Los resultados de las elecciones de 26 de junio han sido decepcionantes. No sólo por la pérdida de votos del centro izquierda y de la izquierda, sino por el fortalecimiento del polo neoliberal en torno al Partido Popular, como la referencia hegemónica de la derecha que asume tanto la herencia del postfranquismo, especialmente visible en torno a la apropiación de los aparatos de Estado, como la modernidad del ajuste antisocial en sintonía con el comando financiero-político europeo.

El análisis de los votos
Cabalgando a lomos de encuestas unánimemente favorables al crecimiento de la izquierda – que se equivocaron también de manera generalizada en los pronósticos – el incremento de 850.000 votos para el PP respecto de las elecciones de diciembre y la obtención de casi ocho millones de votos en total (7.906.185), ha supuesto una enorme decepción para quienes apostaban por la consolidación de una alternativa de cambio político que condujera a un gobierno de izquierdas. Es cierto asimismo que en el 2011, el PP obtuvo 10.830.693 votos, y que por tanto a lo largo de la crisis ha perdido tres millones de votantes, que pueden fácilmente situarse en la cifra - 3.123.769- con los que cuenta Ciudadanos (C’s), al menos en el nicho de sufragios en el que se sitúa actualmente, también él con importantes pérdidas de consensos – en torno a 400.000 votos – pero aun conservando un bien significativo 13 % del total de votos emitidos.

En el otro lado, el partido más afectado por su indeterminación frente a las políticas de crisis ha sido el PSOE. Que ha pasado de los 11.300.000 votos del 2008 tras el primer gobierno de Zapatero, a casi siete millones en el 2011 y, tras la irrupción de Podemos, a 5.530.779 el 20 de diciembre del 2015 y, finalmente, de nuevo estabilizado en junio en 5.424.709, con tan solo 90.000 votos menos que en las primeras elecciones, y con el orgullo de haber resistido y ser la primera preferencia en votos del bloque de centro izquierda e izquierda, con cuatrocientos mil votos de diferencia sobre Unidos Podemos (UP) y pese a su fallido pacto con Ciudadanos para intentar gobernar en minoría en la anterior y brevísima legislatura.

Ambos partidos, que se repartían en turno el gobierno del Estado español con el apoyo puntual de los partidos nacionalistas vascos o catalanes, han reducido sustancialmente el ámbito de consensos electorales, lo que por el momento parece ser un dato incontestable y permanente del panorama político español, que ha modificado por tanto el bipartidismo imperfecto en el que se desenvolvía.

La izquierda, agrupada electoralmente en Unidos Podemos, ha obtenido 5.049.734 votos, el 21,10 % del total, pero ese resultado no se corresponde con la suma que habría debido obtener entre los votantes de Podemos y los de Izquierda Unida que se registraron en diciembre del 2015 y que propició la unión entre ambas fuerzas. Novecientos mil votos largos que debería haber recibido esta opción electoral y que al no anotarse en estas elecciones se percibe como una refutación no esperada de las grandes expectativas de crecimiento de una alternativa de cambio real que pusiera en acto los objetivos impulsados por las grandes movilizaciones de estos últimos años. Sucede sin embargo que no todos los votos no allegados provienen de los territorios donde se presentaron en el 2015 por separado IU y Podemos, sino que en los espacios electorales de las confluencias unitarias – Catalunya (-75.000), Valencia (-20.000) y Galicia (-60.000) – también se han producido pérdidas significativas de votos, especialmente en Galicia, donde la coalición ha perdido uno de los seis escaños obtenidos en la anterior legislatura.

Entre la izquierda y la derecha
Como es natural, han sido muchos los motivos que se alegan para este fiasco. Posiblemente la repetición de las elecciones alejó en el tiempo y en el contenido una parte del voto emocional, de rechazo al PP y a sus políticas de ajuste y de represión popular, pero también otra parte de aquellos que habían votado a Podemos como forma segura de poder expulsar del gobierno al PP y se han sentido decepcionados por la incapacidad política de esta fuerza para lograr su objetivo y permitir que Rajoy siguiera en funciones.

Otros, en parte coincidentes con los anteriores, no han aprobado la alianza electoral y previsiblemente funcional de IU con Podemos, como también otros tantos entienden que la democracia directa de los círculos de Podemos ha sido ignorada en la elaboración de las listas electorales. Finalmente, una no desdeñable porción de electores considera, a la vista de la experiencia de la legislatura pasada, que la política es incapaz de ofrecer solución a sus problemas de existencia y por tanto no merece la pena participar en ese espacio simbólico de la representación. En algunos casos estas disonancias han propiciado la abstención, y en otras el retorno al voto socialista, como previsiblemente puede comprobarse en la comunidad de Madrid, donde además la resistencia a la IU de Garzón es especialmente fuerte tras los combates fratricidas tan dilatados en el tiempo desde hace dos años.

Es cierto asimismo que la continuada agresión mediática y del resto de los principales actores políticos contra UP ha podido ser muy eficaz, especialmente para propiciar la reordenación del voto de la derecha frente a un posible gobierno construido en torno al reconocimiento de UP como primera fuerza electoral de la izquierda. El miedo a un gobierno de progreso – que el PSOE por su parte negaba con continuos ataques a la coalición rojo-verde-morada – dirigido por la izquierda transformadora ha movilizado a muchos votantes para vigorizar al partido que aparece como un antagonista eficiente de este polo político.

Por otra parte, la confrontación entre el PSOE y UP no ha favorecido precisamente a esta última, pese a su política de “mano tendida” que por otra parte se contradecía en algunas declaraciones de candidatos de UP especialmente desafortunadas. La pregunta final al respecto es si la confluencia con IU le ha perjudicado a Podemos, y la respuesta a la misma es el objeto del debate en el interior de la coalición UP, que probablemente tenga en cuenta que en la confluencia de ese cúmulo de factores, la unidad electoral ha sido beneficiosa para mantener al menos la misma fuerza parlamentaria que en diciembre del 2015.

Tampoco ha ayudado a la izquierda la vicisitud británica, el referéndum y la decisión de abandonar la Unión Europea. Durante el período electoral ha sido patente el abandono o la omisión por parte de todas las fuerzas políticas de cualquier debate serio sobre Europa y las reformas necesarias de las instituciones y de las políticas europeas, pero también y de forma llamativa por UP. Pero la victoria del Leave ha hecho explícito que cualquier alternativa de cambio en un país como España tiene que desarrollar un programa de acción en la Unión tanto frente al diseño hasta el momento hegemónico neoliberal como respecto de la necesidad de encontrar las vías para poner en práctica medidas de democratización de las instituciones de gobierno de la UE.

La inteligente relación que el conglomerado mediático ha efectuado entre el referéndum y la victoria de los populistas se trasladaba mecánicamente a cuestionar el derecho a decidir como fórmula de resolver el problema de la estructuración territorial del Estado español y sus negativas consecuencias – el abandono de Gran Bretaña de Europa que sugería el triunfo del soberanismo en una consulta en Catalunya. Además el Brexit cogió con el pie cambiado a los líderes de la coalición de izquierdas que no lo pudieron integrar en un discurso ya elaborado o presentado sobre la Unión Europea a lo largo de la campaña.

Por su parte, en el frente nacionalista, hay una cierta continuidad respecto de las elecciones de diciembre. En Catalunya, donde se han hecho públicas las conversaciones rufianescas del Ministro del Interior que utiliza los aparatos de estado para desprestigiar falsamente y eliminar a sus adversarios políticos, ERC se mantiene fuerte y Convergencia, pese a su crisis, tiene un peso electoral atendible. Pero es En Comú Podem el partido más votado en Catalunya y eso tiene que ver con la percepción de una buena parte del electorado catalán sobre la capacidad de esta fuerza política de organizar consensos en torno al nuevo diseño del Estado y el ineludible derecho a decidir, lo que por cierto plantea importantes problemas de futuro para esta legislatura. En Euskadi, el PNV pierde un escaño, Bildu se mantiene con una discreta presencia, y de nuevo el partido que es preferido en el Pais Vasco es Podemos.

El PP y el gobierno
Ahora bien, ¿Cuál es el cuadro actual al que nos enfrentamos, más allá de la desilusión ante las expectativas no cumplidas y dejando de lado los análisis de toda la prensa escrita extasiada ante el triunfo de Rajoy y el bloque de la derecha? Todos dan por supuesto que el PP debe formar gobierno, aunque ninguno parece reparar en que este partido adolece de una fuerte rigidez programática y de dirigencia que le dificulta una negociación abierta. El PP ha aumentado 14 escaños, ciertamente, pero necesita todavía 39 para obtener la mayoría y ser investido. Está prácticamente descartado cualquier acuerdo con los partidos catalanes, y tampoco es previsible que el PNV preste su apoyo. No le será fácil en cualquier caso salvo que acuerde algún tipo de programa de reformas de una parte de sus realizaciones efectuadas en estos cuatro años. Además ese gobierno – para el que sería preciso la abstención del PSOE o/y de los partidos nacionalistas – estaría siempre en una posición de fragilidad ante el Parlamento, donde sólo cuenta con una mayoría sólida en el Senado que puede obstaculizar y retrasar iniciativas del Congreso, pero no impedirlas. A partir de este momento, no resulta posible utilizar el mecanismo de la legislación de urgencia que ha regido los cuatro años de gobierno del PP en la crisis, porque el control parlamentario puede (y debe) ser muy incisivo. Unidos Podemos y el PSOE, tienen 156 diputados, que pueden impulsar proyectos de ley de reforma con buenas posibilidades de éxito confrontándose así a la labor de gobierno del PP en minoría.

Además de una legislatura en la que el parlamento sea un espacio de debate público y de control del gobierno y de su actividad normativa, lo cierto es que la consolidación del PP por otros cuatro años, aunque sea en coalición y sin mayoría parlamentaria es una pésima noticia. Ante todo porque los aparatos de estado, en especial la policía y la magistratura, seguirán bajo el dominio que genera la apropiación partidista de los mismos, junto con el sostenimiento de fortísimos  grupos de presión  corporativos que imponen la impunidad de toda la cúpula del PP inmersa en graves delitos de corrupción – cohecho, prevaricación, enriquecimiento ilícito y toda la gama de conductas criminales que son conocidas por el gran público y que “están descontadas” electoralmente respecto de los votantes del PP –, justifican con entusiasmo la restricción de derechos de libertad y los derechos laborales a la vez que aseguran  la utilización del aparato policial para desacreditar y eliminar a los contendientes políticos, sean ´estos nacionalistas o progresistas. En este ámbito es imprescindible un impulso de regeneración al que el PP no puede sin embargo acceder por puro instinto de supervivencia: el ingreso en prisión de órganos enteros de dirección del partido no es algo que pueda entrar en el acuerdo político de gobierno. El nivel de disfrute de los derechos democráticos básicos volverá a descender peligrosamente.

El segundo tema es el de la irreversibilidad de las reformas “de estructura” que ha llevado a efecto el PP, especialmente en materia laboral, y que ha conducido a una situación de crispación y de desprotección muy evidente. No es previsible que cualquier acuerdo de gobierno con C’s por ejemplo implique un cambio en estas políticas, que son fundamentales para la Unión Europea y sus objetivos de devaluación salarial y anulación del poder contractual colectivo de los sindicatos.

Junto a ello, en un segundo nivel, la fuerte tendencia a la privatización y fragmentación desigual en los servicios públicos esenciales como la sanidad y la enseñanza, las reformas de Wert, será confirmada por un nuevo gobierno Rajoy. En ambos casos, pero especialmente en el primero, los sindicatos y las organizaciones sociales se verán obligados a reprogramar la movilización y la protesta, porque la situación de exasperación social en la que nos encontramos y la destrucción del tejido conectivo que se está efectuando y profundizando conduce inexorablemente a la progresiva eliminación de una cultura de solidaridad y la debilitación del proyecto emancipador que está en la base del imperativo democrático y constitucional.

Donde es seguro el recrudecimiento del conflicto es en el terreno de la reconformación de los poderes derivados de la autonomía política de las nacionalidades catalana y vasca. La apropiación obscena por parte del PP de la idea del españolismo – que se pudo apreciar especialmente en el discurso de Rajoy la noche electoral del 26 de junio – hace prever un reverdecimiento de la confrontación a niveles posiblemente irreparables. Es un terreno de lucha incómodo para las izquierdas de otros territorios, pero donde será necesario un esfuerzo importante de debate y de encuentro ideológico en el marco de una futura España federal.

Europa después de Brexit
El otro polo de conflicto será Europa, en donde se están produciendo movimientos telúricos y enromes turbulencias. El plan neoliberal que ha caracterizado desde hace seis años las políticas europeas ha generado desigualdad y privilegios de una parte, un impresionante sentimiento de desafección que ha deslegitimado de manera posiblemente permanente la idea de la Unión Europea y de la que sin duda se ha hecho eco la decisión mayoritaria de los británicos, y un florecer de desconfianzas y de tratos degradantes a las personas más vulnerables, los refugiados en primer término, pero también otro tipo de personas para las que la noción de ciudadanía europea está plenamente vaciada de contenido. La democratización de Europa impone esfuerzos especiales de coordinación internacional y de acciones conjuntas que no pueden esperar. La lucha contra  el TTIP  puede ser un buen indicador de los caminos que deben seguirse a ese respecto.

Se abre un tiempo difícil, por tanto. Pero los luchadores sociales, los sindicalistas, los juristas progresistas, los economistas y sociólogos alternativos, los dirigentes políticos del cambio, mujeres y hombres de las clases subalternas con conciencia y cultura democrática y en general las personas que pretenden cambiar las cosas para que la vida de la mayoría se mejore y para eliminar el sufrimiento y la miseria de tantas otras gentes, saben que la conectividad social y la acción política se hacen y de deshacen ante acontecimientos nuevos que alimentan estos procesos de transformación.

La representación simbólica que presenta hoy el cuadro político electoral español no es el deseado ni esperado, pero implica la consolidación de un amplio espacio de crítica y de propuesta alternativa que permite alimentar un conflicto permanente y una larga trayectoria de erosión del poder económico privado que comanda la administración y el gobierno del Estado. Desde el punto de vista europeo, Unidos Podemos es una referencia política ineludible y esperanzadora, y la reafirmación de los vínculos de esta formación con los sindicatos y los movimientos sociales en el interior del Estado español, pero también en el espacio europeo, nutrirá un proyecto de amplio respiro encaminado a la emancipación de mujeres y hombres acorde con las exigencias sociales y culturales del siglo XXI. Tejiendo de nuevo lo que se ha desligado, en un proyecto colectivo que está convencido de su realización progresiva.