La legitimidad de la Unión Europea para una buena parte de la ciudadanía de sus estados miembros se basa fundamentalmente en la posibilidad de aunar progreso económico y bienestar social. La fórmula que se conoce como “modelo social europeo” ha sido el elemento aglutinador más fuerte de las mayorías populares en torno a la idea de una Europa Unida.

La legitimidad de la Unión Europea para una buena parte de la ciudadanía de sus estados miembros se basa fundamentalmente en la posibilidad de aunar progreso económico y bienestar social. La fórmula que se conoce como “modelo social europeo” ha sido el elemento aglutinador más fuerte de las mayorías populares en torno a la idea de una Europa Unida. La crisis financiera y de la deuda soberana del 2010 y su resolución profundamente desigual siguiendo las pautas ordoliberales comandadas por Alemania, generó una profunda insatisfacción  perceptible en la abstención electoral por un lado ante la homogeneidad política del centro izquierda y centro derecha ante la gobernanza económica adoptada y en el crecimiento de posiciones soberanistas y xenófobas que sin embargo se abren paso cada vez con mayor fuerza más allá de las propias fuerzas políticas de extrema derecha que las impulsan, colonizando a las derechas conservadoras de Europa, como lo atestigua la actuación del presidente del PP europeo, Manfred Weber.

La adopción del llamado Pilar Social Europeo, desarrollado especialmente con ocasión del giro que se producen en las políticas europeas tras la irrupción del Covid y la suspensión de las reglas fiscales de la gobernanza, tuvo una buena acogida popular y junto al plan de recuperación y resiliencia plasmado en los programas Next Generation, permitía augurar un cambio en las políticas de la UE que se decantaran prudentemente por la promoción de reformas laborales y sociales que hicieran posible la transición digital en el contexto de la sostenibilidad ambiental y social requerida.

La situación sin embargo se ha deteriorado profundamente a partir de la evolución geopolítica del mundo, con la guerra en Ucrania primero, y más recientemente, con la masacre colectiva perpetrada por el estado de Israel en los territorios palestinos. A lo que se ha unido la necesidad de revisar las reglas fiscales de la gobernanza, una vez sobrepasado el plazo dado para la suspensión de las mismas, y la cercanía de las elecciones europeas de junio de 2024, unido a procesos electorales nacionales en los que las encuestas pronostican un aumento de consensos en torno a partidos de extrema derecha, ya gobernantes en varios países, entre ellos en Italia, fundador de la CEE.

Este nuevo giro hacia posiciones conservadoras, producto de un áspero conflicto entre posiciones políticas enfrentadas, se ha puesto de manifiesto con ocasión del final de la presidencia española. Ésta y el parlamento habían llegado a un acuerdo sobre la propuesta de Directiva sobre las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas, una norma en la que España tenía especial interés  y que respondía bastante fielmente a la Ley 12/2021 producto del diálogo social, en la que se declaraba la laboralidad de los trabajadores de reparto al servicio de las plataformas digitales y se regulaba el derecho de información de los representantes de los trabajadores en la empresa sobre la gestión algorítmica de las relaciones de trabajo.

El acuerdo establecía que se presumirá jurídicamente que los trabajadores son empleados de una plataforma digital (frente a los trabajadores por cuenta propia) si su relación con la plataforma cumple al menos dos de los cinco indicadores establecidos en la Directiva, que corresponden a los límites máximos de la cantidad de dinero que pueden recibir los trabajadores; la supervisión de la ejecución de su trabajo, también por medios electrónicos; el control de la distribución o la asignación de tareas; el control de las condiciones de trabajo y restricciones en la elección del horario de trabajo; y las restricciones a su libertad para organizar su trabajo y normas sobre su apariencia o conducta. Además, los Estados miembros podrán añadir más indicadores a esta lista en el marco del Derecho nacional. En los casos en que se aplique la presunción legal, correspondería a la plataforma digital demostrar que no existe ninguna relación laboral con arreglo a la legislación y la práctica nacionales.

Por otra parte, se incorporaba asimismo el deber de información sobre el uso de sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones, y se impide que las plataformas digitales de trabajo traten determinados tipos de datos personales mediante sistemas automatizados de supervisión o toma de decisiones. Entre estos datos se incluirían datos personales sobre el estado emocional o psicológico de los trabajadores de plataformas; los relacionados con conversaciones privadas; los que sirvieran para predecir la actividad sindical real o potencial; datos utilizados para inferir el origen racial o étnico, la situación migratoria, las opiniones políticas, las creencias religiosas o el estado de salud de los trabajadores; y datos biométricos, distintos de los utilizados para la autenticación.

Este texto sin embargo no alcanzó el quorum suficiente en la reunión del COREPER, de representantes de los estados miembros, ante la oposición ante el mismo de dos países fundadores, Francia e Italia, junto con una serie de países con gobiernos liberales y conservadores y en línea con las presiones muy fuertes que siguen manteniendo las grandes multinacionales que poseen las plataformas digitales. Este tema pasará por tanto a la presidencia belga, que es asimismo favorable a su aprobación, para intentar que salga adelante.

En ese sentido, la sumisión de las políticas de la Unión a las presiones de las grandes corporaciones y el alineamiento de los gobiernos francés (derecha conservadora) e italiano (extrema derecha) contra los intereses de este colectivo de personas privadas de sus derechos sociales más importantes, defrauda claramente las expectativas sobre la posibilidad de mantener avances sociales como indicación política europea en un momento tan delicado como el que atravesamos.

En efecto, el fracaso de la presencia europea en la escena internacional, con una posición subordinada a Estados Unidos y nula capacidad de mantener una estrategia autónoma en la solución del conflicto ucraniano, se ha puesto de manifiesto de manera dramática ante la impotencia mantenida frente a la masacre de la población palestina y los crímenes de guerra que se están cometiendo por Israel en esos territorios, unidos a alarmantes fenómenos de desplazamiento forzoso, carencia de alimentos y destrucción de infraestructuras educativas y sanitarias. La imperturbable posición de Alemania al lado del estado de Israel ha paralizado cualquier posición independiente de la Unión Europea que, ante los ojos de una gran parte de su ciudadanía, aparece como cómplice por omisión de las terribles violaciones de derechos humamos que cada día nos muestran las noticias.

Además de ello, en la misma reunión en la que se impidió la adopción de una norma garantista de derechos laborales se aprobó un pacto sobre migración y asilo más cercano a las posiciones de la extrema derecha europea que a las que señalaría el muy importante Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas. El pacto no aborda la inmigración ni el asilo sino meramente el control de fronteras desde una perspectiva de seguridad y control.

De los 9 ejes en que se articula el texto, 7 de ellos operan meramente sobre mecanismos de control en fronteras, procedimiento de identificación de las personas que llegan a fronteras exteriores de la UE, reforma -para aumentar su eficacia- de EURODAC (sistemas biométricos de identificación), facilitación de los retornos de las personas que provienen de los denominados "países seguros terceros", gestión de las denominadas "situaciones de crisis" con llegadas "masivas" de migrantes, regulación de las operaciones de rescate en alta mar, incluyendo por operadores privados y finalmente el mecanismo de la denominada "solidaridad obligatoria" que impide una política común de asilo protectora, eficaz y en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención de Ginebra de 1951: dicho mecanismo lo único que plantea es un "reparto" de personas desde los países UE que son frontera exterior a otros países UE o bien el pago de una "cuota" de 20.000 por persona no aceptada en su territorio en virtud de esta "reubicación a la carta".

Como han señalado los sindicatos y una larga serie de ONGs, el acuerdo no prevé canales efectivos, seguros y legales de gestión de la migración laboral con destino a la UE, mediante por ejemplo procesos de análisis de los mercados de trabajo en la UE y determinación -en su caso- de necesidades de incorporar mano de obra extranjera, habilitación de un sistema común y eficaz de visado laborales para ello, etc. Y se sigue sin configurar el denominado Sistema Común Europeo de Asilo que debería garantizar la inmediata protección en la UE de personas que buscan protección internacional, habilitando un sistema efectivo de solidaridad entre los países de la UE dentro de unas fronteras exteriores comunes que supere el denominado "sistema de Dublín" totalmente obsoleto y que sobrecarga funcional e institucionalmente a los países que son frontera exterior de la UE respecto a la recepción y tramitación de las solicitudes de protección.

En definitiva, y como recuerda CCOO, resulta extremadamente decepcionante que “siendo la inmigración uno de los campos de batalla ideológicos de la extrema derecha por toda la UE y muy probablemente objeto demagógico de debate durante la próxima campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo, se hayan rendido determinados principios y valores de respeto a los Derechos Humanos, la dignidad humana y la protección internacional para satisfacer las posiciones de determinados estados que no reconocen las migraciones como parte de una realidad social, económica y cultural absolutamente normal en las sociedades contemporáneas”.

Finalmente, también se aprobaron las nuevas reglas fiscales en las que se condensa la llamada gobernanza económica de la Unión, a las que este blog ha hecho alusión en una entrada anterior con ocasión de una euromanifestación sindical en Bruselas y que se puede consultar aquí: https://baylos.blogspot.com/2023/12/proyectos-claros-para-europa-retorno-la.html . La Confederación Europea de Sindicatos ha hecho un comunicado muy crítico al respecto. Según éste, la propuesta del Consejo requeriría que los Estados miembros redujeran su déficit presupuestario en un 0,25 – 0,4% al año – una ligera mejora con respecto al 0,5% propuesto hasta ahora. Sin embargo, también se reduciría el déficit general máximo al 1,5% del PIB e incluiría la necesidad de reducir la deuda con respecto al PIB en un 1% anual para los países cuya deuda supera el 90% del PIB (Francia, Italia, España, Portugal, etc.). Eso significa que más países necesitarían recortar el gasto público. El texto final del acuerdo puede verse publicado aqui: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/21/economic-governance-review-council-agrees-on-reform-of-fiscal-rules/

No se sabe a ciencia cierta la flexibilidad real que tendrían los Estados miembros en los primeros tres años del período de transición, hasta 2027. Es decir, se ha pactado un “enfoque diferenciado con respecto a cada Estado miembro para tener en cuenta la heterogeneidad de las situaciones fiscales, la deuda pública y los retos económicos en toda la UE. Así pues, el nuevo marco permitirá trayectorias fiscales plurianuales específicas por país para cada Estado miembro, garantizando al mismo tiempo una supervisión multilateral eficaz y respetando el principio de igualdad de trato”, como subraya la nota informativa de la Comisión.

Los Estados miembros puedan beneficiarse de trayectorias de ajuste más largas si se comprometen a realizar reformas e inversiones en favor de la sostenibilidad y el crecimiento, y pueden solicitar una prórroga del período de ajuste fiscal hasta siete años si llevan a cabo determinadas reformas e inversiones que mejoren el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal, entre otros criterios. Las inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se tendrán en cuenta para ampliar el período citado.

Para  Esther Lynch, secretaria general de la CES, sigue siendo una propuesta fundamentalmente mala que empujaría a la economía europea aún más hacia otra recesión. “Eso significaría que los trabajadores y las trabajadoras deberán hacer sacrificios que no tendrán ningún efecto positivo en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es hora de que el Consejo sea transparente sobre qué recortes y aumentos de impuestos serían necesarios en los Estados miembros para cumplir con las nuevas reglas fiscales. Sería muy irresponsable que las instituciones de la UE completaran este proceso sin saber exactamente cuál será su impacto.

Para la CES, “la lucha contra la austeridad está lejos de terminar. Los sindicatos intensificarán ahora la campaña contra la austeridad 2.0 a medida que la reforma propuesta llegue al Parlamento y a las negociaciones finales entre las instituciones de la UE.  Europa necesita normas fiscales que antepongan el bienestar de las personas a límites arbitrarios basados en una ideología desacreditada desde la década de los ochenta del siglo pasado”.

Un panorama muy preocupante, que debería promover un interés ciudadano activo en las elecciones europeas de junio de 2024, en las que nos estamos jugando como comunidad la orientación general de la Unión. En España hay una masa crítica considerable que puede hacer oscilar hacia posiciones de progreso el número de diputados europeos que provienen de este país. Partidos políticos y sindicatos además del propio Gobierno, deben insistir en hacer comprender a los ciudadanos de la importancia específicamente europea de las elecciones de junio, que no pueden ser entendidas como quiere la derecha en clave interna, como plebiscito de apoyo al presidente del gobierno y al gobierno de coalición. En lo que respecta a este blog, insistiremos en esta cuestión.