En la Unión Europea se han adoptado desde hace muchos años políticas neoliberales y antisociales que han alejado a la ciudadanía del proyecto de construcción europea. Desde los sectores populares se extiende un clamor exigiendo un giro para acabar con la austeridad y con los altos niveles de  desempleo y de pobreza.

Esta situación pone en evidencia la Estrategia Europa 2020 y sus principales objetivos, especialmente el de reducir en 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza de aquí a 2020. Los programas nacionales ignoran lo que debería de ser una de sus prioridades.

La falta de reformas estructurales, unida al impacto social y económico negativo de la crisis, alimenta la exclusión social en Europa y ello, unido al aumento de la inmigración fomenta una preocupante espiral de xenofobia y de euroescepticismo. Es urgente adoptar un modelo político y social capaz de reforzar los sistemas de solidaridad y los derechos fundamentales que están siendo debilitados en la mayoría de los países.

Los sindicatos y otros movimientos sociales y políticos exigen a los gobiernos y a la Comisión Europea que emprendan la senda del crecimiento y sostengan la protección de los desempleados.

Ante la extensión del desempleo y de la pobreza en estos años de crisis, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha elaborado varios dictámenes en los que pide a las instituciones comunitarias y a los gobiernos de la UE medidas legales para garantizar unos ingresos mínimos en todos los países miembros. Medidas que cumplan una función significativa en la redistribución de la riqueza y ofrezcan una garantía de solidaridad y justicia social.

Lo cierto es que ni en el ámbito comunitario ni en muchos de los Estados está en funcionamiento un sistema integral de renta mínima y por ello sería esencial que el dictamen del CESE (órgano consultivo de la UE)  aun no siendo vinculante, fuera tenido en cuenta por las autoridades para generalizar su implantación.

El 14 de febrero de 2013, el CESE aprobó un dictamen sobre “Renta mínima europea e indicadores de pobreza” del que fue ponente el presidente del Grupo de los trabajadores, el sindicalista griego Georgios Dassis. La importancia de este dictamen, (cuyo contenido deben valorar el Parlamento, el Consejo y la Comisión), se vio reflejada en la intensidad del debate en el Pleno y en la votación en la cual se aprobó con 155 votos a favor y  93 en contra, en su mayoría del sector empresarial.

El Dictamen cree que en la difícil coyuntura actual, el establecimiento de una renta mínima europea contribuirá a la cohesión económica, social y territorial, a la protección de los derechos humanos fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta: “La renta mínima garantizada es una ayuda a los ingresos que no está basada en el pago de cotizaciones y que proporciona una red de seguridad para las personas que no pueden optar a las prestaciones de la seguridad social. Como última salvaguardia contra la pobreza, está indisolublemente unida al derecho a llevar una vida digna de las personas que no tienen otra forma de asegurar sus ingresos y al de las personas que están a su cargo”.

El CESE propone que esta Renta Mínima Europea sea introducida mediante una Directiva marco dirigida a combatir la pobreza y el establecimiento de un Fondo europeo que ayude a su implantación en todos  los países miembros y su mejora en los que ya existe. También insta a la Comisión a “emprender una acción concertada que responda a la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo en 2011”.

Este Dictamen posee un alto valor político dado que el CESE es un órgano consultivo de la UE y los Tratados obligan a las autoridades comunitarias a estudiar sus opiniones.

La presentación de este Dictamen en Madrid el próximo día 12 de febrero es una ocasión para compaginar su difusión en España con la insistencia en la propuesta que vienen haciendo CCOO y UGT de crear una renta mínima garantizada estatal, con rango de derecho subjetivo y separada del sistema de protección al desempleo. En esta dirección ambas confederaciones también están trabajando para promover iniciativas legislativas populares en algunos territorios como la que se ha presentado Andalucía.

(nuevatribuna.es | 09 Febrero 2015)