En España, las reformas laborales del 2010 y 2012, la reforma de las pensiones del 2011 y del 2013, se gestaron bajo la presión que imponía el rescate bancario y la deuda soberana generada por la crisis financiera, la irrupción del conglomerado entre la Comisión Europea, el BCE y el FMI - la troika – sometiendo su ayuda a la estricta condicionalidad política que imponían estas “reformas estructurales” que devaluaron fuertemente los salarios, degradaron las garantías de empleo y redujeron la capacidad de regular las condiciones de trabajo a través de un sistema articulado de negociación colectiva, debilitando al sujeto sindical e induciendo un aumento de la desigualdad social y de la precariedad laboral.
Hoy las variantes de la gobernanza económica europea respecto de la relativa recuperación económica permiten un marco de juego relativamente más amplio, pero las coordenadas básicas de la gobernanza económica sobre el déficit y la deuda siguen vigentes. Hay que recordar que en febrero de 2009, la Comisión Europea metió a España en la “lista negra” de países con déficit excesivo, en la que estuvieron 24 de los 28 países europeos, y que pese a los recortes extremos en el gasto público de Zapatero y de Rajoy, el déficit español fue un 9,6% en el 2011, un 10,5% en el 2012 ya con Rajoy, para pasar al 6% en 2014 y finalmente el 3,1% en el 2017.
El gobierno de Pedro Sánchez gracias a la mejora de la recaudación lo ha reducido al 2,48% en el 2018, y de esta manera, España ha sido, el 14 de junio del 2019, el último de los países en salir de la “lista negra” de los países con déficit excesivo. Para ello, como conocen bien quienes trabajan en el sector público, han sido precisos recortes de miles de millones de euros (34. 753 millones entre el 2012 y el 2015, en el apogeo del gobierno Rajoy) que han repercutido fundamentalmente en educación, sanidad, pensiones, gastos sociales, tecnología, carreteras e inversiones públicas, junto con un aumento de los impuestos indirectos, especialmente el IVA, 23.000 millones más de impuestos entre el 2011 y el 2015, según la Agencia Tributaria.
A ello se une la impresionante deuda pública acumulada para financiar el déficit público, que supera el 100% del PIB en marzo de 2016 (1,095 billones), y al término del gobierno Rajoy se cifra en 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB. A finales de 2018, la deuda pública se mantiene en el 97,1% del PIB, 1.173.107 millones de euros. El problema es que la ministra Calviño y el gobierno de Sánchez se han comprometido en el Programa de Estabilidad 2019-2022 con Bruselas a rebajar el déficit al 2% en 2019, al 1,1% en 2020, al 0,4% en 2021 y a dejarlo en el 0% en 2022.
Lo que implica contener drásticamente el gasto público (pasaría del 41,3% del PIB en 2018 al 41% en 2020 y 40,7% en 2020) y subir más los ingresos (del 35,1% en 2018 al 36,5% en 2020 y el 37,3% en 2022), aumentando algunos impuestos (sociedades, tasa Google, la renta de los que ganan más de 130.000 euros) y suprimiendo deducciones y desgravaciones, además de luchar contra el fraude fiscal. Las opciones neoliberales por tanto siguen orientando las políticas macroeconómicas de toda Europa, y es la receta que también en España incorpora el gobierno socialista.
Es una perspectiva muy dudosa y combatida puesto que paraliza las inversiones públicas, que son las únicas que pueden sostener el crecimiento y el empleo cuando flaquea la inversión privada. El programa frente a la crisis que mantuvo Obama se confronta claramente con las políticas de austeridad europeas. En Estados Unidos, a comienzos del 2009 se lanzó un ambicioso programa de inversiones públicas, además de intervenir directamente en sectores en crisis del automóvil e impulsar, no sin enormes dificultades internas, la reforma del sistema de salud mediante el Medicaid. Es decir, políticas expansivas en el presupuesto público y política de reformas progresistas que se oponen al núcleo central de la austeridad europea, equilibrio presupuestario y reformas estructurales.
En nuestros días, después de la recuperación económica que se aprecia a partir del 2015 fundamentalmente, diez años después de la crisis, la eurozona es el área con menor crecimiento y mayor desempleo y frente a la cual se presenta la amenaza de la recesión y del estancamiento como un dato con altas posibilidades de realización. No resulta por tanto que las políticas neoliberales estén logrando en Europa un escenario positivo, mucho menos si lo comparamos con el crecimiento en USA y en China, los dos grandes sujetos dominantes en la globalización.
Pese a ello, y por seguir con el caso español, la Comisión Europea, tras felicitar a España por su control del déficit, ha dicho que hay que seguir con el ajuste y que se debe reducir el déficit otros 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Una instrucción que ha replicado el Banco de España exigiendo nuevas y profundas reformas laborales y del sistema de pensiones, criticando las medidas laborales acordadas por el gobierno Sánchez en el contexto del acuerdo presupuestario con el Grupo Parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – en Marea de octubre de 2018.
No parece posible, por otra parte, que un país de los que compone la Unión Europea se separe de la orientación socioeconómica presente en la dirección financiera y política de la Unión. El caso de Italia lo demuestra de manera palpable. Lo que no impide que en los reproches que las autoridades de gobierno italiano hacen contra la Comisión Europea que amenaza con sanciones ante el incumplimiento de las previsiones sobre el déficit, se deje traslucir una reivindicación muy potente, la crítica a una tecnocracia que tiene la ventaja de ser estable, no sometida a control político y técnicamente competente, pero que carece de cualquier base y verificación democrática.
Este es el eje en el que se sustancia un neosoberanismo reactivo que se extiende por buena parte de los países europeos, siendo sin embargo Italia actualmente el centro político que lo organiza en torno a la figura del vicepresidente Matteo Salvini y de su partido, la Lega, que ha obtenido un respaldo muy importante en los resultados de las elecciones europeas que le han convertido con mucho en el primer partido de su país, y que ha liderado de manera incontestada un frente de 11 partidos ultraderechistas europeos, entre ellos el de Marine Le Pen en Francia, Geert Wilders de Holanda, Alternativa para Alemania y el FPO de Austria, en la concentración que celebraron en Milan en mayo de 2019, inmediatamente antes de las elecciones.
Profundamente anclados en el rechazo a la inmigración y la xenofobia – especialmente anti-islámica – con variaciones importantes en el proteccionismo de los mercados nacionales y de la protección de los trabajadores de cada país, el discurso neosoberanista sitúa en primer plano la identidad y la soberanía nacional frente a una tecnocracia que ha devastado países enteros, como en el caso emblemático de Grecia.
Es un tema sin embargo sobre el que se deberá reflexionar porque en principio la soberanía nacional no solo se ejerce en las decisiones sobre la guerra y la paz, un campo en el que por otra parte es la OTAN quien adopta las decisiones fundamentales, sino sobre las políticas que derivan de la identidad histórica que tiene cada país en el diseño de todos los sectores de la vida colectiva, incluidos los que corresponden a un sentido de pertenencia a una comunidad nacional en las materias derivadas del reconocimiento constitucional del Estado social, de las políticas industriales, de las medidas especiales para compensar las desigualdades regionales, de la asistencia a los ciudadanos en caso de necesidad.
La llamada gobernanza europea, sobre la base de la preservación de la moneda, ha establecido también un principio de soberanía del mercado unificado que se interpreta estrictamente por parte de la Comisión como una forma de disciplinamiento interno de las políticas sociales de los países sobre endeudados. El neosoberanismo denuncia por tanto esta suerte de aniquilación de las funciones del Estado nación y reivindica políticas nacionales identitarias, reivindicando paradójicamente la vigencia de las constituciones nacionales que permiten acuerdos supranacionales pero no la alienación de la identidad de las naciones que componen los Estados miembros de la UE.
Las elecciones europeas de mayo 2019 han tenido una mayor participación que las anteriores convocatorias – se ha llegado a más del 50% de participación en general – y los resultados han sido significativos o al menos se pueden leer en relación con la experiencia vivida en los diferentes países tras las políticas derivadas de la gobernanza económica y su aceptación por la ciudadanía europea. En primer lugar, la caída de los dos grandes partidos que gobernaban en comandita la Unión, el Partido Popular y el Partido Socialista, que en su conjunto ya no suman la mayoría requerida y tienen que pactar, se supone con el Grupo Liberal, que ha experimentado un incremento de sus miembros.
La socialdemocracia se sitúa en un 20,3% de los votos y pierde 38 diputados, los democristianos y populares llegan a un 23,83% y pierden 42 diputados. Solo los liberales obtienen un 14,11 %, pasando de 68 a 106 diputados. Las conversaciones ya están en curso, y el nombramiento del presidente de la Comisión genera tensiones ante lo que supone un cambio importante en el cogobierno político entre conservadores y socialdemócratas que ha caracterizado la gestión de la crisis y las políticas de austeridad.
Es muy posible por consiguiente que el nuevo programa de gobierno cuente con el apoyo del Grupo Liberal para sostener sustancialmente las mismas orientaciones en materia macroeconómica, aunque el panorama parlamentario es ahora más fluido. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el retroceso de ambos partidos ha sido más fuerte en los cuatro grandes países de la Unión Europea, que cuentan con la mayoría absoluta de la población europea: Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia. Salvo en Alemania, donde la subida de los Verdes como segundo partido en Alemania con más de un 20% es el dato más llamativo, en el resto de países, es el ascenso de la extrema derecha y de los partidarios del Brexit quienes han capitalizado el descenso de los dos grandes partidos de centro derecha y centro izquierda.
El segundo dato de relieve es que el aumento de las posiciones neosoberanistas insolidarias agrupadas en torno a varios sectores de la extrema derecha, no ha implicado una mayoría que pueda evitar la gobernanza económica de la Unión Europea desde planteamientos proteccionistas y xenófobos, pero sin duda el incremento de su peso específico en la Eurocámara va a condicionar en una buena medida el discurso de los populares europeos y otros grupos liberales afines, muy sensibilizados ante el tema inmigración como forma de legitimación de sus políticas internas.
De todas maneras, la victoria apabullante de las posiciones más reaccionarias de los partidos gobernantes en Polonia y en Hungría, y el respaldo poderoso que en Italia ha recibido Matteo Salvini son datos muy preocupantes. En Alemania, AfD ha llegado al 11% de los votos, pero felizmente en España Vox ha obtenido el 6,2%, reduciendo con mucho el porcentaje alcanzado en las elecciones generales de abril 2019.
El tercer elemento es el retroceso de las posiciones del europeismo crítico de la izquierda agrupada en torno a Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) que ha retrocedido de los 52 escaños del 2014 a los 38 actuales, descalabro solo en parte compensado por los buenos resultados de Los Verdes, impulsados por el cambio climático, que pasan de 50 diputados a 74. La acción convergente que en materia social y de garantías democráticas llevan a cabo el Grupo de los Verdes y el de Izquierda Unida continuará seguramente, pero mientras que en el 2014 había una cierta paridad entre ambos, actualmente el grupo delos rojos ha disminuido sus efectivos y sus apoyos en Europa, pasando del 6,7% al 5,1 % frente al de Los Verdes que ha alcanzado un 9,3%. Es por tanto una mala noticia que se rebaje la influencia de la izquierda “rojiverde” en el Parlamento cuando hay un programa de desarrollo del Pilar Social en ciernes.
Pero este resultado, que ha sido saludado positivamente en cuanto implica que el crecimiento de planteamientos xenófobos y reaccionarios no tiene suficiente fuerza, es también una mala noticia para el europeísmo crítico porque viene a suponer la confirmación de una política indiferenciada en sus presupuestos económicos y sociales que impide diseñar un futuro para Europa solidario y democrático.
Socialdemócratas, democristianos y liberales aparecen como la “vieja política” sostenedora de una Europa que se guía fundamentalmente por las exigencias de la financiarización de la economía y que es incapaz de construirse ni institucionalmente en el plano federal y democrático, ni socialmente en la preservación de los derechos sociales y laborales frente a las vigoréxicas libertades económicas.
Solo hay que pensar que, en el caso español el PP se inscribe en el grupo democristiano y Ciudadanos en el Liberal para comprobar lo inconveniente de esta concentración política entre el centro izquierda, centro y derecha, en la preservación de un escenario profundamente neoliberal.
Eso tiene que ver asimismo con la debilidad de los planteamientos que defienden la idea de un europeísmo crítico y democrático. El Grupo de Izquierda Europea / Izquierda Unida Nórdica y el Grupo de Los Verdes son posiblemente quienes encarnan todos los matices de esta posible Unión Europea. Es muy interesante comprobar que solo han conseguido representación en el parlamento europeo en la mitad de los países que lo componen (14 países de los 26 en liza, incluida Gran Bretaña pese la desconexión producida por la puesta en marcha del art. 50 del Tratado hasta que esta “retirada” no se produzca), aunque el dato no refleja la real extensión de los mismos, dado que en algunos países un grupo sustituye al otro en lo que podría representar este pensamiento crítico y democrático con Europa que sigue siendo minoritario electoralmente. En definitiva, abarca un campo más reducido que el que proporciona la socialdemocracia, presente electoralmente en 26 países, los democristianos y populares, en 24 e incluso los liberales, con representación parlamentaria en 20 países.
La Izquierda y Los Verdes agrupan formas políticas representativas en el norte, centro y sur de Europa, no en el Este. Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Rumania, Croacia y Estonia carecen de representación cualquiera de estos grupos, y la que obtienen en otros países como Hungría Polonia – los Verdes – son muy escasas. Es seguramente la herencia negativa de la derrota del socialismo real, que sin embargo no se produce en una buena parte de los países del occidente europeo, con especial incidencia en el sur.
Sin embargo, resulta especialmente llamativo el caso de Italia, ante la colocación del M5S en el Grupo de Europa de la Libertad y de la Democracia Directa y la Lega en la de Europa de las Naciones y de la Libertad, donde la izquierda no tiene por tanto representación fuera del Partido Democrático que se inscribe en el grupo socialdemócrata y ello pese a que la suma de las tres listas de izquierda que han concurrido por separado a las elecciones europeas han obtenido en su conjunto un 8,25 % que habría permitido alcanzar una representación suficiente en el Parlamento europeo.
En lo que respecta a España, los votos obtenidos por el PSOE han supuesto un amplio triunfo de la opción socialdemócrata para Europa frente a lo que ha sido la tónica seguida en otros países, y la suma de PSOE y Unidas Podemos es superior al bloque que pueden formar PP, Ciudadanos y la ultraderecha (38% frente a 42%).El PSOE ha obtenido 7,3 millones de votos (frente a 3,5 en el 2014), y UP 2,25 millones, pero en las elecciones del 2014 la suma de IU y de Podemos daba casi un millón de votos más.
n el consumo interno español, desde el que por otra parte se enfocó por la mayoría de los partidos políticos esta convocatoria electoral, se debe hacer notar que los republicanos e independentistas catalanes, en sus dos versiones, han obtenido 2,2 millones de votos, es decir, un peso en votos superior al que lograron en las europeas del 2014, de manera que su opción política interna ha salido fortalecida. Es posible que la decisión del Congreso inmediatamente antes de las elecciones de mayo, urgida por el Tribunal Supremo, de suspender a los diputados republicanos de sus funciones representativas haya favorecido de manera indirecta este incremento.
Ganar Europa para la democracia supone conseguir que en ese preciso nivel se articulen políticas de respeto y promoción de los derechos laborales y esta es la misión de las fuerzas políticas progresistas y de izquierda. Por eso las elecciones al Parlamento europeo no sólo son un trámite engorroso subordinado a la problemática nacional de cada país, como parece enfocarse por las propias formaciones políticas que a ellas concurren, sino que deben constituirse en un campo autónomo de debate político que resalte la trascendencia de una Europa democrática para todos y cada uno de los países que la componen. Y que sirva además para reconocer cuáles son las coordenadas dentro de las cuales se mueven las diferentes representaciones políticas de las naciones que las componen.
Es ineludible reconocer el necesario carácter multiescalar de cualquier iniciativa de transformación social que se quiera impulsar en aquellos países que como el nuestro se encuentran situados en la región europea. El Estado Nación sufre tensiones internas, crisis territoriales respecto de la estructura y ordenación de los poderes en el interior del mismo, pero a su vez contempla la imposibilidad de actuar muchos de sus objetivos si no es en el marco supranacional europeo, en el que por otra parte se ha operado una cesión de soberanía en aspectos importantes de los poderes estatales, especialmente en el área de la moneda y las finanzas, pero también en multitud de aspectos de la vida social que aparecen directamente determinados por la exigencia del capital financiero de satisfacer los intereses de la deuda a cualquier precio, subordinando las políticas concretas de cada Estado nacional, más allá de la conocida frase que sintetiza la ecuación de menos Estado y más Mercado y que pone en crisis la propia identidad del Estado como forma política de dominación y de legitimación.
Hay situaciones para cuya solución el Estado es demasiado grande y otras para las que es demasiado pequeño. Se requiere por tanto una estrategia de acción política multinivel, de ahí la importancia de una combinatoria entre el programa de acción en el plano nacional y el que se diseña para el plano europeo.
Este enfoque se aleja de algunos discursos que se inscriben en lo que podría denominarse un neosoberanismo crítico – para distinguirlo del neosoberanismo liberal que alimenta de manera transversal a una buena parte de los grupos de la ultraderecha emergente en Europa – que buscan la recuperación de espacios de soberanía nacional y que plantean como eje de esta discusión el cuestionamiento de la moneda única proponiendo la transición del euro a una divisa flotante.
El europeísmo crítico revaloriza ante todo la urgencia de la democratización de las instituciones europeas, lo que implica no sólo reformas institucionales de importancia, sino fundamentalmente la incorporación de la lógica de los derechos a la acción de gobierno hasta ahora fundamentalmente guiada por la lógica del interés de las grandes instituciones financieras.
El europeísmo crítico plantea por tanto una gobernanza europea que se caracterice por el respeto a los derechos humanos y la inserción de los derechos sociales como límite a las libertades económicas, dos elementos fundamentales que hoy está bien lejos de mantenerse en la tónica de las decisiones de la Comisión y del Consejo. Por eso mismo el otro gran reto que tiene que afrontar la nueva legislatura del Parlamento europeo reside en la necesidad de confrontarse con una extrema derecha crecida que defiende de manera vigorosa las libertades económicas en clave neoliberal, pero que pretende trasladar el centro de gravedad de las decisiones a los ordenamientos internos en los que ya ha ido construyendo un esquema de dominio fuertemente autoritario, como emblemáticamente sucede con Polonia o con Hungría.
Sin embargo, el mejor antídoto contra estas tendencias lo constituye el desarrollo de la dimensión social de la Unión Europea. El retorno de Europa a la regulación de las relaciones laborales y de protección social desde una perspectiva garantista y armonizadora. Se requiere desde luego el aumento del presupuesto de la UE, la creación de un sistema de armonización fiscal europeo y la proscripción de los paraísos fiscales, la delimitación de las bases centrales de un proyecto de transición energética y digital.
Pero en lo que posiblemente todos los comentaristas están de acuerdo es en que es urgente reemprender la acción regulativa europea en materia social aprovechando la perspectiva que ofrece, al menos retóricamente, la idea del Pilar Social. A su través se debería estructurar una cierta alternativa a la gobernanza de la UE sintetizada en la Fiscal discipline que, como sugiere Antonio Lo Faro, pueda redimensionar el consenso de Berlín, poniendo en marcha una nueva dinámica política y un cambio de paradigma en la línea de revertir las reformas que han impuesto el retroceso de los estándares de protección social y de regulación del trabajo sobre la base de las llamadas políticas de austeridad.
Es importante por consiguiente que se comprenda que el Pilar social contribuya a reactivar en Europa un principio ¡de solidaridad sobre el que se debe fundar la Unión Europea.
Es posible por consiguiente que se avecinen cambios en la producción de normas laborales europeas. Pero el fortalecimiento de las opciones políticas que pretenden defender la democracia y los derechos ciudadanos en Europa, articulando inteligentemente sus medidas y estrategias en el marco de un europeísmo crítico, resulta fundamental para su consecución. Esta es la posición que con inteligencia y amplitud de miras, han sostenido los sindicatos españoles más representativos. En efecto, con ocasión de las elecciones europeas, en un largo comunicado – no reproducido por cierto en los medios de comunicación de masas, CC.OO. y UGT han señalado con claridad algunas propuestas desde la reivindicación del restablecimiento de un nuevo “contrato social”. Estas propuestas son muy concretas y evidentes.
A) El Pilar Europeo de Derechos Sociales no puede agotarse en vagas declaraciones genéricas sino incluir un catálogo preciso de derechos mínimos y vinculantes para todos los Estados miembros que tenga una dotación económica suficiente. No basta con que se haya revitalizado la producción de normas europeas en política social, como la directiva sobre desplazamiento de trabajadores o la Directiva sobre transparencia en las condiciones contractuales de trabajo. Es preciso avanzar en la consecución de objetivos centrales de respeto y garantía de un mínimo de derechos que se relacionen con los reconocidos en la Carta De derechos fundamentales de la Unión europea y le den efectividad a los mismos en el ámbito europeo.
B) Incorporar un “Protocolo de progreso social en el Tratado de la UE”, que garantice que las libertades económicas y las reglas de la competencia no tengan prioridad sobre los derechos sociales fundamentales y el progreso social, y que en caso de conflicto los derechos sociales tengan prevalencia sobre los económicos. Se trata de una reivindicación esencial que el movimiento sindical europeo lleva reivindicando desde la restricción de derechos de acción colectiva frente a las libertades económicas de establecimiento y de prestación de servicios que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de justicia en el llamado “Cuarteto Laval”, y sobre el que ya hay propuestas técnicamente muy avanzadas. Antonio García Muñoz en un artículo en el número 86 de la Revista de Derecho Social concreta de manera clara esta propuesta y explica su significado, cuestiones ambas que permanecen ocultas al debate general y a la opinión pública.
C) Creación de un “Semestre económico y social” - en paralelo al semestre europeo de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias de los miembros de la UE como regla proveniente de la gobernanza europea tras la crisis- donde se establezcan al mismo nivel obligaciones de carácter presupuestario y económico y de carácter social; con indicadores de cumplimiento y sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia social, tal y como ya existen para la inobservancia de las obligaciones económicas.
A estas tres reivindicaciones muy concretas, los sindicatos ponen también en valor una Europa del Trabajo Decente, en consonancia con el centenario de la OIT y la vigencia universal de esta noción, que se tiene que incorporar a las reglas y prácticas de la Unión Europea. Esta mirada sobre la Europa social lleva consigo también tres objetivos muy claros.
- Debe garantizarse una negociación colectiva fuerte y eficiente, lo que pasa por una Legislación de la UE y nacional que refuerce la capacidad de los interlocutores sociales para fortalecer la negociación y la aplicación de los convenios colectivos y ampliar su cobertura entre las y los trabajadores. Los sindicatos deben poder ejercer libremente sus actividades como actores sociopolíticos. No puede limitarse el derecho a la huelga, ni a la defensa colectiva de los derechos laborales, ni coartar la acción de los sindicatos.
- Debe garantizarse un salario mínimo en la UE que establezca un nivel de ingresos digno para todos y todas las trabajadoras, y además evite el dumping social y la discriminación salarial y de condiciones de trabajo entre la ciudadanía de la Unión Europea.
- Debe asegurarse la protección social, incluida la protección por desempleo, a toda la ciudadanía de la Unión Europea. No se trata por tanto solo de consolidar y perfeccionar el principio básico de la seguridad social europea previstos en los Reglamentos comunitarios sobre la base de favorecer la libre circulación de trabajadores dentro de la UE, sino de saltar a una concepción más plena de la protección social que impulse la lucha contra la pobreza y la exclusión social y que en concreto también debe llevar aparejada la creación de una prestación europea de protección del desempleo.
La defensa de este programa es una condición necesaria para poder edificar la Europa democrática, igualitaria, feminista y sostenible que constituye el eje de las fuerzas del cambio y del progreso. Situar en el primer plano del debate estas reivindicaciones permitirá que la problemática europea se enlace fácilmente con las necesidades de una existencia social cotidiana que solo adquieren sentido en una perspectiva multiescalar, desde el ámbito de lo local al supranacional, pasando por lo regional y nacional-estatal.