La Unión europea se ha desprendido de golpe del ambicioso proyecto político que sostenía, compatibilizar la lógica del mercado y de las libertades económicas con un amplio espacio de goce de derechos políticos y sociales, y lo ha sustituido por un diseño de subordinación global de la política al poder enorme, invisible y supranacional del capital financiero, afianzado sobre un esqueleto fuertemente autoritario.

Los gobiernos de los países europeos – con más ímpetu los conservadores, pero sin que los socialdemócratas hayan podido sustraerse a esta tendencia – han seguido al pie de la letra las instrucciones de los grandes bancos en una política de austeridad expansiva que ha implicado la destrucción de millares de puestos de trabajo, la degradación de los derechos laborales, la reducción de la protección social y el empobrecimiento de la población en general. Las políticas puestas en práctica de forma unánime consideran el incremento de la desigualdad social  como la condición para generar  “la riqueza de las naciones”.

Pero además han garantizado normativamente a través de medidas de aplicación general sin encaje jurídico comunitario – es decir, fuera de los cauces de la legalidad europea – el mantenimiento del equilibrio presupuestario y la reducción radical del gasto público y social, condicionando las ayudas económicas para la financiación de la deuda soberana al mantenimiento de estas políticas. En los países más sometidos por tener un  mayor porcentaje de endeudamiento privado, se ha inducido a cambiar la constitución e introducir la regla de la prohibición del déficit público, mientras que en otros se ha impuesto un gobierno técnico dirigido por gente de confianza de las finanzas globales. La autonomía de la política, que implica la capacidad de los pueblos de elegir las líneas generales de la actuación pública, ha quedado anulada.

La cuestión es más grave en aquellos ordenamientos internos, como en el caso español, en el que el momento electoral se ha hurtado a la ciudadanía el contenido de las medidas políticas que se iban a adoptar. No indicar o incluso señalar lo contrario de lo que se pretende hacer ha sido la práctica electoral del partido que hoy gobierna España. Se trata de una práctica permanente y consciente, como se pudo comprobar con el aplazamiento de algunas medidas ya decididas al resultado de las elecciones autonómicas de Andalucía. Hoy sucede lo mismo ante la inminencia de las elecciones gallegas.

La relación que establece el momento representativo electoral entre el programa de gobierno y los ciudadanos que votan al partido que lo sostiene, no se ha constituido correctamente en el caso español. Los españoles que votaron el 20 de noviembre de 2011 para que el gobierno salido de las urnas tomara decisiones vinculantes para la generalidad de la población, lo hicieron sobre unas premisas falsas o inexistentes. El mecanismo democrático ha sido irremediablemente dañado.

Por eso es necesario exigir medidas que corrijan esta lesión profunda a los procedimientos básicos de la formación de la voluntad popular en un sistema democrático. Los sindicatos más representativos y la cumbre social de las organizaciones sociales que han convergido en la movilización y en la resistencia frente a las “medidas estructurales” de degradación de los derechos sociales, han reivindicado la convocatoria de un referéndum en el que los ciudadanos españoles puedan expresar esta vez claramente, su decisión soberana sobre las políticas puestas en práctica por el Partido Popular. El gobierno no puede ignorar esta petición, insistiendo en la mayoría absoluta que posee en las cámaras – la estabilidad política de la que presume el presidente Rajoy – porque ésta carece de legitimidad política al haberse conseguido mediante el engaño, la mentira y el silencio consciente sobre la voluntad ya decidida de actuar mediante medidas concretas no comunicadas ni participadas en el tiempo del debate público electoral.

Cuestión distinta sin embargo es la de poder confrontar, mediante un mecanismo de participación popular directa, las mayorías electorales obtenidas en un momento concreto, con las mayorías sociales que se manifiestan ante actos normativos o regulaciones específicas. Esta forma de participación que corrige las desviaciones políticas que pueden darse entre una representación parlamentaria discordante con la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, se articula técnicamente de diferentes formas, pero una de las más conocidas es la del referéndum derogatorio.

En Italia, un partido o coalición de partidos con representación parlamentaria puede impulsar la convocatoria de un referéndum que derogue normas aprobadas por el parlamento siempre que recoja una cantidad notable de firmas de apoyo ciudadano. No se trata de nuestra Iniciativa Legislativa Popular, que funciona a la inversa, es decir, son las organizaciones sociales quienes impulsan la recogida de firmas que, convenientemente compulsadas, se presentan en el congreso como una propuesta legislativa, pero que puede ser rechazada o no tenida en consideración en función de las mayorías parlamentarias. Así sucedió con la ILP presentada y promovida por CC.OO. y UGT, que reunió un millón de firmas para modificar sustancialmente la Ley 35/2010 y que ni siquiera fue tenida en consideración por el órgano legislativo, en una actitud incomprensible de desprecio democrático.  Es evidente que el modelo italiano garantiza la primacía de las mayorías sociales de rechazo a normas en vigor aprobadas por el parlamento que se consideran contrarias a la voluntad ciudadana. Es por tanto un modelo más garantista de la soberanía de la política democrática.

Viene esta referencia al caso porque en Italia se ha puesto en marcha, mediante la presentación ante el Tribunal Constitucional de las preguntas que se someterán a referéndum, la petición a la ciudadanía de derogar dos modificaciones centrales de la legislación laboral derivada de la crisis. La primera, la introducción en el sistema jurídico italiano – obra del último gobierno Berlusconi – de la “negociación colectiva de proximidad” según la cual cualquier acuerdo o convenio de empresa puede derogar o inaplicar la regulación del convenio de sector o de la normativa estatal sobre cualquier condición de trabajo. La segunda, y más conocida, la modificación del artículo 18 del Estatuto de los trabajadores italiano, obra del gobierno “técnico” de Monti, que debilita y deja sin efecto la reintegración forzosa del trabajador despedido en el caso de despido objetivo o por motivos económicos que se declare improcedente.

El significado de estos dos preceptos es claro. Se pretende recobrar la función normativa y vinculante de la negociación colectiva gestionada sindicalmente, sin que la atomización de lo colectivo mediante la crisis funcione como variable independiente del ordenamiento sindical de hecho. Y el valor simbólico del art. 18 del Estatuto de los Trabajadores, que ya ha sido confirmado en un referéndum anterior, cuando la CGIL dirigida por Cofferati reunió en Roma a más de tres millones de personas e impidió la reforma del mismo por el gobierno Berlusconi, tiene que ver directamente con la garantía de la estabilidad en el empleo como eje de un trabajo respetado y valorado como centro de la sociedad.

A propuesta del referéndum, incluida en una propuesta de “pacto sobre el trabajo” nace de la combativa federación de metalúrgicos de la CGIL, la FIOM, que ha solicitado a los partidos con representación parlamentaria que iniciasen este trámite. El partido del magistrado Di Pietro se hizo inmediatamente eco de esta propuesta. El comité promotor del referéndum no sólo está integrado por la fuerza política de representación parlamentaria – la Italia de los Valores, del juez Di Pietro – que podía iniciar el mecanismo, sino que se ha abierto a varias personalidades relevantes. Entre ellas, exponentes importantes de la izquierda del Partido democrático, como Nichi Vendola, y personalidades intelectuales de enorme prestigio, como Umberto Romagnoli. El europarlamentario Sergio Cofferati ha expresado por carta su apoyo pleno a esta iniciativa.

Desde la perspectiva italiana, en donde se sabe que se convocarán nuevas elecciones en abril, posiblemente con la victoria del Partido Democrático, es importante introducir en la agenda del debate político el tema del trabajo y del valor político del mismo, mediante la preservación de derechos básicos en la configuración del modelo constitucional italiano. Esto implica plantear al futuro gobierno un dilema fundamental que se expresa en una relación de oposición o de contraste entre la soberanía democrática y popular – la decisión mayoritaria de re-establecer unas líneas claras en el diseño constitucional del trabajo – y la soberanía de los mercados financieros y de la troika que consideran irrelevante la garantía de los derechos laborales y sociales y condicionan la refinanciación de la deuda italiana a la puesta en práctica de políticas neoliberales de restricción de derechos y libertades.

Pero igual que en España al principal partido de la izquierda, el PSOE, le cuesta leer y comprender “el estado social de masas” – como dice López Bulla – existente, al Partido Democrático italiano esta iniciativa le sitúa en una posición muy incómoda porque le obliga a “fijar” una posición frente al referéndum que condiciona su “libertad de acción” en el futuro gobierno. El ala liberal – democrática del PD – in primis el siempre ubicuo Ichino – ya ha manifestado que promover y apoyar este referéndum resulta “incompatible con las opciones estratégicas esenciales del Partido Democrático”. La respuesta oficial del Partido es sin embargo menos neta. El PD considera el referéndum un instrumento “inadecuado” pero no condena ni censura a quienes lo han promovido.

Por eso, aquí y allí, en todas partes, la lucha por la defensa del valor político del trabajo con derechos se une directamente a la recuperación de la democracia y de la capacidad de los ciudadanos de decidir la política que conforme la economía y la sociedad. En España, cuyo sistema democrático es más opaco a los mecanismos de participación popular, la movilización social es la clave de los cambios políticos y sociales. La gran manifestación que la Cumbre Social ha convocado para el día 15 de septiembre, sábado, en Madrid, y que se prevé extraordinariamente masiva, será un paso adelante en la buena dirección.