Los resultados de las elecciones en España han sido muy importantes. Estaban en juego dos elementos muy peligrosos. De una parte, la emergencia de una fuerza de ultraderecha, Vox, que había elaborado un discurso bolsonariano, irracional y lleno de falsedades que excitaba un voto reactivo emocional sobre la base de la exaltación de los símbolos nacionales y la unidad de España frente a las pretensiones del soberanismo catalán y del pensamiento reaccionario más pronunciado, en el que prometía la “eliminación de la dictadura de los partidos” y su sustitución por una “soberanía nacional del pueblo”, y combatía a sus dos enemigos principales, la ideología de género y la inmigración.

Esta ultraderecha había sido promocionada hasta extremos impensables por todos los medios de comunicación, que le dedicaron continuamente amplios espacios a publicar su ideario, y a lo largo de la campaña había mostrado una fuerte capacidad de convocatoria en sus mítines. De otra parte, este discurso agresivo había atraído hacia sí a las otras dos formaciones de la derecha, centrado principalmente en atacar al nacionalismo independentista catalán exigiendo la derogación permanente de la autonomía política de esta Comunidad Autónoma y queriendo confinar al PSOE y a UP en un espacio de irrelevancia política como fuerzas “no constitucionales”, acusándoles de haber pactado con “golpistas” y “terroristas”.

Esta apelación a la unidad nacional en una línea de recentralización del Estado que confrontaba con la estructura territorial del mismo prevista en la Constitución, permitía colocar en segundo plano un programa económico claramente neoliberal de bajada de impuestos y privatizaciones que compartían tanto PP y C’s como la formación de la ultraderecha, Vox, sin apenas divergencias.

La derecha se presentaba así como un frente tripartito que estaba en condiciones de producir una importante movilización del voto en todos los sectores de la población. Frente a ello, el PSOE y UP, con la muy activa presencia pública de los sindicatos y de movimientos culturales, impulsaron la necesidad de que hubiera una alta participación ciudadana y que se cerrara el paso a esta ofensiva derechista. El PSOE tenía a su favor haber conseguido hacer, con el apoyo de UP, un programa de reformas sociales relativamente modesto, en el que la medida estrella fue la subida del salario mínimo a 900 euros, si bien otras iniciativas fundamentales, promovidas por los sindicatos y acordadas con el gobierno, no se llevaron a cabo.

UP partía de unas encuestas enormemente desfavorables debidas fundamentalmente a los desgarros internos y las divisiones en las confluencias políticas que le habían propulsado a una aceptación electoral en el 2015 y 2016 desconocida para las fuerzas de la izquierda del PSOE, además de no haber conseguido muchas de sus reivindicaciones sociales ante el incumplimiento por el gobierno de una buena parte de lo acordado. De esta manera la derecha y las encuestas de opinión pronosticaban que aunque el PSOE obtuviera la primera posición, el derrumbe de UP impediría que pudiera reeditar el acuerdo con esta formación y la derecha obtendría una mayoría de gobierno.

Este proyecto reaccionario ha fracasado, pese a que la derecha se presentaba como un frente tripartito que estaba en condiciones de producir una importante movilización del voto en todos los sectores de la población. Los datos son conocidos. La participación fue muy alta en relación con las elecciones anteriores – un 76% - y se produjo una concentración de voto en el PSOE como forma de rechazo de la propuesta de las tres derechas. Este partido obtuvo casi 7,5 millones de votos, el 28,7% de los sufragios, frente a los 4,3 millones del PP (un 16,7%) y los 4,1 millones de Ciudadanos (un 15,9%). Unidas Podemos perdió las extraordinarias posiciones del 2015, pero no se derrumbó como se esperaba, y obtuvo 3,75 millones de votos, un 14,3%.

La ultraderecha, con un poco más de 2,5 millones de votos, obtuvo un 10,3%. En escaños, en función del sistema electoral de base provincial que rige en España, la suma de diputados que obtienen PSOE (123) y UP (42) es superior a la que logran las tres derechas, PP (66, el mayor descalabro de su historia, pues partía de 137 en las elecciones de 2016), Ciudadanos (57, lo que le convierte en un partido de implantación electoral en concurrencia con el PP) y la ultraderecha de Vox, con 24 escaños (que decepciona sus bravuconadas que le hacían pronosticar tres veces más), lo que hace un total de 147 diputados frente a los 165 del bloque de izquierda. Una derrota que también se manifiesta en el Senado, que tiene un sistema de composición mayoritario. Y que se prolonga con la victoria de las fuerzas progresistas en la Comunidad Valenciana que puede reeditar el Pacto del Botánico.

Al margen del estudio detallado de las diversas circunscripciones electorales, las primeras impresiones que pueden deducirse de este cuadro son las siguientes.

La primera, que el mapa electoral español que surge de estas elecciones muestra una clara derrota de las fuerzas reaccionarias que además son incapaces de generar un espacio de coincidencias políticas con ninguna otra fuerza del espectro político. La estrategia estigmatizadora de las tres derechas sobre las autonomías políticas de Cataluña y Euskadi que incluso llegaba a proponer su expulsión del parlamento si no alcanzaban el 3% estatal, imposibilita que éstas fuerzas puedan alinearse contra la previsible coalición de izquierda. La derrota y el aislamiento de las derechas tienen que ser aprovechadas por las fuerzas políticas y sociales que buscan el cambio político, impulsando alianzas que faciliten medidas progresistas que reviertan las situaciones degradatorias de derechos laborales y sociales que se han ido perpetuando desde el 2010.

La segunda, correlato de lo anterior, que el mapa de España se ha desplazado hacia la izquierda, con el fortalecimiento de la presencia de fuerzas soberanistas y republicanas que han obtenido una significativa presencia electoral. Tanto Bildu como muy señaladamente ERC han aumentado de forma muy relevante su influencia política tanto en Euskadi como en Catalunya, siendo también muy relevante el incremento exponencial de votos para ERC en detrimento de Junts per Catalunya, que ha desplazado hacia la izquierda la hegemonía entre las fuerzas independentistas.
En efecto, el hasta el momento mayoritario partner del gobierno de la Generalitat, Junts per Catalunya, la lista electoral del ex presidente Puigdemont, exiliado en Bélgica, ha obtenido tan solo 7 diputados frente a los 15 de ERC, que mantiene en prisión preventiva a cuatro de los que han sido elegidos diputados,  convirtiéndose en la fuerza decisiva del catalanismo soberanista en el Congreso de Madrid.

La tercera impone una clara consideración de la plurinacionalidad del Estado, con la consiguiente comparecencia de subjetividades políticas propias, que revindican la especificidad nacional del territorio. En el País Vasco, las tres derechas solo consiguen el 12,79% de los votos y no han obtenido representación parlamentaria. PSE y UP suman el 37,4 % de los votos emitidos, y PNV y EH Bildu el 47,75% de los sufragios del país. En Catalunya, las tres derechas alcanzan sólo el 20,25 % de los votos, lo que se ha traducido en 5 escaños para C’s y un escaño respectivamente para el PP y otro para Vox, que se colocan en pie de igualdad en la irrelevancia política en esta Comunidad. En el lado independentista, ERC y Junts per Catalunya suman 36,65% de los sufragios, pero si la diferencia la hacemos sobre la base de la contraposición izquierda y derecha, la suma de ERC (24,5%), PSC-PSOE (23,21%) y En Comu Podem (14,9%), arroja un 62,61% de voto de izquierda en esa nacionalidad.

La cuarta hace referencia a la política de alianzas. El resultado electoral no permite recomponer mediante pactos un acuerdo transversal entre el centro izquierda y la derecha. Los tratos entre PSOE y Ciudadanos para conformar gobierno no sólo han sido rechazados la propia noche electoral por la militancia socialista ante su candidato Pedro Sánchez – “con Rivera, no” – sino que serían disfuncionales al discurso defendido durante la campaña electoral, a lo largo de la cual Ciudadanos se configuró como la fuerza de la derecha nacionalista más extrema intentando suplantar el liderazgo conservador al PP.

Los resultados electorales obligan a conformar un gobierno de progreso en el que la suma de PSOE y de UP requerirá añadir otras fuerzas políticas que garanticen una mayoría política que se corresponda con una mayoría social que exige la reversibilidad de las situaciones de degradación de derechos que la ciudadanía ha venido padeciendo desde el inicio de la crisis.

Comienza ahora un nuevo ciclo de confrontación electoral, el que compromete los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el trascendental resultado en las elecciones europeas. A partir del 21 de mayo, fecha en la que los nuevos diputados recogen sus credenciales, queda por verificar la posibilidad de un gobierno progresista de izquierdas. UP es clave para lograr, como socio del PSOE, esta posibilidad, uniendo a otros partidos de centro izquierda y nacionalistas. El 1 de mayo próximo una amplia multitud de personas se manifiestará por las calles de las principales ciudades españolas convocadas por los sindicatos. En estas concentraciones, la exigencia de un gobierno de progreso será una reivindicación compartida. Esa es la buena dirección 

Será una buena noticia para el país, pero también una advertencia para Europa. El modelo portugués podría encontrar una confirmación en el caso de España, donde además la derrota de la ultraderecha permite mostrar que su ascenso no es ineludible.

(Madrid, 29 de abril de 2019.)