La resolución de la crisis es incierta. Puede comenzar a superarse o por el contrario agravarse, pero lo que resulta evidente es que en todo caso los niveles de desempleo en el llamado mundo desarrollado estarán muy por encima de los que hemos conocido en los años anteriores al desencadenamiento de la crisis.

No hay una receta unánime para trascender esta situación, la más grave en décadas de alteraciones cíclicas de la economía, ya totalmente globalizada. En la reunión del G-20 celebrada en Toronto en junio del 2010, se manifestaron dos estrategias bien diferentes, las que enfrentaban a Estados Unidos y a Europa. Para la administración Obama es esencial en esta fase una política de gasto público dirigida a reforzar la actividad económica y combatir el desempleo. La Unión Europea por el contrario se inclina por una política fiscal restrictiva que consiga un recorte del déficit y haga volver a las economías europeas a los parámetros de Maastricht. La diferencia entre ambos planteamientos es radical y reproduce orientaciones muy concretas de pensamientos económicos opuestos. Sin embargo, políticamente el problema es otro.

Mientras que en Estados Unidos se libra una batalla entre demócratas y republicanos sobre los estímulos a la economía financiados con el presupuesto público, en la Unión Europea este debate no se da entre los gobiernos de los distintos países miembros ni entre ellos y la Comisión, puesto que todos convergen en restringir el déficit como objetivo primordial, posponiendo el crecimiento y el empleo. Y junto a este objetivo, se desliza otro no menos importante, que progresivamente va afirmándose como mucho más decisivo. Se trata de proceder a “reformas estructurales” que, a través de diversas combinaciones, se sintetizan en tres vectores: liberalización y flexibilización a ultranza del mercado de trabajo, reducción del gasto social, en especial el derivado de las pensiones de jubilación, y progresivo vaciamiento de la negociación colectiva como forma típica de regulación de las relaciones laborales.

Esta unanimidad en la política económica a seguir como antesala de las reformas abiertamente antisociales se percibe en toda Europa con independencia de la orientación política de los gobiernos nacionales, conservadores o progresistas, aunque no se extiende a toda la coloración política de la izquierda: en Francia y en Alemania, los partidos socialistas en la oposición critican la política de los cirujanos del déficit y el uso antisocial de las medidas adoptadas en el contexto de la crisis económica. La escasa izquierda alternativa defiende posiciones de resistencia y de oposición a estos planes.

Tal orientación económica, social y política es sin embargo fuertemente rechazada de forma unánime por los sindicatos europeos. En principio, a través de la acción de los sindicatos nacionales, como en el dramático caso de Grecia, pero también en Italia más allá de la inconcebible división sindical ante el gobierno de Berlusconi, en Francia mediante la continua movilización frente a Sarkozy, en Inglaterra mediante la neta oposición de la TUC al gobierno de James Cameron, en Alemania con la movilización en el sector público frente a los recortes del gasto social de Merkel, y en España, a través de la convocatoria por CCOO y UGT de una huelga general frente a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Zapatero. En cada país se resalta algún elemento de esas políticas antisociales que se presentan como la consecuencia “natural” de las medidas anti-crisis.

La situación ha hecho que la Confederación Europea de Sindicatos convocara en fin una jornada de movilización para el 29 de septiembre en la que convergerán las protestas y huelgas de los distintos países europeos – desde la huelga general española hasta las huelgas de advertencia alemanas en el sector público, la manifestación nacional en Roma de la CGIL y las marchas previstas en Francia, Portugal y Grecia, como hechos más relevantes – y que se sintetizará en una gran manifestación en Bruselas para exigir un cambio de política de los poderes públicos y de las instituciones reguladoras de la economía en Europa que fomente el crecimiento económico con bienestar social sin recorte de derechos sociales y laborales, una protesta masiva como la que se realizó contra la Directiva Bolkestein y la liberalización de los servicios como antesala del dumping social, que culminó en una gran victoria del movimiento sindical europeo. En esta ocasión la CES convoca para afirmar que otra política es posible y que las medidas de salida a la crisis tal como están diseñadas deben ser rechazadas porque rompen el modelo social europeo en el que se basa la construcción política de la Unión europea. Es decir que el sindicalismo europeo se moviliza para rechazar la desregulación del mercado laboral mediante la liberalización del despido y la flexibilización de los salarios, la reducción del gasto social destinada a las pensiones, la privatización de los servicios todavía calificados como públicos y su sumisión atracción a la lógica de un mercado sin límites derivados de la acción política, todo ello en el contexto de unas “reformas estructurales” que persiguen un cambio estructural de las relaciones sociales de poder mediante la combinatoria de las citadas operaciones quirúrgicas a través de las reformas normativas en curso en los distintos ordenamientos nacionales.

En algunos supuestos, como en Italia y en España, estas reformas estructurales quieren afectar directamente a las estructuras de la negociación colectiva sobre las que se basan las conquistas, los derechos y la capacidad de intervención y de control de los trabajadores. Se trata de erosionar la negociación colectiva de sector que crea una red de solidaridad y da al sindicato una “voz” y un poder negociador que le permite dirigir los procesos de regulación de las relaciones laborales más allá de las concretas y cambiantes relaciones de fuerza en cada empresa, sustituyéndolo por su contrario, la decisión de las condiciones de trabajo y de los niveles salariales exclusivamente a nivel de empresa o de centro de trabajo. Este es un punto menos conocido pero también estratégico en el diseño del desmantelamiento de los derechos colectivos y sindicales que se persigue mediante el uso antisocial de las medidas anticrisis.

Es un signo de los tiempos que la izquierda política europea se encuentre dividida e impotente a la hora de presentar un proyecto renovado de sociedad en el que la actuación pública frente a la crisis apoye de forma decidida compatibilizar un amplio nivel de democracia social y de derechos colectivos e individuales de los trabajadores con la recuperación y el crecimiento económico dentro de los parámetros de la sostenibilidad ambiental y de la sociedad del conocimiento.

En este escenario desgraciadamente degradado, ha aumentado la responsabilidad del sindicalismo europeo como el sujeto portador de un programa de acción que sintoniza con las mayorías sociales de los pueblos de Europa y que no se limita a la resistencia frente al desmantelamiento progresivo de elementos básicos del modelo social enmascarado por las autodenominadas reformas estructurales inspiradas en el fundamentalismo de mercado. Debe resultar evidente que, en medio de la crisis más grave sufrida tras su construcción europea, no es posible atribuir sentido y eficacia a la dimensión política de la Unión sin un programa económico y social alternativo al panorama desastroso al que conducen las políticas neoconservadoras, que han ofuscado la inspiración progresista que marcó la plataforma y los programas de acción europeos en sus momentos más elevados bajo la dirección de Jacques Delors.

Los obstáculos son sin embargo numerosos y hay una apuesta fuerte por derrotar este proyecto, a cuyo favor juega la apatía política de una gran parte de la población y la incertidumbre y el miedo que genera la crisis económica sobre las existencias personales. Serán años en Europa de inevitable y creciente conflicto social con imprevisibles consecuencias sobre el marco político y electoral que conocemos.

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