El gobierno de Mariano Rajoy no puede seguir ni un momento más con un apoyo parlamentario suficiente.
Todos sabíamos que el 1-0 era una fecha decisiva que iba a atraer la atención de todo el público no sólo en España, sino en una buena parte de Europa. De hecho ha borrado cualquier otra noticia concurrente. Lo que más llama la atención hasta el momento es la capacidad inmensa de la movilización de la ciudadanía – un término más apropiado que el del pueblo, a pasear de que se insista en esa noción como un referente vacío – en la defensa de su capacidad de decisión. Una amplia mayoría de catalanas y catalanes ha ocupado espacios públicos, escuelas e institutos, plazas, para reivindicar esa potencia constituyente. Este es el hecho que habría que resaltar por encima de los argumentos previos sobre los acontecimientos que están acompañando este proceso de confrontación a propósito del autogobierno de Catalunya.
Sin embargo, las imágenes más repetidas serán las que reflejan el enfrentamiento de los cuerpos de seguridad del Estado contra los ciudadanos que pretenden votar. 38 heridos a la una de la tarde (465 a las seis de la tarde), según los datos de El País, dos de ellos graves por el uso de pelotas de goma (cuyo uso fue prohibido por el Parlamento Catalán) y 313 colegios cerrados, un 13% de los disponibles, según la Sexta. Estas imágenes, y el discurso que las mantiene, sugieren dos reflexiones.
La primera hace referencia a la actuación permisiva de la policía autonómica respecto de la constitución de las mesas electorales que la Fiscalía y el poder judicial han declarado contrarias a la ley. La policía no desobedece sino en situaciones límite, pero para el coronel Perez de los Cobos el encargado del Gobierno para coordinar la acción policial, la policía autonómica “ha traicionado la confianza” que pusieron en ellos el poder judicial y el gobierno, lo que implica que no tiene el control de la misma y por tanto ha confesado su fracaso como instaurador de la acción policial impeditiva del referéndum. Toda una señal de las consecuencias del enfoque represivo como dinamizador de una crisis de Estado.
No digamos nada si el Fiscal del Estado cumple su promesa de iniciar una persecución penal contra los Mossos, porque demostraría la impotencia del mecanismo de articulación del control represivo de que dispone el Estado español, que sin embargo en el atentado terrorista de agoto en Barcelona había sido celebrado con razón. Este hecho es tan evidente que las fuerzas políticas que dirigen el proceso represivo han dado marcha atrás, insistiendo en la unidad de las fuerzas policiales en un mando único. El propio ministro Zoido ha templado gaitas incluyendo a la policía autonómica en el conjunto de las fuerzas del estado, sin insistir en la “traición a la confianza” que sin embargo se anunció a comienzos del día, aunque otros protagonistas del campo político, como Margallo haya insistido en la “traición” de este cuerpo de seguridad autonómico.
La intervención de los cuerpos de seguridad del Estado arrancando urnas y papeletas, rompiendo cristales para entrar en los colegios electorales, enfrentados a cientos de ciudadanos, es la confesión de un descalabro político, el de las indicaciones del gobierno para prohibir que la gente participe. Las filas de votantes, que permanecen impertérritos durante horas y horas, no pueden entender la intervención policial para impedirles ejercer lo que entienden unánimemente es un derecho democrático. Desde otro punto de vista, es la muestra de una vitalidad democrática y ciudadana extensa, a la que ni la acción policial y el miedo que esta puede inducir, no impide su realización.
La movilización está siendo formidable. Eso es indudable. Y los que priorizamos el análisis de este tipo de procesos sociales, no podemos sino valorar este hecho notorio que ha puesto en marcha a tantas personas, de edades, clases e ideologías diversas en defensa del derecho a participar en la determinación de su futuro como ciudadanos y ciudadanas.
No podemos hoy atender a quienes piensan que se trata de un Brexit insolidario, que impugna el elemento central distributivo del Estado Social. Las amenazas contra los no independentistas, las acusaciones de traición contra los Comunes y las personalidades que mantenían que el referéndum carecía de garantías, los insultos en las redes, Coscubiela y Serrat, todo se ha borrado este primero de octubre ante miles de ciudadanos que exigen votar como un derecho y que demuestran su voluntad de poder a partir de una resistencia activa pacífica, masiva. Un proceso lleno de irregularidades, sin atender el respeto de las minorías, una imposición del resultado sin ninguna posibilidad de verificación objetiva, son hechos asumidos que sin embargo pierden inmediatez ante la gigantesca incorporación ciudadana.
El argumento que machaconamente repite el gobierno es que el referéndum no se está produciendo porque es ilegal y porque no es posible. Que en un campo está la legalidad y en otro la sedición. Sin embargo, todos sabemos que la relación entre el campo de la realidad social y su regulación jurídica es complicada. En muchas ocasiones, lo legal se convierte en ilegítimo, es decir, que para una gran parte de la ciudadanía la norma prohibitiva de la celebración de referéndum carece de validez y ahora también de eficacia. Y viceversa, a partir de este día, el espesor político de las actuaciones ilegales es mucho más grande.
La formidable movilización debe abrir un espacio de negociación para encauzar esta crisis aguda de legitimación del Estado y del orden constitucional que permita encontrar un marco que abandone la unilateralidad del independentismo y del gobierno catalán y que redefina de una manera consensuada y ciudadana el encaje territorial de Catalunya con el estado español, lo que tiene que llegar a diseñar una nueva estructuración territorial en la Constitución. Pero al margen de las posiciones políticas que se deben confrontar en este proceso, lo que ha sucedido en el 1-0 debe servir fundamentalmente para una cuestión prioritaria, la de revertir sobre el gobierno las consecuencias de este momento.
El inmenso error que ha cometido el gobierno del PP lo tienen que aprovechar las fuerzas democráticas. El gobierno de Mariano Rajoy no puede seguir ni un momento más con un apoyo parlamentario suficiente. Urge que los partidos políticos presentes en el Congreso de Diputados acuerden una moción de censura que desaloje al personaje y al partido que le sostiene de la dirección del gobierno y los sustituyan por una nueva gobernación del Estado que aborde este proceso de redefinición del Estado español.