Los regímenes democráticos tienen muchos defectos que, en los periodos de crisis, pueden ser flagrantes. En los años de crisis hemos visto aumentar los desequilibrios sociales, la inseguridad, el desempleo masivo, la desigualdad. Pero, con respecto a los regímenes autoritarios, tienen un privilegio envidiable: la posibilidad de los ciudadanos de poder expresar libremente con su voto el juicio sobre las políticas de los gobiernos. Este es el caso que se presenta con las elecciones europeas.

Las políticas de la eurozona han fallado sin sombra de duda en estos años de crisis. Las políticas que, con obsesiva ostentación, ha llevado a cabo el eje Berlín – Bruselas no sólo no han paliado los efectos de la crisis sino que han agravado enormemente las consecuencias sociales. La política de austeridad debía corregir, traer soluciones a los problemas de las finanzas públicas y relanzar el crecimiento sobre nuevas bases.

Para la mayor parte de los países los resultados han sido catastróficos. Si se excluye Alemania que tiene en sus manos el bastón de mando de la política del euro, en todos los principales países de la eurozona asistimos al incremento de la deuda pública y del desempleo masivo.

Cuando estalló la crisis en los Estados Unidos con el colapso de Lehman Brothers y su proyección en Europa en otoño de 2008, Grecia tenía una deuda pública en torno al 110 por ciento de su producto interior bruto. Hoy, tras la devastadora intervención de la troika, la deuda ha alcanzado el 175 por ciento. España tenía una deuda inferior al 40 por ciento, el más bajo entre los más grandes países de la eurozona, incluso inferior al alemán; ahora se ha doblado, es el 93 por ciento del pib. Simultáneamente, en Grecia y España, el desempleo ha superado un cuarto de la fuerza de trabajo: es un nivel que no se había visto tras la Gran depresión de los años treinta. Son dos ejemplos –no los únicos, pero quizá los más significativos--  del fracaso de la política de austeridad, que Stiglitz definió recientemente en el diario Repubblica como “criminal”.

Pero también la crítica de la austeridad corre el peligro de ser    limitada y engañosa si no se mira la otra cara de la moneda: la política de las sedicentes reformas estructurales. Que, en efecto, son el verdadero objetivo estratégico, a largo término, de la política y de la ideología neoliberal que domina en Bruselas. En otros términos: la desregulación final del mercado de trabajo, el recorte del Estado social y las privatizaciones.  El caso español es indicativo.

Se diría que la austeridad ha tenido un efecto ruinoso sobre la economía y la sociedad española. Sin embargo, no. Para Berlín y Bruselas, España es un ejemplo de éxito y un modelo a seguir. La razón de esta paradoja está en las reformas estructurales del Gobierno Rajoy: libertad para reducir los salarios y de los despidos, reducción del welfare en relación a las pensiones y la indemnización por desempleo. La austeridad le ha costado a Italia la pérdida del 9 por ciento de la renta nacional, el incremento de la deuda hasta el 135 por ciento, doblándose el desempleo del 6 al 13 por ciento.

Cuando Mario Monti dijo que Italia tenía que hacer “los deberes en casa” comenzó por las pensiones, poniendo en marcha la más dura y desconsiderada reforma de las pensiones que nunca se hizo en Europa. Matteo Renzi, ahora, quiere presentarse en Bruselas como un líder capaz de imponer las reformas que sus predecesores dudaron en implantar. Ha impuesto por decreto-ley (una medida que habría sido legítima sólo en caso de necesidad y urgencia) una reforma del trabajo que institucionaliza la precariedad haciendo del trabajo eventual el nuevo y generalizado paradigma contractual. Y para tranquilizar a Bruselas promete proceder a amplias privatizaciones abriendo el shopping internacional con lo que queda de las grandes empresas italianas.

Austeridad y reformas estructurales se relacionan. Y entre las dos caras de la medalla hay una diferencia fundamental. La austeridad puede ser impuesto por la Comisión Europea con el apoyo político de Berlín. Pero para que las reformas estructurales se realicen necesitan del concurso decisivo de la complicidad de los gobiernos y las élites nacionales. Bajo este aspecto el voto del 25 de mayo reflejará incontestablemente un juicio sobre las políticas europeas y la subalternidad de las políticas nacionales. 

Tres países diversamente importantes de la Unión Europea como Gran Bretaña, Polonia y Suecia, que no forman parte de la eurozona han administrado, cada uno a su modo, las consecuencias de la crisis y han finalizado el año 2013 con un crecimiento en torno al 3% con un crecimiento de alrededor del 3 por ciento, mientras que la eurozona ha continuado languideciendo, prisionera de un crecimiento inconsistente del 0,5 por ciento. 

La crisis nació en los Estados Unidos y, a juicio de muchos economistas de tendencia democrática, todavía no ha sido resuelta. Pero en América la mayor responsabilidad puede ser imputada razonablemente a la oposición republicana. La diferencia está en que en los EE.UU. los republicanos están en la oposición y, controlando una parte del Congreso, pueden obstaculizar la política de la administración (véase el bloqueo de la iniciativa de Obama para aumentar el 40 por ciento del salario mínimo legal de 7,25 a 10,50 dólares a la hora), mientras que en la eurozona Bruselas aplica la política reaccionaria de los republicanos. 

En todo caso, el voto del 25 de mayo no es sobre  esta alternativa: salir o permanecer en el euro. Esta es la versión del “salto en el vacío”, intencionadamente forzada y alarmista de los gobiernos y de la grandes empresas de la prensa. Las elecciones se orientan a la perpetuación o liquidación del desastroso binomio austridad – reformas estructurales impuesto por el “consenso” Berlín – Bruselas. 

Desde este punto de vista, la plataforma de la “Otra Europa” –la lista de Alexis Tsipras como candidato del Partido de la Izquierda Europea a la presidencia de la Comisión Europea, se presenta como la más límpida, inequívoca y coherente.

Las previsiones indican una fuerte subida de los partidos euroescépticos. Este resultado podrá cambiar el cuadro del Parlamento europeo. Pero no bastará para cambiar las políticas fundamentales de la eurozona. Paradójicamente lo más probable con la idea de neutralizar la salida electoral podría ser la constitución de una “Gran alianza”  entre los socialistas y los populares, siguiendo el ejemplo de los alemanes, con una substancial continuidad de la actual política de la eurozona. Pero este escenario está condicionado a una incógnita. La incógnita en dos resultados electorales: en Francia e Italia. Se trata de dos de los tres países que fundaron la Unión Europea, dos países que no puede prescindir la eurozona salvo suicidarse.

Si en Italia y Francia se registra, como los sondeos prevén, un voto mayoritario contra la actual política del eje Berlín – Bruselas, el escenario será agitado en sus fundamentos. No habrá sido un voto contra la Unión Europea, ni siquiera para salir del euro, sino un repudio de la actual política de la eurozona.

Los gobiernos de Hollande y Renzi deberán tomar nota. Nunca se ha visto que sus pares europeos hayan tenido una influencia tan decisiva: cambiar la política europea para cambiar las políticas nacionaes y viceversa. Es una ocasión extraordinaria que no se debe desperdiciar. Es quizá la última para salvar la Unión europea del riesgo de ser destrozada por el naufragio del euro.

(Traducción JLLB)