El 30 de junio y el 1 de julio se ha celebrado en Madrid un encuentro a alto nivel entre la dirección de la FIOM – CGIL italiana y la Federación de Industria de CC.OO. Se trataba de una reunión para intercambiar experiencias y opiniones sobre la negociación colectiva y “la situación del sindicato”. En la reunión además participaron no sólo sindicalistas, sino especialistas en derecho laboral, como Umberto Romagnoli invitado por la FIOM y Joaquin Aparicio, invitado por CCOO, que sostuvieron con los sindicalistas una sesión de debate muy intensa, coordinada por Juan Blanco. Tras la sesión de trabajo, el grupo más reducido celebró una cena informal y a la mañana siguiente acudieron todos a la concentración en Callao en defensa del derecho de huelga frente a la represión penal de la misma.

El encuentro bilateral era muy significativo porque se desarrollaba a nivel de rama de industria – cuando normalmente estas relaciones se desarrollan en el plano confederal – y la FIOM-CGIL es, después de la IG Metall alemana, la más poderosa organización metalúrgica sindical de los trabajadores del metal de Europa. Respecto de CCOO, la Federación de Industria es uno de los elementos vertebrales no solo de la estructura sindical, sino del tipo de cuadro sindical realmente existente que ha desarrollado su actuación sindical en la media y gran empresa inserto en una cultura colectiva muy determinada que, conviene recordarlo, enlaza con la memoria antifranquista del movimiento obrero.

la FIOM contra la estrategia FIAT
La FIOM-CGIL se mueve en dos escenarios plenamente convergentes. En el plano interno, la FIOM ha luchado de forma directa contra la estrategia de la empresa FIAT de división sindical y de exclusión del sindicato  del derecho a negociar el convenio colectivo de empresa, pretendiendo establecer un nexo directo entre la legitimación para negociar y la aceptación de la propuesta empresarial.

 La FIOM ha mantenido una inmensa batalla legal contra esta concepción de la FIAT que de hecho la permitía seleccionar sus interlocutores colectivos, y ha resultado vencedora tanto en los tribunales ordinarios, como, de manera fundamental, en el Tribunal Constitucional italiano que ha anulado el art. 19 del Statuto dei Lavoratori por entenderlo inconstitucional al ligar la representatividad en la empresa y el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato en ésta al hecho de suscribir y ser parte del convenio colectivo de la msma.

 Esta declaración de inconstitucionalidad abría una posibilidad de intervención legislativa sobre la representatividad de los sindicatos, pero han sido sin embargo éstos los que han forzado un acuerdo tripartito interconfederal CGIL – CISL – UIL en el que reorientan la decisión del Tribunal Constitucional en materia de representación, que ha sido criticado por la FIOM precisamente por dejar muy poco espacio a la voluntad concreta de los trabajadores y su opción en un proceso de negociación. Para la FIOM, en efecto, el sindicato debe fortalecer su carácter de representante de los trabajadores – de todos los trabajadores y trabajadoras – y por consiguiente, verificar el consenso de éstos a las decisiones relevantes del mismo.

No puede convertirse por tanto la organización sindical en lo que Umberto Romagnoli ha definido de forma muy precisa: una institución para-pública que se comporta como un tutor con los sujetos que representa, a los que contempla como sujetos a medio camino entre la capacidad y la incapacidad de obrar. La revalorización del referéndum entre los trabajadores como forma de consulta y la interlocución sindical sobre la base de una referencia general, unitaria del conjunto de personas que trabajan en la empresa, son las señas de identidad de este modelo sindical.

En el plano externo, la FIOM_CGIL  ha mantenido desde el inicio de la crisis y las primeras medidas de austeridad del gobierno Berlusconi, luego del de Monti y en fin, tras la crisis política del 2013, respecto a los gobiernos de Letta y ahora de Renzi, una actitud crítica impulsando procesos de movilización social generalizados. Landini, su secretario general, se ha convertido en un referente político de primera fila, junto con otras personalidades muy respetadas, en ese estilo clásico italiano de que la sociedad civil es capaz de generar una plataforma social y política que se ofrece a la participación ciudadana.

 Lo hicieron mediante la petición de un referéndum para derogar una norma insólita que permitía que el convenio colectivo de empresa se impusiera frente al convenio nacional de sector o incluso frente a una norma estatal, y lo han vuelto a realizar mediante la oposición a las reformas constitucionales que está impulsando actualmente el presidente del Consejo de Ministros Renzi. Es como sucede con tantos sindicalistas italianos de raza, un buen escritor. Javier Aristu ha traducido al español su último libro, “Fuerza de Trabajo” que en breve estará disponible en versión electrónica en la Fundación 1 de Mayo. Merece la pena leerlo.

Pero fundamentalmente la FIOM trabaja en la dimensión europea buscando la creación de un frente común sindical frente a la política de austeridad, y en este sentido se debe leer el encuentro con la Federación de Industria de CCOO. Desde una aproximación global, la FIOM entiende que la crisis no lo es en un sentido técnico, limitada a los parámetros económico-financieros que conocemos. Se trata por el contrario de una crisis que se inscribe en un estado de emergencia para la democracia política y social tal como la conocemos y la teorizamos en la actualidad, y que está abriendo un tránsito entre épocas a partir del cual los sujetos y los contextos en los que se desenvuelven las acciones no podrán volver a plantearse en los mismos términos que antes de la crisis.

En este punto hay una cierta indefinición, porque reconocienmdo este cambio radical en proceso, la FIOM sigue pensando que los objetivos finales del “pasado” – solidaridad, mediación colectiva, impulso contra la desigualdad – deben seguri proponiéndose como forma segura de “guiarse” en el cambio que se está gestando y en el que la clase trabajadora no participa ni dirige.

Por eso revalorizar la dimensión internacional y en concreto la europea, es decisivo para este planteamiento de la FIOM. Los sindicatos del sur de Europa tienen que hacer explícito al resto del movimiento sindical europeo, más allá de la contención que pudieran exigir los usos diplomáticos entre confederaciones nacionales, que los efectos de la crisis están generando nuevas asimetrías Norte / Sur en la Unión Europea que el sindicalismo del centro y del norte tiene que combatir, a la vez que presionar directamente también en el interior de sus estados-nación para abandonar estas políticas de austeridad más allá de las fronteras de sus estados.

No basta con la presión de las fuerzas políticas, sino que es necesario articular un frente sindical potente anti-austeridad que sea capaz, como sucedió con la convocatoria de huelga general europea para el 14 de noviembre del 2012, de presentarse como sujetos fuertes con presencia en el escenario de la Unión Europea. La asimetría Norte /Sur se repropone además en cada uno de los países internamente entre trabajadores desiguales y trabajadores “ordinarios”, precarios y estables, complicando la capacidad de respuesta sindical.

Como es lógico, este planteamiento “dice” mucho a CC.OO. Por eso la iniciativa del encuentro entre ambas federaciones es síntoma de una percepción diferente, más exigente, del “papel” de los sindicatos en una sociedad en crisis.

La crisis en España
Por su parte, CCOO se encuentra en una encrucijada de difícil resolución. Las políticas de austeridad y de recortes iniciadas por el gobierno Zapatero y expandidas y desarrolladas por el Gobierno Rajoy, con el aval de la Comisión, el BCE y el FMI, no sólo han producido un desempleo masivo, el aumento de la pobreza y el incremento de la desigualdad, sino que han desertizado el panorama industrial y devastado el núcleo de trabajadores estables. En junio de 2014 se ha conocido que, por vez primera en la historia reciente de España, el número total de trabajadores temporales es superior al de trabajadores estables. Si a ello sumamos los trabajadores desempleados, el cuadro resultante es extremadamente grave para los sindicatos y los trabajadores.

La negociación colectiva, pese a las tendencias legislativas que pretenden imponer un esquema de “piel de leopardo” a través de la ruptura del convenio estatal de sector por acuerdos o convenios de ámbito empresarial, ha mantenido en términos razonables su ámbito de cobertura – aunque éste se ha reducido hasta el 65% de los trabajadores, frente al 75% del 2010 – pero el resultado de la negociación ha conducido a devaluación salarial, incremento de la flexibilidad no controlada colectivamente, cancelación de temas hasta el momento constantes en la negociación, como medidas de igualdad de género, salud laboral, derechos sindicales, y cesión de espacios de regulación a la decisión discrecional del empleador.

Tras la última huelga general de noviembre del 2012, los sindicatos no han convocado huelga general, ante la disfuncionalidad que suponía la organización muy costosa de la huelga y los resultados de la misma, inexistentes en términos de reconducción de lo establecido en la reforma laboral o en el presupuesto público de gastos sociales. Por el contrario, desde finales del 2013, y coincidiendo con una ofensiva del gobierno contra las libertades de manifestación a través de un proyecto de ley de “seguridad ciudadana” que impone multas muy severas a particulares y colectivos que convoquen reuniones o manifestaciones durante las cuales – es decir con independencia de haber sido autorizadas – se produzcan “actos contra la seguridad”, el Ministerio fiscal ha iniciado acciones penales por un delito de coacciones durante la huelga contra los participantes en piquetes.

Estas acciones penales han incriminado por el momento a 260 personas, con una petición de condena media de 3 años de prisión. La Federación de Industria de CCOO es precisamente una de las más afectadas. 8 miembros del comité de empresa de Airbus han sido acusados por participar en un piquete de huelga ante las puertas de la empresa en la huelga general de septiembre de 2010, y les piden 8 años de cárcel a cada uno por coacciones y agresión a la autoridad policial.

 Aunque la movilización sindical realizada desde finales de julio ha culminado por el momento en el compromiso del ministro de Justicia de indultar a los sindicalistas ya condenados, estos hechos revelan la tendencia represiva del poder público frente al ejercicio de derechos fundamentales. El derecho de huelga, pero también los derechos de manifestación y de reunión. Una reciente sentencia de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que ha configurado el derecho de manifestación conjuntamente con el de libre expresión como un espacio inmune a la represión penal, ha sido atacada de forma especialmente virulenta por el gobierno, el ministerio fiscal y los medios de comunicación que en España se llaman “oficialistas” – es decir, la mayoría de la prensa escrita, no los medios digitales, más progresistas – y han señalado al magistrado ponente, en la línea berlusconiana, como un peligroso izquierdista.

De esta manera, el sindicato se encuentra acosado y sin capacidad de reacción eficaz, fuera del territorio cada vez más difícil de transitar que es la negociación colectiva. Aunque el clima político está cambiando, no lo hace tan deprisa como para que los sindicatos puedan encontrar un espacio de interlocución con el poder público al que estaban acostumbrados, en las malas y en las buenas horas.

 Además, la acción de gobierno sigue adelante sin excesivos obstáculos, en una exuberancia normativa que prescinde del Parlamento pero que se sabe amparada por el órgano de control de la constitucionalidad de sus acciones. El Tribunal Constitucional  acaba de decidir, el 16 de julio pasado, por mayoría, que la reforma laboral del 2012 es plenamente conforme al texto constitucional español. Es evidente que la convalidación constitucional de la Ley 3/2012 supone la expulsión del trabajo del espacio democrático de los derechos y que a partir de aquí se convalida una construcción legal que lo hace funcional al interés económico y organizativo de la empresa tal como lo define la voluntad unilateral de su titular, minorando y reduciendo al límite la presencia y la acción colectiva y sindical, y legalizando amplias zonas de desprotección y de precariedad  sin ningún control normativo ni colectivo. Los sindicatos asisten imponentes a la conformidad política que el TC otorga a las “reformas estructurales” llevadas a cabo por el PP y cuestionadas por el Comité de Libertad sindical de la OIT y el Comité de Derechos Sociales del consejo de Europa.

La situación europea, por su parte, con el acuerdo bipartisan entre populares y socialdemócratas para la Comisión y el Parlamento, no augura tampoco un cambio importante en la correlación de fuerzas respecto de la composición de la Comisión. La CES insiste justamente en su proyecto de un cambio de política frente a la crisis, pero su capacidad de presión depende directamente de la capacidad de reconocer la diferente posición en su seno entre los sindicatos del sur y los sindicatos del centro y del norte, y articular una estrategia que utilice de forma positiva esta tensión y no que la pretenda anular o ignorar. Por eso el encuentro con CCOO tiene el inequívoco significado de desarrollar, en el concreto plano de las relaciones intersindicales, las evidentes asimetrías de la crisis.