La victoria de Syriza, con Alexis Tsipras al frente, en las elecciones griegas del 25 de enero ha creado un gran desconcierto en la eurozona. Lo cual no sorprende tratándose de la verdadera primera crisis política de la eurozona tras su nacimiento hace quince años. Hasta ahora estábamos acostumbrados a discutir solo de dificultades económicas.

Sin embargo, la victoria de Syriza era previsible. Es normal que en un país conmocionado por una crisis económica y social que dura ya siete años, pudieran ser derrotados en unas elecciones los partidos de gobierno a favor de los que no ha tenido responsabilidad de gobierno. Berlín y Bruselas habían hecho todo lo posible para evitarlo. Angela Merkel había ido a Atenas para apoyar al gobierno de Antonis Samaras. Después, la Comisión europea había enviado a Pierre Moscovici, el comisario francés de economía, para advertir a los griegos sobre los riesgos que corrían si escogían la incógnita de un partido de la izquierda radical.

Pero esta vez las sirenas de la eurozona no han podido encantar al electorado griego. La victoria de Tsipras ha destruido el escenario político griego de los últimos 40 años, constantemente dominado, tras la caída del régimen de los coroneles, por Nueva Democracia y por el Pasok, los dos partidos de la dinastía de los Papandreu y de los Karamanlis. Syriza ha ganado las elecciones con un programa tan audaz como difícil: liberar a Grecia de la política de austeridad y del asfixiante control de la Troika, el arrogante grupo de tecnócratas que representan a la Comisión europea, el Banco central y el Fondo monetario internacional.

Pero ¿qué significaba rechazar la política de austeridad impuesta por las autoridades de la eurozona? El nuevo gobierno debe recibir una parte de 7.200 millones de euros de acuerdo con el programa acordado por el anterior gobierno en el tristemente famoso Memorándum de 2012. Sin este pago, Grecia no puede devolver la cuota de la deuda que expira entre marzo y julio a favor del BCE y el FMI. La no devolución significa entrar en la zona de sombra de un impago de Grecia y de ruptura de la eurozona. El compromiso alcanzado en el último momento entre el eurogrupo, formado por los 19 ministros de finanzas de la eurozona, y Grecia no señala ni vencedores ni vencidos sino más bien una manera de ganar tiempo.

1.Grecia tiene la cuerda en el cuello de una deuda gigantesca: 320.000 millones de euros, el 175% de su PIB.[*] La mayor parte de los economistas está convencida de que, dada su entidad, la deuda no es reembolsable. Alan Greenspan, desde su experiencia como presidente durante casi veinte años de la Reserva Federal, ha sido brutalmente claro acerca de la imposibilidad para Grecia de repagar la deuda y, finalmente, sobre la salida del euro: “Creo que Grecia finalmente saldrá (del euro)…Es solo cuestión de tiempo porque todos se han dado cuenta de que salir es la mejor estrategia”.[1]

El gobierno de Tsipras es ciertamente consciente de las dificultades, pero se mueve en una dirección contraria a la vaticinada por Greenspan. No por casualidad el programa del nuevo gobierno se articula a lo largo de dos ejes principales: el primero tiene que ver, de hecho, con la reorganización de la deuda; el segundo está centrado en una profunda revisión de la política económica y social impuesta al país por las autoridades europeas durante los años de la crisis.

Sobre el primer punto, el nuevo ministro de finanzas Yanis Varoufakis, profesor de economía en las universidades de Atenas y Austin (Texas) donde enseña junto con James Galbraith, ha presentado a las autoridades de la eurozona una propuesta completa que, asumiendo la clara voluntad de devolver la deuda, pide renegociar las condiciones. En sustancia, el nuevo gobierno adelanta la propuesta de una reestructuración basada en la indización de los intereses relativos a la deuda en relación con la marcha del PIB. Un modo de garantizar a los acreedores la devolución y, al mismo tiempo, evitar el empeoramiento de las condiciones financieras del país deudor en las fases de recesión o estancamiento de la economía. En cualquier caso, el superávit primario —la cuota del presupuesto destinada al pago de los intereses— debería quedar limitada al 1,5% del PIB (en contra de la actual previsión del 4,5%), a fin de dejar espacio a las inversiones y al consumo colectivo necesario para relanzar el crecimiento, sin el cual la deuda misma se hace impagable.

CUADRO: ¿A QUIÉN DEBE GRECIA?
Lo que Grecia debe. Total de la deuda: 322.000 millones de euros


Los mercados financieros se han mostrado favorables a la propuesta del gobierno de Tsipras que, por primera vez, afronta abiertamente el problema de la solvencia de la deuda y adelanta una solución que hace creíble el esfuerzo para devolverla..

2. El segundo punto del programa del gobierno  de Tsipras se centra en las medidas de carácter interno, dirigidas a modificar las condiciones opresivas que la Troika impuso al país durante los años de la crisis, provocando la ruina del mismo y una catástrofe social. Los datos son elocuentes. La atención a la austeridad ha provocado el aumento de la deuda desde el 110% del PIB, al comienzo de la crisis, hasta el 175% actual. Entretanto, la renta nacional ha disminuido un cuarto y el desempleo ha sobrepasado el 25% de la fuerza de trabajo. En un país reducido a la pobreza, las familias que no han conseguido sufragar las cuotas de la hipoteca han visto que sus hogares eran subastados. Muchas permanecían a oscuras y sin calefacción por los cortes de electricidad. Los hospitales públicos se han quedado sin medicinas y el cuidado de los enfermos, cuando era posible, se confiaba a voluntarios. Una catástrofe social que no se veía desde los tiempos de la Gran depresión de los años treinta del pasado siglo en los Estados Unidos.

Syriza había llevado la campaña electoral bajo el lema del rechazo al programa de austeridad desarrollado por la Troika con la complicidad de los anteriores gobiernos. Sin embargo, era clara la necesidad de encontrar un compromiso con las autoridades europeas por la gestión de la deuda. De aquí la exigencia del gobierno de Tsipras de acordar un programa-puente de seis meses durante el cual se negociara un nuevo acuerdo completo. En esta fase intermedia, el Fondo europeo de estabilidad financiera (FEEF) mantendría su compromiso de entregar el último tramo del préstamo de 7.200 millones de euros.

A una persona normal le resultaría difícil considerar irracional una propuesta que prevé, en el marco de una reestructuración acordada, la devolución de 240.000 millones de euros, correspondientes al 80% de la deuda completa, en gran parte con las instituciones y gobiernos de la eurozona. Pero no es así. Wolfgang Schäuble, ministro de finanzas alemán, rechaza al completo la propuesta presentada por Varoufakis. El gobierno griego debe continuar con el programa de austeridad y reformas impuesto por la Troika. El hecho de que este programa haya puesto de rodillas al país y que el gobierno de coalición de Samaras haya sido repudiado por el voto popular no cuenta. La democracia del voto es un lujo al que no puede optar una pequeña, periférica provincia del imperio.

3.  Grecia tiene la cuerda al cuello: sin  el pago del último tramo de los créditos del FEEF no se puede devolver al BCE ni al FMI las cuotas de la deuda que expira. Sin un acuerdo, Grecia corre el riesgo de la quiebra, de la carrera a las puertas de los bancos para retirar los fondos, dela fuga de capitales al exterior y el inevitable recurso al control de movimientos de capital: una secuencia que preludia, en último término, la salida de Grecia del euro.

Pero el problema no es solo Grecia. Su quiebra no puede dejar de golpear a las instituciones crediticias, entre los cuales están los gobiernos de la eurozona, y principalmente Alemania, Francia, Italia y España, que son los mayores acreedores en el marco de los 170.000 millones de euros proporcionados a Grecia por el Fondo europeo de estabilidad financiera. El compromiso es, a pesar de la disparidad de fuerzas, una necesidad para ambos contendientes. Tratar de distinguir vencedores y perdedores, como hace una gran parte de la prensa europea, es un falso ejercicio. Tsipras dice: “Hemos vencido una batalla pero no la guerra”. Es un juicio cautamente realista. Se ha ganado tiempo, y Grecia está empeñada en utilizarlo para negociar un acuerdo global. Pero para las autoridades europeas el tiempo trabajará para doblegar la resistencia de Grecia, reconduciendo las piezas al punto de partida.

Las relaciones de fuerza permanecen equilibradas. El eurogrupo aplaza hasta abril la suspensión del último tramo del préstamo. El BCE y el FMI toman distancias del compromiso. En las semanas sucesivas Draghi confirmará que Grecia está excluida de los nuevos escenarios que se abren con el quantitative easing. Los bancos centrales de los países del euro están autorizados a adquirir en el mercado secundario obligaciones emitidas por los respectivos gobiernos, pero se niega esta posibilidad a la banca central griega. La consigna parece que es clara: ninguna vía de salida a un gobierno que rompe la disciplina. Pero si las dificultades de Grecia son evidentes, la intransigencia de las autoridades europeas oculta, como hemos visto, una dificultad de la eurozona en su globalidad.
l partido está abierto, a pesar de los prematuros anuncios de una derrota fatal del gobierno griego. Los comentaristas sin prejuicios toman posición a favor de las propuestas griegas. Wolfgang Münchau escribe en el Financial Times: “Mi consejo a Yanis Varoufakis es ignorar las amenazas más o menos veladas, permaneciendo firme en sus posiciones. Es miembro del primer gobierno de la zona euro dotado de un mandato democrático para oponerse a una política totalmente carente de sentido. Una política que se ha demostrado económicamente analfabeta y políticamente insostenible”.[2]

Independientemente de lo que al final ocurra, la confrontación tiene el mérito de aclarar los términos del conflicto que agita no solo a Grecia sino a la eurozona en su conjunto. La rebelión del gobierno griego ha expuesto con meridiana claridad las paradojas y las contradicciones de las políticas impuestas por Bruselas con el resuelto apoyo de Berlín.

Ha quedado definitivamente claro que, paradójicamente, el verdadero núcleo del choque no tiene que ver con la cuestión de la deuda sino con la otra cara de la moneda: las reformas estructurales. Para la deuda, como hemos visto, el gobierno griego ha presentado una propuesta clara y está listo para negociar los términos. El disenso estalla, incluso antes de abrir la negociación, sobre el capítulo de las reformas estructurales, la cara oscura de la austeridad.

No es casualidad que las autoridades europeas pretendan el pleno control de la política económica y social de los Estados miembros. Es una cuestión de disciplina impuesta desde arriba sobre la cual no transigen las autoridades de la zona. El conjunto de reformas y medidas también de detalle comprende todos los aspectos de la política interna. Un ejemplo paradigmático se puede encontrar en la famosa carta del BCE al gobierno italiano de Berlusconi en el verano de 2011 —un minucioso programa de gobierno cuya aplicación, iniciada por Monti y continuada por Letta, avanza rápidamente con el gobierno de Renzi.

En el caso griego, el gobierno Tsipras se considera comprometido para desarrollar un cierto número de reformas que considera claves para modernizar el país. Entre estas, el esfuerzo contra la evasión que afecta a los privilegios acordados de las oligarquías que controlan uno de los más potentes sectores navieros del planeta; la corrupción y el clientelismo que alimentan la ineficiencia del sistema económico y administrativo. Pero estos esfuerzos son acogidos con suficiencia y escepticismo por las autoridades europeas. Para las instituciones de la eurozona el corazón de las tristemente famosas reformas estructurales son las políticas de privatización, de recorte de los sistemas de bienestar y de desregulación del mercado de trabajo.

4.   El capítulo de las privatizaciones vuelve a salir en la primera fase de la crisis griega, cuando la Comisión europea exige como contrapartida de las ayudas financieras el compromiso para un amplio plan de privatizaciones. El aspecto más intrigante es que los préstamos acordados al gobierno son destinados al reembolso de las deudas contraídas por los bancos griegos con los bancos alemanes, franceses y holandeses. Un modo de transferir las deudas privadas de los bancos a cargo del presupuesto público, según un esquema que se repite en Irlanda y en España. Las privatizaciones se convierten en un instrumento de reembolso de una parte de la deuda pública, aumentada desmesuradamente a favor de las bancas acreedoras extranjeras.

CUADRO. “DONANTES DE SANGRE”

Exposición de bancos y Estados hacia Grecia antes de la crisis y hoy día.

En las primeras versiones, se trata de un gigantesco plan de privatizaciones que debería aportar a la caja del estado 50.000 millones de euros, que es como decir un monto del orden de los 400 o 500 mil millones  si nos fijamos en la escala de la economía italiana o francesa. En resumen, todo lo que es público debe pasar a manos privadas: electricidad, gas, el agua de Atenas y Salónica, ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, correos, las autopistas, los edificios públicos más importantes, sin olvidarnos de los casinos. El plan, administrado por un nuevo ente de naturaleza privada debería llevarse a cabo en el plazo de un trienio, antes del 2015. La revista The Economist, tradicionalmente inclinada a valorar positivamente las políticas de privatización, escribió: “Con un objetivo de 50.000 millones de euros (72.000 millones de dólares) para el año 2015, el plan de privatización de Grecia se plantea recaudar una cantidad de  dinero proporcional al PIB como nunca ha realizado ningún otro gobierno de la OCDE”. Además, comenta el The Economist, se trata de “un proyecto de privatización de bienes y servicios realizable en un plazo absurdamente corto” [3].

Los tiempos corren y el objetivo cuantitativo de las privatizaciones se redimensiona hacia los 25.000 millones. El gobierno Tsipras, en el documento presentado al eurogrupo, declara no estar en contra de la línea de principio de las privatizaciones y de no poner en discusión aquellas que ya están en marcha, pero respecto a la amplitud y contenidos se reserva la oportunidad y la conveniencia de verificar estos de forma articulada. Lo cual no basta a las autoridades europeas y al FMI. No aceptan que sea el gobierno griego quien asuma la tarea en sus propias manos. Se reservan el derecho de ejercer su control sobre los procesos en curso, sobre las modalidades y sobre los tiempos previstos para la actuación integral del plan. La transferencia de soberanía de un gobierno nacional que tiene un mandato democrático y popular a las autoridades europeas no admite excepciones, ni siquiera cuando se trata de funciones propias de un estado moderno, como las decisiones respecto a la  propiedad y gestión de infraestructuras estratégicas  y prestaciones de servicios colectivos esenciales.

En cualquier caso, el punto crucial de las reformas estructurales no es el de las privatizaciones sino que se nuclea en torno de las reformas del trabajo y de los sistemas de bienestar. Aquí se manifiesta en toda su plenitud el fundamentalismo ideológico de las políticas económicas y sociales de la eurozona. Las principales propuestas de intervención del gobierno griego dirigidas a aliviar el estado de malestar y de pobreza de una gran parte de la población son rechazadas, o al menos sometidas a una severa verificación de compatibilidad con las limitaciones presupuestarias propuestas por la Comisión europea. Algunos ejemplos de medidas sociales que Berlín y Bruselas impugnan son elocuentes. La lista comprende, por un lado, medidas de carácter económico: el aumento gradual del salario mínimo mensual hasta llevarlo en 2016 al nivel anterior a la crisis, cerca de 751 euros; el restablecimiento de la negociación colectiva nacional; el aumento de las pensiones más bajas reintroducción de la decimotercera mensualidad; el reintegro de una parte de empleados públicos despedidos. Por otro lado, medidas de carácter humanitario: la ampliación de la asistencia sanitaria, bonos de comida para las familias más necesitadas, comedor en las escuelas infantiles, entre otras. Las autoridades de la eurozona bloquean el conjunto del programa, impidiendo al gobierno griego financiarse con emisiones de títulos también a corto plazo con los bancos privados o la banca central griega. La soga al cuello se estrecha.

5.    La política de reformas estructurales, en la específica versión de las instituciones europeas, reviste un carácter estratégico. Antes o después las medidas de austeridad habrán culminado su tarea. Pero los cambios aportados por las reformas habrán introducido un cambio radical en el modelo de relaciones sociales. Los objetivos a largo plazo de las reformas son el drástico redimensionamiento de la intervención del estado en la economía, la reducción y la tendencial privatización de los sistemas de bienestar, la marginación del poder de los sindicatos y de la negociación colectiva.

En otros tiempos, esta política habría sido definida como reaccionaria. De hecho, se ha convertido en el paradigma dominante en la eurozona. La particularidad reside en el hecho de que esta política tiene una connotación de derecha en todos los países democráticos y los gobiernos que la practican deben enfrentarse con una oposición que tiene los colores más o menos pronunciados de la izquierda. En la eurozona, el área económica más grande del planeta tras los Estados Unidos, la diferencia entre derecha e izquierda sin embargo se ha desteñido hasta desaparecer del todo cuando se trata de partidos en el gobierno.

La opinión dominante es que la eurozona  carece de un gobierno político. Esta afirmación es parcialmente cierta si se refiere específicamente a la política exterior y de defensa. Pero es infundada si se refiere a las opciones que orientan, guían y controlan las políticas económicas y sociales de los estados miembros. No se trata solo de la devolución de la soberanía monetaria a un Banco central, institucionalmente vinculada al control de la inflación —lo que da una gran diferencia frente a la autonomía y cometidos atribuidos a los bancos centrales de los Estados Unidos, Japón o Reino Unido. Con la progresiva modificación de los tratados y de su interpretación, la inicial vigilancia de las políticas presupuestarias se ha extendido a todos los aspectos de la política económica y social, subordinada al control preventivo, a la verificación y al poder sancionador de la tecnocracia de Bruselas

6.    Hay que tener presente este marco para captar plenamente la característica políticamente “subversiva” del gobierno Tsipras. El conflicto más llamativo parece que ha sido el que ha enfrentado a Tsipras y su ministro de finanzas Varoufakis con el superhalcón alemán Schäuble. Pero esta es una visión corta. De hecho, la oposición al nuevo gobierno griego ha unido a todos los gobiernos de la eurozona, con matices más tácticos que de fondo. No sorprende la oposición de los satélites de Alemania: desde los países bálticos a Finlandia, desde Eslovaquia a Holanda. Pero aún es más significativa la posición de España, expresada con brutal franqueza por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando, refiriéndose al nuevo gobierno griego, ha explicado que “no basta con ganar las elecciones y cambiar de gobierno para poner en discusión los criterios que regulan la eurozona”.

Es creencia general de los gobiernos de la eurozona que Grecia debe ser reconducida al marco de la disciplina colectiva. Comentando el compromiso con el gobierno griego, el ministro de finanzas irlandés, Michael Noonan, anuncia triunfalmente: “no hay nada que se pueda considerar una concesión (al nuevo gobierno griego)”. Y su homóloga portuguesa, Maria Luís Albuquerque, sentencia que no puede haber otra base de negociación que no sea el viejo programa establecido por el Memorándum de 2012.

La hostilidad al nuevo gobierno griego tiene razones profundas que afectan de cerca también a los principales gobiernos de centro izquierda. Al mostrar tolerancia frente a las posiciones del gobierno Tsipras se arriesgarían a ver desautorizadas sus propias opciones políticas. El caso francés es elocuente. En 2014 François Hollande despide al ministro de Economía Arnaud Montebourg, de la izquierda del Partido socialista, culpable de oponerse al indisoluble binomio austeridad-reformas estructurales, y lo sustituye por Emmanuel Macron, un joven banquero proveniente del grupo Rothschild: “una clara señal —aplaude el Corriere della Sera—que Francia quiere dar a Europa (y a Berlín) tras un bienio de dudas y zigzags que han hecho hundirse el crédito del presidente Hollande”. La esperanza o, más aún, la ilusión de Hollande es mantener viva la relación franco-alemana que en otro tiempo, sobre todo por el esfuerzo de Francia, desde Robert Schuman a Jacques Delors, fue la espina dorsal antes de la Comunidad y de la Unión europea y después de la eurozona. Una asociación, ya exangüe, progresivamente vaciada tras la unificación alemana y la asunción por parte de Alemania de una incontestable hegemonía sobre la eurozona.

En Italia, el caso es quizá menos sorprendente que el francés pero no menos significativo. Matteo Renzi, moviéndose sin prejuicios en el terreno de las reformas estructurales, apuesta a asegurarse el consenso sobre todo de Angela Merkel. En Italia no ha quedado mucho por privatizar pero el gobierno no duda en ofrecer a las empresas europeas y americanas aquellos segmentos eficientes que quedan  en el sector industrial y en los servicios. Pero sabemos que lo que más importa a los ojos de las autoridades europeas es la desregulación final del mercado de trabajo, hasta la sustancial libertad de despido: un proyecto con el que ni siquiera pudo el gobierno Berlusconi pero que Renzi lleva a cabo con el llamado Jobs Act.

7.   Los modelos de austeridad y reformas estructurales, señalados por las autoridades de la eurozona como ejemplos de éxito, son el irlandés y el español. Modelos, en un análisis más detenido, paradójicos, caracterizados a la vez por el aumento de la deuda y la explosión del desempleo. Conviene prestar un poco de atención al muy publicitado caso irlandés. En un artículo publicado en el New York Times, Fintan O’ Toole, escritor y colaborador del Irish Times, sintetiza de esta manera los resultados de la política de austeridad y reformas estructurales impuestas por las autoridades europeas a Irlanda: “Da un sentido de profunda injusticia ver que Irlanda se ha transformado en uno de los países más endeudados del planeta para salvar a los detentadores internacionales de bonos que habían apostado en los pícaros bancos irlandeses”.

Vale la pena recordar a este propósito que Irlanda, que tenía una deuda pública irrisoria antes de la crisis, ¡se encuentra hoy, tras la cura de austeridad, con una deuda del 110% del PIB! Continúa el autor irlandés: “Se ha adoptado una política que ha infringido enormes sacrificios a la parte más pobre de la población…Hay una profunda discrepancia entre la historia que se cuenta y la efectiva experiencia irlandesa. Los datos impresionantes (del crecimiento) del PIB son fruto de las técnicas de  ingeniería presupuestaria de las multinacionales asentadas en Irlanda. El desempleo se mantiene muy alto… los salarios no han aumentado y las deudas de las familias en relación con la renta disponible están en el segundo puesto en la escala europea de deudas más altas”[4]. Y sin embargo, las autoridades de la eurozona presentan a Irlanda como un típico modelo de éxito. Una transfiguración de la realidad que George Orwell habría podido incluir en su relato 1984 como ejemplo de la “neolengua” de los regímenes autoritarios.

Otro ejemplo es el español. El jefe del gobierno conservador, Mariano Rajoy, es considerado como el mejor alumno de la clase impartida por las autoridades de la eurozona. Sus récords son los peores tras los de Grecia. La deuda pública, que era la más baja entre los grandes países de la eurozona, cercana al 40% del PIB, notablemente más baja que la alemana, se ha más que doblado, hasta rozar el umbral del 100 por cien a finales de 2014;[†] al mismo tiempo el desempleo se ha consolidado en torno al 25% de la población activa. Un fracaso clamoroso de las recetas de austeridad.

Pero, para las autoridades de Bruselas, se trata sin embargo de un excelente modelo según el perfil de las reformas estructurales y, especialmente, de las reformas del mercado de trabajo. No por casualidad el gobierno de Rajoy ha marginado a los sindicatos, bloqueado la negociación colectiva, reducido los salarios y liberalizado los despidos: resultados muy apreciados en Berlín y en Bruselas. Prueba de ello es la tolerancia hacia un déficit presupuestario que continúa superando el 5% del PIB, mientras se amenaza con sanciones a Francia por su déficit de poco más del 4% y a Italia con un déficit inferior al 3%.

Estamos ante la enésima prueba de una política que, tras la espuma de la austeridad, tiene como objetivo el derribo final de lo que, en tiempos de Jacques Delors, se consideraba el “modelo social europeo”. La moneda única debía ayudar a los países adherentes a enfrentarse desde una posición de fuerza con las dinámicas de la globalización. la operación ha fracasado deplorablemente. Las políticas neoliberales, adoptadas en la eurozona para reaccionar ante la crisis global que estalló en los estados Unidos en 2008, han tenido como resultado un claro retroceso de la eurozona respecto a todas las otras regiones desarrolladas o en vías de desarrollo en el mundo. El retraso se ha manifestado también en los países europeos que no pertenecen al euro, como el Reino Unido, Polonia y Suecia, lo cual demuestra que no se trata de un vicio de origen del viejo continente sino de la aplicación de políticas claramente insensatas.

8.    El fracaso económico es, sin embargo, solo un lado de la moneda. Las consecuencias más graves tienen que ver con la cara que permanece en la sombra: nos referimos a los profundos daños infringidos a las estructuras democráticas de cada país. Grecia hace explícito lo que antes estaba oculto.  Ningún gobierno puede reivindicar una autonomía política propia. El consenso popular y democrático es una floritura redundante, básicamente inútil. Los programas políticos son aquellos que establece el centro del euro-imperio. Los estados miembros tienen menos autonomía y poder de regulación interna sobre relevantes aspectos de la vida económica y social que el que pueda tener un pequeño estado de los Estados Unidos de América.

No se trata de someterse a las reglas que  regulan estrictamente el funcionamiento y la sostenibilidad de una moneda común. Desde este punto de vita, el gobierno griego ha presentado un plan destinado a la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y a la compatibilidad del presupuesto como regla general de la política fiscal propia.

Pero no es esto (o solo esto) lo que exigen los patronos de la eurozona. Efectivamente, quieren el pleno control de las políticas económicas y sociales de los países miembros en todos sus aspectos, hasta en los detalles más minúsculos Naturalmente, estamos hablando de las provincias del imperio, no de su centro. Alemania puede decidir fijar un salario mínimo intersectorial de 8,5 euros la hora al mes, porque esto lo ha exigido el SPD como condición para la formación de la Gran Coalición con el partido de Angela Merkel.

Grecia no puede, ni siquiera de forma gradual, llevar el salario mínimo al nivel pre-cris de 750 euros que, por cierto, es menos de la mitad del alemán, francés o belga. No puede restablecer un a normal negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo a nivel nacional. No puede decidir qué servicios entregar a la especulación privada nacional e internacional. No puede decidir los estándares mínimos vitales para los pensionistas más pobres. Y no puede decidir, una vez reducidos los anteriores 16 ministerios a 10, según el programa de reorganización de la administración pública, cómo reequilibrar las plantillas y jerarquías salariales. En fin, un gobierno enjaulado.

Con el progresivo deslizamiento de la eurozona hacia un implícito régimen autoritario, que tiene su centro hegemónico en Berlín y su brazo ejecutivo en Bruselas, se ha creado una nueva situación. La eurozona no solo ha agravado con su política deflacionista la crisis económica y social; ha desgastado profundamente el tejido democrático de los países miembros, reducidos al nivel de provincias. Las élites económicas y financieras han utilizado el binomio austeridad-reformas estructurales para hacer avanzar las políticas neoliberales que desde hace treinta años merodeaban como un fantasma por la mayor parte de los países europeos sin encontrar un anclaje estable. Europa se había mostrado refractaria a la liquidación del modelo social que Jacques Delors exaltaba cuando se establecían los cimientos de la futura eurozona.

La élite financiera y económica ha encontrado el modo de llevar su lucha de clases sin proclamas ideológicas, alejando también la sospecha de la misma, utilizando la mediación de la tecnocracia europea, institucionalmente irresponsable, que gobierna según reglas técnicamente abstrusas y oscuras.

El 25 de enero de 2015, con la victoria de Syriza, se ha violado el sepulcro blanqueado de la eurozona. Era grotesco imaginar que el nuevo gobierno griego pudiera derribar de un solo golpe el régimen neo-imperial de la eurozona. Sin embargo, le ha dado una potente sacudida. La misma exigencia de apertura de una negociación general es una herejía que corroe la teología fundamentalista de la eurozona. Grecia ha abierto un camino audaz y difícil a la vez. En los próximos cuatro meses pueden suceder muchas cosas en un sentido o en otro. Pero algo ha ocurrido ya. Se ha puesto encima de la mesa la prueba concreta de una posibilidad: declarar que el rey está desnudo, que la política de la eurozona es un fiasco desde el punto de vista económico y —lo que es aún más grave— perniciosa para el funcionamiento de la democracia.

La novedad es que la denuncia junto con la exigencia de un cambio radical no provienen de una minoría de la oposición sino de un gobierno que goza de un consenso democrático y popular que no tiene comparación en n ingún otro país de la eurozona —si hacemos excepción, y pour cause, de la Gran Coalición en Alemania, en virtud de su papel hegemónico incuestionable. Grecia objetivamente ha iniciado una batalla destinada a extenderse sobre muchos frentes. No por casualidad su contagio es lo que más temen en las altas esferas de la eurozona. Temen, en primer lugar, el contagio español con la probable victoria de Podemos en las elecciones de finales de año.

Pero, sobre todo, el desafío de Grecia, sean cuales sean los resultados, lo que amenaza con quebrar es la red de complicidades de los gobiernos de diferente color. Cada vez se podrá disimular menos la ley del silencio de los gobiernos que aceptan, o sufren, las insensatas y ruinosas políticas impuestas por las instituciones de la eurozona. Hoy es difícil prever cual será la salida final de provisional compromiso griego. Pero una brecha se ha abierto en los poderosos muros de la eurozona, y será difícil cerrarla.

***Antonio Lettieri ha formado parte de la dirección de la FIOM y de la CGIL. Actualmente es director de Insight (www.insightweb.it).

(Traducción de Javier Aristu.)