Al final, el Presidente de la República Cavaco Silva  encomendó al socialista Antonio Costa formar gobierno sobre la base del pacto que éste había realizado con las dos fuerzas de izquierda, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierdas.

No es un secreto para nadie que se ha llegado hasta aquí a regañadientes. Ni la presidencia de la República – que ha desempeñado un papel muy desairado en estos acontecimientos – ni desde luego las instituciones financieras y, como es lógico, las autoridades europeas, querían esta solución. Pese a la clara victoria de las fuerzas de izquierda, y a ser informado por Costa de un acuerdo de gobierno en firme entre PS, PC y BI, el presidente encomendó al líder de la derecha, Passos Coelho, la formación de un gobierno que mantuviera los compromisos internacionales de Portugal frente a la deuda y siguiera adelante con la aplicación de las políticas de austeridad.

Una vez asumido, el Gobierno duró escasamente diez días, al votar toda la izquierda una moción de rechazo presentada por el PS. En el parlamento, en comparecencia por separado, los líderes del Partido Socialista, del Partido Comunista, del Partido Ecologista-Los Verdes (que se presentaba en coalición con el PCP) y el Bloque de Izquierdas, firmaron acuerdos bilaterales de apoyo a un gobierno socialista.

Pese a ello, el Presidente, sometió a consulta con agentes sociales, sindicatos y patronal, la posibilidad de un gobierno técnico por seis meses que nadie quiso, por diversos motivos ciertamente, pero ni siquiera desde las posiciones de la derecha, puesto que el parlamento tiene una mayoría activa de izquierdas que ya está comenzando a ser operativa, votando leyes sobre el aborto o la adopción por parejas homosexuales que suponían un cambio importante frente a los planteamientos del gobierno anterior y era razonable pensar que esa mayoría seguiría ejerciendo su poder, fortalecido además al realizarlo desde la oposición a un gobierno “técnico” impuesto.

Entre estos contactos, la banca – salvo el Banco Portugués de Inversiones – mostró en bloque al presidente su desconfianza respecto del gobierno proyectado, y un selecto grupo de economistas convocados al Palacio de Belem, manifestó a su vez enormes recelos ante el programa de gobierno pactado. La derecha (PDS y CDS) insistieron en la inestabilidad que tiene el acuerdo de gobierno obtenido por el Partido Socialista, frente al compromiso que por el contrario manifestaron el resto de fuerzas políticas de izquierda.

Es entonces cuando Cavaco Silva efectúa un nuevo acto que resulta insólito: convoca a Antonio Costa no para encomendarle formar gobierno, sino para entregarle un documento en el que le exigía que respondiera a seis cuestiones que debía clarificar y comprometerse como condición para su investidura de forma que se pudiera generar una solución “estable, duradera y creíble”.

Las cuestiones planteadas se refieren al compromiso en la aprobación  del presupuesto estatal, y en especial el del 2016 (puesto que en Portugal, al contrario que en España, se piensa que el Presupuesto del Estado lo debe confeccionar la fuerza que gane las elecciones y no la que las prepara, como groseramente ha realizado el PP), el cumplimiento de las reglas de disciplina y equilibrio presupuestario impuestas por el Tratado de Estabilidad, el respeto a los compromisos internacionales de Portugal en el ámbito de la OTAN, la estabilidad del sistema financiero y el respeto a la concertación social  institucionalizada en un Consejo Permanente como método para el desarrollo económico y la cohesión social

A su vez el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, escribió una carta al líder socialista en el que insiste en que resulta crucial la disciplina de las finanzas públicas y la continuidad de la política de reformas, a la vez que felicita calurosamente al primer ministro saliente por la labor realizada.

De esta lista de exigencias, se desprende la obsesión de las instituciones financieras y del empresariado por mantener la dogmática neoliberal del equilibrio presupuestario y de los recortes en el gasto social. Pero hay un elemento que llama la atención, y es la invocación a la concertación social que efectúa el Presidente de la República. Como ha hecho notar justamente un analista especialmente cualificado, Manuel Carvalho da Silva, ex secretario general de la CGTP-IN y hoy coordinador responsable en Lisboa del polo del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra que preside Boaventura dos Santos, el objetivo perseguido con esa anotación es el de aludir de esta forma a la imposibilidad de realizar cambio alguno en la regulación de las relaciones laborales sin el consenso de los empresarios.

Algo que en el debate sobre la reforma laboral española se ha escogido por el PSOE como forma de “solventar” el problema del despido y de las indemnizaciones por esa causa de extinción del contrato, reenviando la solución al acuerdo (imposible) con el empresariado. Los empresarios portugueses temen ahora que, llegando al poder un gobierno de izquierdas, se puedan poner en práctica medidas que recompongan las situaciones logradas en estos cuatro años respecto del poder empresarial y la capacidad de gestionar unilateralmente las relaciones de trabajo, o que corrijan la mercantilización acelerada del empleo asalariado.

Lo que el Presidente de la República quería transmitir, haciéndose portavoz de estas posiciones, era por tanto un compromiso de inmutabilidad. Que el gobierno de izquierda no pueda proceder a alterar en favor de los trabajadores una situación de desequilibrio en favor de los poderes empresariales que se quiere consolidar de manera definitiva para el futuro. Es grave que el Presidente de la República identifique esta defensa de la consolidación del grave y acentuado desequilibrio social y económico como un interés nacional. Es una señal de la corrupción de la democracia en estos tiempos de crisis y la desconfianza que en la voluntad popular tienen los grandes poderes económicos y financieros cuando ésta se inclina por el cambio político pese a la manipulación masiva que sobre la opinión pública generan los medios de comunicación entregados a estos poderes.

Desde otro punto de vista, es evidente que en esta condición al gobierno de Costa, la presidencia de la República ha identificado claramente cuáles son los espacios de contrapoder que se deben anular para que no se inicie una etapa de cambio, por muy limitado que éste sea, que cuestione las líneas de orden y sumisión trazadas desde las políticas de austeridad. Otra indicación muy interesante para el caso español y los debates en los que el tema del trabajo y sus organizaciones de representación ocupan un lugar periférico y residual frente a otros considerados de mayor relieve.

La posición del presidente de la República, su retraso deliberado en la designación del Partido Socialista es una señal de las resistencias que el programa de gobierno de la izquierda portuguesa va a encontrar. Dentro de tres meses se debe elegir a un nuevo Presidente de la República, y en ese juego también es importante la selección entre los candidatos sobre la base del respeto real a las opciones democráticas que se produzcan entonces. Veremos cómo se desarrolla este aspecto en el futuro.

Es cierto que las dificultades con las que se enfrenta el nuevo gobierno son muchas, y que la crisis no es sólo económica y política, sino también ideológica. Hasta el momento, se daban circunstancias muy negativas. El movimiento sindical se sentía acosado por varios frentes, a la defensiva, con escasa capacidad de construir opinión, y las diferentes sensibilidades políticas se encontraban sumidas en una suerte de desasosiego – tomando prestado el término de Pessoa – que les conducía prácticamente a asumir como inevitable la aceptación de la dinámica dominante, en un contexto de división partidaria que implicaba diseñar proyectos y estrategias que  aunque alimentaban la oposición a la misma,  a la vez suponía ser conscientes de que en el mejor de los casos sólo podrían prometer “la victoria que nunca podrán tener”.

Pero es también cierto que el ciclo de luchas sociales en Portugal ha sido muy intenso, que los movimientos sociales y los sindicatos han generado un amplio consenso por el cambio y que eso se ha traducido en unas mayorías en sufragios y en escaños que viabilizan un cambio político real logrando una confluencia de las tres fuerzas políticas relevantes que podrán asegurar la estabilidad de una solución de gobierno que tiene como eje el rechazo de las políticas de austeridad.

Desde ese punto de vista, Portugal merece ser atendido como una parte de los experimentos que se están produciendo en el sur de Europa como resultado de unas políticas autoritarias que reproponen una desigualdad social acentuada y un cesarismo político-financiero como forma de gobierno supra-ordenado a esos intereses. Es un ejemplo además a seguir en otras coordenadas, como en España, en la medida que muestra la capacidad de interlocución en la izquierda y la consolidación de un acuerdo de la socialdemocracia hacia las posiciones más críticas situadas a su izquierda, y a su vez, la posibilidad de que éstas hablen entre ellas sin desautorizaciones mutuas.