comprometido y que se concreta en reformas e inversiones”.

Es de suponer que la patronal conoce los costes de esa nueva posición de fuerza que le lleva a desautorizar la negociación emprendida por el Ministerio de Trabajo, y a exigir un nuevo contenido de la propuesta de diálogo, posiblemente segura que en ese pulso con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos la victoria final les pertenece, con la ayuda siempre fiable del área de Economía del gobierno con la que se siente en sintonía. Hasta el momento sin embargo, su posición de pragmatismo inteligente, colaborando y participando en el resultado final de lo negociado, había dado muy buenos frutos.

Pero no se sabe cuál puede ser el resultado de esta nueva posición de la CEOE-CEPYME, teniendo en cuenta la respuesta que las otras partes de la negociación pueden dar a este cambio de tercio. Será posiblemente después del verano cuando comprobemos qué hay de cambio y qué de discontinuidad en el proceso de diálogo social para la ineludible reforma legislativa de los asuntos pendientes: contratación temporal, subcontratación, negociación colectiva entre los temas más relevantes. Pero lo que parece definitivo es que el compromiso adquirido en la Componente 23 con la Unión Europea se tiene que cumplir en los plazos establecidos. Con o sin acuerdo entre los interlocutores sociales, porque como diría Casado, la soberanía al final reside en las mayorías parlamentarias que sostienen al gobierno progresista.