Todos somos conscientes de las citas electorales próximas. Primero las elecciones generales y un mes después las elecciones municipales y autonómicas. Los periódicos, la televisión y las radios, las redes sociales hablan continuamente de ello dándonos cuenta de los mensajes, las intervenciones y las listas electorales que van confeccionándose, que adoptan ahora la terminología deportiva de los “fichajes”. Sobre todo ello gravitan temas importantes, parece que la centralidad en los discursos es ocupada por la cuestión catalana y la privación de la autonomía política a esta Comunidad Autónoma (dando por descontado la prisión por largos años de los dirigentes y activistas independentistas), pero la izquierda suele querer razonablemente centrar la agenda política en la cuestión social, la vivienda y los alquileres, la sanidad y la educación pública y las pensiones, o más específicamente, las condiciones de trabajo y de empleo, el salario mínimo, la reversibilidad de la reforma en aspectos importantes de negociación colectiva, la subcontratación, el registro de jornada. Todo nacional. En ese complejo y abrumador conjunto de discursos, no se aborda el tema europeo. Europa no tiene existencia política en el debate electoral español.

En efecto, nadie habla de Europa, ni siquiera cuando está en juego la definición de sus fronteras con la retirada de Gran Bretaña. No sabríamos cual es la posición de las distintas fuerzas políticas sobre el Brexit, si coinciden plenamente con la posición europea de la Comisión o si mantienen opiniones diferentes parciales o totales. No lo sabemos porque no es un tema sobre el que se discuta entre nosotros, ni siquiera respecto del futuro de Gibraltar. No se habla de Europa aunque si de temas que requieren un abordaje común europeo y sobre los que éste no se menciona como parte del problema y de la solución. Solo dos ejemplos son ilustrativos, los flujos migratorios y las políticas de gobernanza económica.

Las fuerzas conservadoras de este país, la triple derecha que aparece como favorita en todos los sondeos para estupefacción de algunos ciudadanos (in)crédulos, utiliza el problema de la inmigración como una decisión (siempre nefasta) del gobierno nacional y como una política de segregación étnica en el interior de la comunidad nacional. Pocos recuerdan la importancia de la denuncia que en el parlamento europeo han hecho los grupos de izquierda y los verdes sobre la política europea sobre inmigración que ha construido muros de contención a las migraciones desde las zonas castigadas por la guerra o el hambre, y la necesidad por tanto de modificar necesariamente esas decisiones a través de alianzas políticas en el nivel europeo que establezca una regulación humanitaria y equitativa de los flujos migratorios. No es un tema que se ponga sobre la mesa como estrictamente europeo sino como el producto de una decisión afortunada o negativa de la autoridad de gobierno.

Las reformas laborales del 2010 y 2012, la reforma de las pensiones del 2011 y del 2013, se gestaron bajo la presión que imponía el rescate bancario y la deuda soberana generada por la crisis financiera, la irrupción del conglomerado entre la Comisión Europea, el BCE y el FMI  - la troika – sometiendo su ayuda a la estricta condicionalidad política que imponían estas “reformas estructurales” que devaluaron fuertemente los salarios, degradaron las garantías de empleo y redujeron la capacidad de regular las condiciones de trabajo a través de un sistema articulado de negociación colectiva, debilitando al sujeto sindical e induciendo un aumento de la desigualdad social y de la precariedad laboral. Entonces se habló mucho de Europa como coartada de las políticas internas.

Hoy las variantes de la gobernanza económica europea respecto de la relativa recuperación económica permiten un marco de juego relativamente más amplio, como demuestra el caso portugués y, en menor medida, el caso español tras el acuerdo entre el Gobierno y el grupo parlamentario Unidos-Podemos – En Comu Podem – En Marea. Pero el neosoberanismo reactivo que se extiende por una buena parte de países europeos principalmente en su versión insolidaria y liberal, tiene serias dificultades para hacer prosperar sus políticas asistenciales, como demuestra los problemas que el Estado italiano ha tenido para lograr la aprobación de la Comisión a sus presupuestos. Y Grecia ha sido devastada por esa política de austeridad de la que no se permite retroceder.

En la redefinición de la agenda política nacional, el tema europeo es un terreno de discusión imprescindible en un doble sentido. Para hablar de los límites posibles a una política avanzada de reformas sociales tanto en materia de protección social como de redefinición de las garantías de empleo, y, de manera posiblemente más importante, para entablar un programa de cambios en las decisiones europeas que modifiquen gradualmente la noción misma de gobernanza económica en vigor. Hablar de la necesidad de un sistema fiscal europeo, de un salario mínimo europeo, de un sistema articulado de desempleo europeo, de la reforma de los tratados para incorporar una cláusula o protocolo social que garantice los derechos colectivos de huelga y de negociación colectiva frente a las libertades económicas, es imprescindible porque todas ellas son medidas importantes que la ciudadanía debe poder conocer, informarse de su posibilidad y opinar sobre las mismas valorándolas. Introducir estos elementos de progreso no sólo ayudaría a consolidar un “pilar social” en la UE, sino que alteraría en ordenamientos internos como el nuestro una parte de su regulación social.

No son proyectos inalcanzables producidas por grupos de opinión insignificantes. La posibilidad de un salario mínimo europeo proviene del propio Juncker, y la implantación de una prestación europea por desempleo ha sido seriamente debatida entre Macron y Merkel. La reivindicación de un protocolo social añadido a los Tratados es una constante en los planteamientos de la Confederación Europea de Sindicatos que se ha acentuado a propósito del debate sobre el Pilar Social Europeo, y la necesidad de introducir un protocolo social en los Tratados UE. Pero ninguna de ellas se ha incorporado a la discusión política nacional, probablemente ni son conocidas ni, en el caso de que se conozcan, se juzgan interesantes.

Ganar Europa para la democracia, conseguir que en ese preciso nivel se articulen políticas de respeto y promoción de los derechos laborales es la misión de las fuerzas políticas progresistas y de izquierda. Por eso las elecciones al Parlamento europeo no sólo son un trámite engorroso subordinado a la problemática nacional, sino que deben constituirse en un campo autónomo de debate político que resalte la trascendencia de una Europa democrática para todos y cada uno de los países que la componen. Y que sirva además para reconocer cuáles son las coordenadas dentro de las cuales se mueven las diferentes representaciones políticas de las naciones que las componen. Un instrumento útil para reconocer este terreno es el avance que ha efectuado el Parlamento europeo en marzo (Proyección elecciones europeas 2019) que muestra el mapa de intención de voto para las elecciones de mayo 2019.
Los periódicos que se han hecho eco del mismo resaltan los resultados previstos para España, y subrayan que en líneas generales y pese al retroceso de social democracia y centro derecha popular y democristiano, estas siguen siendo las grandes fuerzas del Parlamento europeo, que requerirán posiblemente el apoyo del grupo de los Liberales, que experimenta un cierto crecimiento.

El dato es interesante, porque de esa encuesta no se desprenden grandes cambios que pudieran alterar la correlación de fuerzas parlamentarias que sostienen, con matices a veces relevantes en función de los países de origen, la gobernanza económica nacida al calor de la crisis del 2010. Por consiguiente, el crecimiento de las opciones neosoberanistas insolidarias – que son las dominantes en el este de Europa, en la Francia de Le Pen y la Italia de la Lega – no es lo suficientemente fuerte como para forzar un cambio de ruta, pese a las cifras absolutas. La socialdemocracia pierde casi un 6 % de puntos y 51 diputados, los democristianos y populares bajan un 3,5% en votos y pierden 36 diputados. Solo los liberales ganan un 1,6% y 7 diputados, pasando de 68 a 75.

Pero este pronóstico, que ha sido saludado positivamente en cuanto implica que el crecimiento de planteamientos xenófobos y reaccionarios no tiene suficiente fuerza, es también una mala noticia para el europeísmo crítico porque viene a suponer la confirmación de una política indiferenciada en sus presupuestos económicos y sociales que impide diseñar un futuro para Europa solidario y democrático. Socialdemócratas, democristianos y liberales aparecen como la “vieja política” sostenedora de una Europa que se guía fundamentalmente por las exigencias de la financiarización de la economía y que es incapaz de construirse ni institucionalmente en el plano federal y democrático, ni socialmente en la preservación de los derechos sociales y laborales frente a las vigoréxicas libertades económicas. Solo hay que pensar que, en el caso español el PP se inscribe en el grupo democristiano y Ciudadanos en el Liberal para comprobar lo inconveniente de esta concentración política entre el centro izquierda, centro y derecha, en la preservación de un escenario profundamente neoliberal.

Eso tiene que ver asimismo con la debilidad de los planteamientos que defienden la idea de un europeísmo crítico y democrático. El Grupo de Izquierda Europea / Izquierda Unida Nórdica y el Grupo de Los Verdes son posiblemente quienes encarnan todos los matices de esta posible Unión Europea. Es muy interesante comprobar que solo han conseguido representación en el parlamento europeo en la mitad de los países que lo componen (13 países de los 26 en liza, excluida Gran Bretaña ante la desconexión producida por la puesta en marcha del art. 50 del Tratado), aunque el dato no refleja la real extensión de los mismos, dado que en algunos países un grupo sustituye al otro en lo que podría representar este pensamiento crítico y democrático con Europa que sigue siendo minoritario electoralmente. En definitiva, abarca un campo más reducido que el que proporciona la socialdemocracia, presente electoralmente en 26 países, los democristianos y populares, en 24 e incluso los liberales, con representación parlamentaria en 20 países.

La Izquierda y Los Verdes agrupan formas políticas representativas en el norte, centro y sur de Europa, no en el Este. Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Rumania, Croacia y Estonia carecen de representación cualquiera de estos grupos, y la que obtienen en otros países como Hungría Polonia – los Verdes – son muy escasas. Es seguramente la herencia negativa de la derrota del socialismo real, que sin embargo no se produce en una buena parte de los países del occidente europeo, con especial incidencia en el sur. Sin embargo, resulta especialmente llamativo el caso de Italia, ante la colocación del M5S en el Grupo de Europa de la Libertad y de la Democracia Directa y la Lega Nord en la de Europa de las Naciones y de la Libertad, donde la izquierda no tiene por tanto representación fuera del Partido Democrático que se inscribe en el grupo socialdemócrata. Las proyecciones estadísticas dicen que el Grupo de Izquierda Europea decrece en estas elecciones de mayo del 2019 en 5 diputados, pasando de 52 a 47 (sobre 705 del total), mientras que los verdes pierden solo 3 diputados – de 52 a 49 -  gracias a enormes incrementos en Alemania y en Francia, pero sin embargo no obtienen representación en cinco países donde la habían obtenido en las elecciones del 2014.

Las listas electorales a Europa por parte de los grandes partidos nacionales se interpretan como una forma honrosa de prescindir de un “peso pesado” de la política. Felizmente en la izquierda de la “nueva política” este tipo de costumbre aún no se ha practicado, entre otras cosas porque fueron precisamente las elecciones europeas las que permitieron emerger y dar visibilidad política al recién creado partido de Podemos. La actividad de los diputados europeos de la izquierda española ha sido formidable, aunque tampoco esto sea un elemento que se haya valorado en el espacio interno de la opinión pública. Cada uno tiene sus preferencias, pero la labor de Paloma López, Javier Couso y Ernest Urtasun ha sido verdaderamente espléndida y hay que recordarla. En cuanto a las elecciones de mayo, todavía no se han hecho públicas las candidaturas, pero se sabe que la lista de Podemos va a contar como número 1 con una persona muy preparada profesionalmente y dotada de una extraordinaria capacidad de análisis y lucidez política, Pablo Bustinduy – cuya última intervención en el Congreso ha sido justamente considerada como una de las mejores intervenciones de defensa de un proyecto democrático y social que se han oído en el hemiciclo –  lo que sin duda garantiza que la temática europea tenga un espacio político directo en el debate de la izquierda sobre la transformación social.

En definitiva, una aritmética de alianzas diferente de la que ahora existe podría lograr un cambio importante en Europa, situando a la socialdemocracia en posiciones de cambio real de las instituciones europeas en defensa de mayores derechos sociales y ciudadanos y apostando por la mayor democratización de la arquitectura de poder, reduciendo las asimetrías clamorosas que se dan en ella. Pero es también importante para lograr este objetivo la incorporación del espacio europeo a la discusión de las cuestiones nacionales, unir a las reivindicaciones esgrimidas la perspectiva europea no sólo porque sea fundamental en el devenir político de las cosas, sino porque así también se ayuda a construir un sentido de pertenencia crítica a ese constructum económico, social y político que llamamos Unión Europea que constituye una referencia hoy ineludible del proyecto de transformación social que se defiende en y desde España. Y al que naturalmente se debe augurar un buen porcentaje de éxito en las elecciones del 26 de mayo. En ellas votaremos en consecuencia, esperemos que masivamente, sosteniendo ese proyecto.