Nada de lo que está sucediendo como consecuencia de la crisis es tan negativo  como la instalación y el conformismo  social respecto del desempleo, que se representa como un hecho cotidiano y fatal para la opinión pública. O en la variante más común de esta representación ideológica, se entiende – y se explica -  el desempleo como una variable económica que debe combinarse en relación con grandes vectores socio-económicos de forma que la carencia de reformas “estructurales” es la causa de la destrucción de empleo en un país determinado.

Es ya una cantilena aburrida la que resulta de  escuchar una y otra vez a los que configuran el desempleo como un “hecho externo” dependiente frecuentemente de la rigidez o flexibilidad salarial – como hace el presidente del BCE – o cómo un elemento que se debe abordar en términos de políticas de empleo consistentes en aligerar los costes económicos del despido – como ha hecho el Gobierno y ha desarrollado la patronal -  además de rebajar cotizaciones sociales y reducción impositiva – como solicita el empresariado y comprende el poder público. Son pronósticos equivocados a la vez que de una intensa agresividad de clase que desembocan en el sufrimiento de cada vez mayores estratos de población.

El problema es social y político fundamentalmente. No sirven tanto  las políticas de empleo, sino la política con mayúscula, la capacidad de los grupos sociales y de las fuerzas políticas de la izquierda de afirmar  la centralidad del trabajo en el espacio político, social y económico de un país.

Ha habido recientemente opiniones públicas muy significativas al respecto, que plantean el debate en sus justos términos. Elijamos sólo dos. Una, la de Rodolfo Benito, Secretario Confederal de Estudios de CCOO y Presidente Fundación 1º de Mayo, que en el blog que esta Fundación acaba de inaugurar en el diario Público, decía el 10 de septiembre en el artículo, Insistir en recetas fracasadas, letal para las personas:

“Paro, pobreza y desigualdad. Estas, y no otras, son las prioridades que hay que abordar. Y ello exige profundos cambios en la política económica que requieren, a su vez, del arrumbamiento definitivo de las políticas de austeridad.

El panorama social se caracteriza por el incremento de la pobreza asociada al alto  y prolongado desempleo, que hace que 740.000 hogares en los que viven 1.400.000 personas, no perciben ningún tipo de ingresos. Baja la protección por desempleo y su calidad se degrada. Tenemos, de otra parte, los índices de desigualdad más altos de la Unión Europea” (…). “No se puede, en definitiva, insistir en recetas fracasadas, en neoliberalismos ciegos pero letales para las personas, en políticas, que una vez realizado un balance social de daños, va a ser demoledor.Un proyecto de país que defina un nuevo modelo de crecimiento, con el objetivo de mucho más y mejor del empleo y el incremento de la productividad del trabajo. No es un problema técnico-económico, es una decisión política.

Para ello, es fundamental, democratizar la economía, un nuevo nexo de unión entre economía y política democrática, un papel mucho más relevante del Estado en el conjunto de la actividad económica y una concentración del esfuerzo inversor privado en el incremento del volumen de capital físico de las empresas y en su capacidad de innovación tecnológica, desacoplándose de actividades especulativas a corto plazo, como la inmobiliaria.”

 Y, con otro estilo, pero asimismo señalando la misma forma de contemplar correctamente el problema, en  Joseph E. Stiglitz, en una columna llamada “La democracia del siglo XXI” (http://www.project-syndicate.org/commentary/joseph-e--stiglitz-blames-rising-inequality-on-an-ersatz-form-of-capitalism-that-benefits-only-the-rich/spanish ) publicada en Project syndicate el 1 de septiembre: “Lo que hemos estado observando – estancamiento de los salarios e incremento en la desigualdad, incluso a medida que la riqueza  aumenta – no refleja el funcionamiento de una economía de mercado que se considera como normal, sino que refleja lo que yo denomino como “capitalismo sucedáneo” (en inglés ersatz capitalism). El problema puede que no sea cómo los mercados deberían funcionar o cómo dichos mercados funcionan en los hechos, sino que  puede que el problema se sitúe en nuestro sistema político, que no ha logrado garantizar que los mercados sean competitivos; más aún,  dicho sistema político ha diseñado reglas que sustentan mercados distorsionados en los que las corporaciones y los ricos pueden (y por desgracia así lo hacen) explotar a todos los demás.

Los mercados, por supuesto, no existen en un espacio vacío. Tiene que haber reglas del juego, y éstas son establecidas a través de procesos políticos. Los altos niveles de desigualdad económica en países como EE.UU. y, cada vez más en países que han seguido el modelo económico de dicho país, conducen a la desigualdad política. En un sistema como el que se describe, las oportunidades para el progreso económico se tornan, a su vez, en desiguales, y consecuentemente refuerzan los bajos niveles de movilidad social”.

Un problema de democracia económica y social, de reglas impuestas por la política a la acción de los sujetos económicos que pueda desarrollar la centralidad del trabajo en la vida social y colectiva de un país. La mercantilización del trabajo, su configuración como una pura mercancía al margen de la libertad y del dominio en el despliegue concreto de la actividad creativa y productiva de bienes y servicios, conduce no sólo a una sociedad esencialmente desigual e injusta, sino también más autoritaria que reduce al mínimo su expresividad democrática.

Como en el apólogo de Bertold Brecht, en definitiva es el trabajo el que da sentido a la situación de ciudadanía, a la libertad frente a opciones vitales básicas o la capacidad para ejercitar los derechos y practicar sus capacidades humanas.  “A un obrero le preguntaron en el tribunal si quería prestar juramento bajo la fórmula religiosa o la forma laica. Éste respondió: - Estoy en paro.  Eso no fue solamente una evasiva, señaló el señor K. Con esta respuesta dio a entender que se hallaba en una situación en que semejantes preguntas, si no todo el proceso judicial, carecían en si mismo del menor sentido” (Historias del señor Keuner).

El trabajo se debe recargar desde la lógica de los derechos, no desde su exclusión, condicionamiento o modulación sobre la base de políticas económicas o de medidas de empleo que se resuelven en desembolsos monetarios públicos de ahorro de costes empresariales. El trabajo con derechos sobre el que giran las figuras de la representación colectiva y la capacidad de estas agencias de diseñar un proyecto general en cuyo centro se sitúe éste. Sobre lo que se deberá seguir reflexionando en momentos sucesivos.