La economía española ha vuelto a crecer en el tercer trimestre de 2013. El pasado 30 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) daba a conocer la estimación del avance trimestral del PIB y cifraba ese crecimiento en un mínimo 0,1%. Una insignificante recuperación que no impide que el producto siga retrocediendo un 1,2% en tasa anual. Al exiguo avance trimestral del PIB hay que añadir que también el Índice de Producción Industrial de septiembre volvía a crecer un 1,4% en tasa anual tras dos años y medio ininterrumpidos de retroceso.

¿Evidencias aisladas de carácter coyuntural o datos que anuncian un cambio de tendencia? Esa es la cuestión que centra y polariza una parte del debate político y económico en curso.

La noticia de la recuperación del crecimiento viene acompañada de previsiones que auguran un avance del PIB en 2014 que superaría por poco el 0,5%. Pese a su pequeña cuantía, ese ligero crecimiento representa un corte respecto al retroceso acumulado de 3,4 puntos porcentuales en los últimos nueve trimestres, desde el segundo trimestre de 2011 hasta igual trimestre de 2013.

Resulta poco riguroso identificar el final de la segunda fase recesiva sufrida por la economía española con la salida definitiva de la crisis o el principio del fin de la crisis. Más problemática aún es la interesada hipótesis de que la austeridad comienza a dar resultados.

No se trata únicamente de que la recuperación sea muy limitada en su cuantía. Se trata también de que ese pequeño avance del producto va a convivir con una nueva pérdida neta de empleos y con un nuevo retroceso de los salarios reales. Según las estimaciones que ofrece el Gobierno del PP, en 2014 se perderá un 0,2% del empleo existente en 2013; porcentaje que supone alrededor de 33.000 empleos equivalentes a tiempo completo. Fuentes de la Comisión Europea (base de datos AMECO, 2013) aumentan la estimación de la pérdida de empleos en 2014 hasta los 110.800, que se sumarían a los 3.460.400 empleos desaparecidos en los últimos seis años, entre el 2008 y el 2013. Por otro lado, el Gobierno del PP estima que el aumento medio de los salarios nominales alcanzará en 2014 un 0,3% que, si se relaciona con el ascenso de los precios de los bienes de consumo privado que previsiones oficiales cifran en el 1,5%, supondría una nueva pérdida de capacidad adquisitiva del 1,2%, que se acumularía al retroceso del 6,8% ya experimentado por los salarios reales por trabajador en el periodo 2010-2013. Para calibrar en su justa medida el empeoramiento de las condiciones de vida que sufre la mayoría de la población habría que añadir a los empleos desaparecidos y a los salarios recortados el deterioro y la mengua de bienes públicos y protección social que afectan especialmente a los sectores sociales más vulnerables y más golpeados por las políticas de austeridad.

Es, además, una recuperación que tiene un carácter muy frágil, puesto que no se basa en una recuperación del empleo decente y de calidad ni en un impulso de la inversión productiva que permita mejorar la productividad global de los factores, sino en todo lo contrario: más desempleo, más empleos indecentes y precarios y menos empleos de calidad, más recortes en la inversión productiva pública y privada (entre 2008 y 2013, la inversión bruta total de la economía española se ha reducido en un 41,7%) y más ajustes en factores esenciales (educación e investigación) que determinan el alcance del progreso técnico, la innovación y el crecimiento potencial.

Y es, por último, una recuperación sometida a innumerables incertidumbres de carácter institucional, económico y sociopolítico en los ámbitos nacional, europeo y mundial que no permiten ofrecer ningún tipo de expectativas de mejora a la mayoría de la población en los problemas centrales que sufren millones de personas: paro masivo, empleos más precarios y peor remunerados, empobrecimiento, deterioro y recorte de bienes públicos y protección social, riesgos crecientes de exclusión social y pérdida de derechos sociales y laborales.

En definitiva, la recuperación económica que anuncia el Gobierno del PP no puede ofrecer ninguna esperanza o expectativa de mejora para los 5.904.700 personas desempleadas (de las que alrededor del 35% lleva ya más de dos años buscando empleo sin encontrarlo) o para los casi dos millones de hogares (1.807.700, exactamente) en los que todos sus miembros están desempleados (“Encuesta de Población Activa, Tercer Trimestre de 2013”, INE, 24 de octubre de 2013). La recuperación económica que pregona el Gobierno sólo ofrece desesperanza para los cerca de tres millones de personas que tienen que malvivir en condiciones de pobreza severa con menos de 307 euros al mes (“VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social”, Equipo de ESTUDIOS Cáritas Española, 10 Octubre 2013)

No es una recuperación para pobres ni para los hogares de renta media que han perdido poder adquisitivo y sienten en el cogote el aliento del paro o el desahucio y la amenaza de la precariedad y la exclusión social.

Son muchos los datos que aconsejan prudencia analítica al sopesar la fortaleza o los límites de la recuperación económica que se espera para 2014 y los años siguientes. Y son muchos los indicadores que permiten afirmar que, pese al ligero crecimiento previsto, la economía española va a seguir bloqueada en la crisis.

A favor de la recuperación juegan la evolución positiva de las exportaciones manufactureras; la favorable situación de las carteras de pedidos; la mejora de la rentabilidad de las empresas y la utilización de los mejores resultados para rebajar sus niveles de endeudamiento; las últimas encuestas que reflejan más confianza empresarial y un clima más favorable para los negocios; y, entre otros factores, la capacidad mostrada por el BCE desde el verano de 2012 para apaciguar las tensiones financieras y reducir las primas de riesgo de las deuda soberanas de los países del sur de la eurozona.

En contra de la recuperación o limitando su alcance y reforzando su fragilidad también se pueden alegar numerosos factores: la demanda interna seguirá estando muy presionada por las altas tasas de paro, el estancamiento de las rentas salariales y la continuidad en el desendeudamiento de agentes económicos públicos y privados; los altos costes de financiación para las pequeñas y medianas empresas y la restricción del crédito dificultarán el mantenimiento de las que tengan problemas de tesorería, aunque sean solventes; la baja utilización de las capacidades de producción que conservan las empresas limitará el crecimiento de la actividad económica, sin alentar nuevas contrataciones o inversiones destinadas a ampliar equipos; la rápida desinflación que experimenta la economía española ha contribuido a sostener el consumo e impulsar las exportaciones en lo que va de 2013, pero de prolongarse unos meses más degradaría la solvencia de los agentes económicos más endeudados y frenaría aún más la inversión. Sin olvidar, por último, que la situación de nuestros principales mercados de exportación (por este orden, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido) es poco favorable. Las previsiones indican que Alemania y Reino Unido crecerán en 2014 en torno al 1,5%; Francia, Portugal y el conjunto de la eurozona, en una horquilla del 0,5% al 0,8%, similar a la de España; e Italia, apenas un par de décimas.

Al margen de previsiones e interpretaciones, todos los argumentos económicos que justificaron la creación del euro han desaparecido o se han debilitado con la crisis: es imposible mantener diferencias pequeñas en las tasas de interés que afrontan los Estados miembros; se han paralizado los flujos de financiación desde los países excedentarios del Norte hacia los países deficitarios del Sur; los créditos no llegan a buena parte de los agentes económicos solventes; los equilibrios patrimoniales de los establecimientos bancarios, pese a todas las ayuda recibidas, son seriamente cuestionados. En realidad no existe un mercado financiero único y el lento y zigzagueante proyecto de superar parte de la fragmentación financiera existente mediante el proyecto de Unión Bancaria se ha concebido para que se prolongue durante años y no sirva en nada para superar la crisis.

Al final, esa creciente heterogeneidad estructural entre los socios que comparten el euro ha acabado impactando en forma de diferencias crecientes en los niveles de vida, especializaciones productivas o cuentas exteriores de los Estados miembros que no pueden ser tratadas por las actuales instituciones comunitarias. Tanta heterogeneidad es incompatible con el carácter de las actuales instituciones comunitarias y su tratamiento exigiría una Europa federal con capacidades efectivas de carácter presupuestario y fiscal que permitieran transferir rentas a los Estados miembros en dificultades, mutualizar deuda pública, compensar las desigualdades ocasionadas por las diferentes especializaciones productivas y exportadoras o convertir de nuevo en acción política efectiva el principio, todavía vigente en la UE pero inoperante, de la cohesión económica, social y territorial.

En lugar de iniciar esa vía de cambio institucional abierta al federalismo, el bloque de poder conservador que domina las instituciones comunitarias insiste en el trágala de una estrategia de salida de la crisis basada en la austeridad y la devaluación interna que no hace sino prolongar en el tiempo los problemas económicos, atizar los conflictos sociopolíticos en los países del sur de la eurozona y acentuar los recelos con los que una parte creciente de la ciudadanía europea, por razones bien distintas en los países del Norte y del Sur, percibe a las instituciones y a las políticas comunitarias.

Frente a la agitación propagandística que lleva al Gobierno del PP a echar las campanas al vuelo y ver el final del túnel de la crisis, es imprescindible que la izquierda aporte análisis y datos, incluidos los que ofrecen fuentes oficiales y contradicen las ensoñaciones del PP, y mantenga niveles de racionalidad y prudencia analítica que son obligados si no se quiere alimentar una confrontación excesivamente volcada en lo ideológico que dificultaría la toma en consideración y el examen de las evidencias que va aportando el discurrir de la actividad económica.

En un sentido radicalmente diferente al de los portavoces del PP y de su Gobierno, no son pocos los economistas y representantes de organizaciones políticas, sindicales y sociales progresistas que desprecian esa recuperación exigua y, sin duda, frágil que anuncian el Gobierno y las principales instituciones nacionales e internacionales de prospección económica y la asimilan con un espejismo tras el que volverán pronto y de forma inevitable nuevas fases recesivas o episodios de crisis aún más desestabilizadores que los que se han sufrido hasta ahora.

Las incertidumbres e incógnitas que afectan a la situación de la economía española son tantas que no permiten rechazar ninguna hipótesis razonable. Ni la de una recuperación muy limitada ni la de que la incipiente reactivación sea un espejismo o una repetición de la recuperación abortada que se produjo en torno a 2010 y que hizo las veces de colofón de la primera fase recesiva (segunda mitad de 2008 y todo el año 2009) y preludio de la segunda recesión (desde el segundo trimestre de 2011 al segundo trimestre de 2013) a cuya final estamos asistiendo.

Tampoco cabe descartar otros escenarios parcialmente diferentes a los dos mencionados antes. Por ejemplo, que la economía española haya entrado en una nueva etapa de prolongado estancamiento, caracterizado por la lenta depuración de los altos niveles de endeudamiento existentes (privado y público) y un crecimiento frágil y precario que no podría aportar soluciones para los problemas centrales que afectan al empobrecimiento de una parte muy importante de la sociedad y a las mínimas posibilidades de encontrar empleos decentes que tienen los millones de personas que los han perdido o que no llegarán a encontrarlos en el próximo quinquenio. Pero esa exigua recuperación o prolongado estancamiento también podrían permitir algunos logros económicos, parciales pero no por ello menos reales, en terrenos de tanta importancia como la disminución de los desequilibrios de la balanza comercial, la atracción de inversión extranjera directa o la reindustrialización de aquellas actividades exportadoras que mejor desempeño demuestren.

De ser válida esta hipótesis de estancamiento o muy bajo crecimiento durante los próximos años, el conflicto político y social adoptaría aspectos diferentes a los que han predominado en los últimos dos años y pico y que se han concretado en una indignación creciente y masiva cuya expresión pública fue facilitada por el surgimiento del 15-M.

La derecha podría conseguir, gracias a esa leve y parcial mejora económica, nuevos argumentos y herramientas propagandísticas con los que debilitar y fragmentar el espacio político y social que se opone a los recortes y la austeridad y mantener en niveles asumibles (que no llegaran a comprometer sus posibilidades electorales) la resistencia a la estrategia conservadora de salida de la crisis. La gestión de un conflicto sociopolítico que la continuidad de las políticas de austeridad impide resolver adoptaría formas nuevas que al tiempo que abrirían nuevos espacios para la confrontación de ideas, argumentos y propuestas irían cerrando otros. Haría bien la izquierda en no descartar ninguno de los escenarios posibles y en mantener los ojos y las mentes muy abiertos ante el nuevo escenario económico que irá consolidándose en los próximos meses y los nuevos datos que la realidad vaya aportando.

Un último y breve apunte que no por situarse al final de estas reflexiones y ofrecerse de manera un tanto atropellada tiene menos relevancia.

Tan importante como la idea de recuperar el crecimiento es la de cómo se reparten sus frutos entre rentas del trabajo y del capital o, por decirlo de manera más simple y explícita, tan crucial como la cuestión de crecer es determinar si las rentas obtenidas gracias a ese crecimiento se destinan preferentemente a ampliar el número de millonarios (en 2012 había 144.600 y su número no ha dejado de aumentar desde el estallido de la crisis) o, por el contrario, sirven para aliviar el malestar de los casi tres millones de personas que ya malviven en una situación de severa pobreza y para impulsar cambios en las estructuras y especializaciones productivas que son imprescindibles para construir una sociedad cohesionada y un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Y tan importante como la distribución de los resultados de ese crecimiento económico es resolver el problema de su sostenibilidad o, lo que es lo mismo, de cómo se compatibiliza el crecimiento económico con las exigencias de minimizar los costes energéticos y materiales y cumplir con la responsabilidad social y ecológica que se debe a futuras generaciones.

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