No debe serlo porque durante estos años ha demostrado que no defiende los bienes comunes de la gente de Madrid, ni los intereses de la gran mayoría de la población. Defiende intereses de unos pocos, los más acomodados, o los de su propia familia. De hecho si el partido al que pertenece fuera mínimamente decente no debería haber sido nunca candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el oscuro asunto del crédito que a su padre le concedió la entidad semipública Aval Madrid, que jamás fue devuelto y, antes de que pudiera ser objeto de un embargo, le hizo una donación de un piso en lo que algunos vieron que podría ser un delito de alzamiento de bienes que, sin embargo, la Fiscalía, con una argumentación poco sólida, no entendió así. Qué suerte tiene Díaz Ayuso con la Fiscalía. Tampoco hay que olvidar el asunto de las comisiones a su hermano por las mascarillas en plena pandemia.

Con Díaz Ayuso en el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha acentuado una tendencia que ya venía de gobiernos anteriores, cuál es el incontestable incremento del negocio de los seguros privados de salud. Para que esto ocurra es necesario que el sistema público se deteriore progresivamente. Desde los tiempos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña se marcó la línea a seguir: a) primero deteriorar el Servicio Nacional de Salud dedicándole cada vez inversiones más bajas para:  b) ante el descontento de la población, abrir el camino a los seguros privados. Aquí se ha seguido exactamente la misma hoja de ruta. Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad pública especialmente en la atención primaria. Al mismo tiempo, y eso es propio del capitalismo hispano tan liberal de boquilla pero siempre atento a aprovecharse del Estado, se abre la puerta a inversores privados para la gestión de hospitales públicos con la excusa de su mayor eficacia y ahorro de recursos. Argumentos ambos falaces, que los hechos han demostrado completamente erróneos. Es claro que Ayuso trabaja para los grandes grupos económicos que sacan pingües beneficios con la salud de la gente de Madrid.

 Con la educación hace lo mismo. Dedica enormes cantidades de dinero a la educación privada concertada a la que van mayoritariamente hijos de familias acomodadas, mientras la cantidad que asigna a la educación pública es cada vez más pequeña. También esto está perfectamente calculado. Se trata de segregar desde las primeras etapas de la vida de los niños a los más ricos frente a los más pobres. Dejar que la escuela pública se deteriore hace que familias trabajadoras con recursos medios opten, con gran sacrificio, mandar sus hijos a las escuelas concertadas y de este modo se refuerza la ideología clasista y antidemocrática.

 Las tan publicitadas rebajas de impuestos a quien realmente favorecen es las personas con rentas altas, pues para quienes tienen rentas más bajas la reducción fiscal es escasamente significativa pero no lo es para quienes superen los 90.000 euros anuales. Las personas con rentas bajas, además, se ven perjudicadas porque el drenaje de recursos que se hace con estas rebajas fiscales afecta a la calidad de los servicios sociales que atienden a la mayoría de la población, pero menos necesarios para los más ricos. La política de vivienda es otro ejemplo clamoroso cuando se entregan a bajo precio viviendas a fondos de inversión que después revenden o suben los alquileres a cantidades inasumibles para mucha gente.

 La gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia, y después, ha sido escandalosa. Más de 7291 personas murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid porque un protocolo ordenaba que no fuesen enviados a hospitales a no ser que tuviesen una póliza de seguros de salud privada. ¡Que canallada! Todavía hoy residentes y sus familiares se quejan del maltrato y la mala calidad de la comida, pero Ayuso dice que eso no es cosa suya.

 Las formas del comportamiento público de Díaz Ayuso son coherentes con su condición de representante de las minorías privilegiadas. Para decirlo de forma resumida: Díaz Ayuso es una pendenciera. Una pendenciera es todo lo contrario de lo que debe ser la presidenta de una Comunidad o un alcalde que por el puesto institucional que ocupan representan a todos.

Las mentiras, las medias verdades, sus salidas de tono y las barbaridades que día sí y día no lanza por su boca son un desprecio a las formas democráticas. La democracia exige que las decisiones públicas tengan contenidos de acuerdo con los valores superiores del Estado Social y Democrático de Derecho de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político (art. 1.1 de la Constitución), pero también respeto a formas y procedimientos que eviten la arbitrariedad y enfanguen la convivencia. Las notables estupideces y las barbaridades que los muchos medios de comunicación a su servicio se encargan de difundir ad nauseam sirven para ocultar la pobreza y lo descarnado de sus políticas y evitar que se entre en el debate sobre ellas. Esta pendenciera no es ninguna adalid de la libertad, sino de la opresión que los poderosos ejercen sobre las clases trabajadoras en uso de su libertad del más fuerte. Ningún voto de personas trabajadoras y de demócratas para esta señora.