La desastrosa gestión política de la crisis europea, que llevamos viviendo de forma aguda desde mayo de 2010, ha producido finalmente una fractura irreversible: el Brexit. Si no se trabaja decididamente en un sentido opuesto a como se ha actuado en estos años, la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede ser el inicio de su destrucción.

Lo que causa una profunda desafección de la ciudadanía respecto de la UE, al tiempo que el crecimiento de las corrientes políticas nacionalistas y de extrema derecha, que hacen del antieuropeísmo y la xenofobia sus principales señas de identidad, es la combinación de políticas económicas fallidas y socialmente injustas –como las de austeridad y devaluación interna– con modos de gobierno que alternan procedimientos escasamente democráticos con incapacidad de tomar decisiones. De lo primero da fe el modo de imposición de las políticas de austeridad, en particular de los planes de rescate ejecutados por la troika. De lo segundo, la manera de encarar la crisis migratoria y de los refugiados.

Hoy en día hasta instituciones como la OCDE, el FMI y el propio BCE tienen que reconocer, aunque lo hagan lógicamente a su manera, el fracaso de las políticas de austeridad y ajuste presupuestario que se han aplicado frente a la crisis financiera y económica. Sus consecuencias en términos de aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad son patentes en muchos Estados de la Unión, en particular en los que las aplicaron con mayor intensidad.

La austeridad y el modo de imponerla también han producido divergencias económicas, políticas y afectivas entre los Estados de la UE y sus poblaciones. Ha actuado como fuerza centrífuga no sólo en el Reino Unido sino a lo largo de todo el continente europeo. A pesar de todo ello, el mensaje principal que la ciudadanía española está recibiendo de la UE, en plena campaña electoral, se refiere a si nuestro país será o no multado por no cumplir los objetivos de reducción del déficit público.

El otro factor de desintegración que ha actuado poderosamente en los últimos tiempos es el de la renuncia a los valores y principios democráticos y solidarios, inscritos en los tratados de la UE, para enfrentarse a las corrientes nacionalistas y xenófobas en diversos temas, en particular en el de las migraciones y los refugiados.

No se debe olvidar que el rechazo a los inmigrantes, incluidos los provenientes de otros Estados miembros de la UE, ha sido el núcleo de la campaña de los partidarios del Brexit. En la crisis de las migraciones y los refugiados la UE ha demostrado primero una incapacidad para tomar las decisiones adecuadas, y después, en el Acuerdo con Turquía para deportar a migrantes y refugiados, una contaminación profunda por parte de la ideología nacionalista y xenófoba que está minando la UE.

La responsabilidad es mayor por parte de los gobiernos nacionales que de las instituciones europeas –Comisión o Parlamento– pero el resultado ha sido una decisión del Consejo adoptada sin soporte legal y que contradice principios, valores y leyes, propias e internacionales, que la UE tendría que respetar.

Para ayudar a David Cameron a ganar el referéndum, el Consejo y la Comisión realizaron unas negativas concesiones que afectaban a los derechos sociales de los ciudadanos de otros países de la UE, al principio de libre circulación y a las posibilidades de avanzar hacia una mayor integración política. No le han servido a Cameron de nada pero han contribuido a desdibujar aún más si cabe el proyecto europeo y su futuro.

Algunos llevamos diciendo que la Unión Europea no puede seguir así desde hace algunos años. Después de la decisión que ha adoptado el pueblo británico, pocos podrán seguir negándolo o permanecer pasivos. Sólo los que jueguen a la destrucción de la UE.

En este momento tan complicado que vive Europa, en el que una nueva tormenta financiera está apuntando cuando todavía está convaleciente de la crisis de 2008, sin que gobiernos nacionales e instituciones europeas apuesten por políticas que permitan un crecimiento sólido, es necesario exigir a los responsables políticos y al BCE una actuación inmediata y firme para:

–Estabilizar los mercados financieros con todas las medidas que sean necesarias.

–Acelerar la aplicación de las inversiones del Plan Juncker y adoptar con urgencia otro plan que recoja los objetivos y criterios del formulado por la Confederación Europea de Sindicatos.

–Flexibilizar los plazos para alcanzar los objetivos de reducción de los déficit del Plan de Estabilidad, de acuerdo con las circunstancias nacionales.

–Asegurar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores europeos en el Reino Unido y de los trabajadores españoles en Gibraltar en el proceso de negociación de la salida del Reino Unido de la UE.

–Hacer que este proceso de negociación se realice salvaguardando el conjunto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras europeos y que no cierre o dificulte las posibilidades de un proceso de mayor integración de una Unión Europea sin el Reino Unido.

Pero todo esto valdría de poco si las fuerzas políticas pero también las organizaciones sociales, empezando por los sindicatos y las organizaciones empresariales, no somos capaces de reconstruir, refundar, o renovar profundamente, no nos perdamos en nominalismos, el proyecto europeo. Y hacerlo en la dirección de una mayor integración sustentada sobre modos de gobierno más democráticos y derechos y políticas sociales más avanzadas.

 Y aunque la culminación de este proceso sólo se pueda realizar en el medio plazo, porque llevará bastantes años, hay que empezar a formularlo, publicitarlo y construirlo ya. Porque, de lo contrario, el avance de las fuerzas nacionalistas y populistas –a ver cuándo se enteran algunos en España que el peligro auténtico nace en las derechas europeas, como en el siglo XX– impedirá cualquier progreso, y entraríamos en otro escenario más tenebroso.