1. El 11 de setiembre pasado se han cumplido 42 años del golpe de estado de Pinochet contra el Gobierno democrático del presidente Salvador Allende. La Junta Militar puso en práctica un plan de extermino de una parte de la población chilena comprometida en la transformación del país para conseguir mayores cuotas de igualdad, libertad y bienestar. La dictadura de Pinochet se unía a un ciclo de dictaduras militares en el continente latinoamericano apoyadas por los Estados Unidos (Henry Kisinger fue el gran muñidor de las maquinaciones subversivas de los militares chilenos). Brasil, Uruguay y Argentina sufrieron también la opresión de feroces dictaduras, que establecieron entre ellas vínculos asesinos para perseguir a los ciudadanos demócratas más allá de sus propias fronteras. Fue la llamada Operación Cóndor.

Poco a poco los dictadores fueron abandonado los más altos puestos del poder político de modo tal que a partir de los años 90 del pasado siglo en todos los países se establecieron regímenes constitucionales y, aunque la impronta de las dictaduras en mayor o menor medida siguió presente, los aspectos más brutales como los asesinatos, torturas, desapariciones de personas, robos de niños, exilio y otras graves violaciones de los derechos humanos dejaron de existir y fueron execrados por la sociedad.

Sin embargo la huella de las dictaduras siguió presente sobre los derechos sociales. En general, la recuperación de las libertades individuales propias de un Estado de derecho ha sido menos problemática que la de los derechos que dan contenido a un Estado social y democrático, los cuales, por el contrario, todavía hoy tienen una existencia efímera y, en consecuencia,  la desigualdad es lacerante en estos países, siendo Chile un ejemplo singular por el enorme poder que sigue detentando su clase oligárquica.

No puede negarse que en Chile se han dado pasos importantes para recuperar la memoria colectiva de su historia reciente, dignificar a las victimas de la dictadura y castigar a los asesinos, aunque haya sido no sin dificultades. El Estado chileno ha creado un esplendido museo de los derechos humanos en la capital, Santiago, que es un ejemplo a seguir para otros países (como por ejemplo España). En ese museo muchos visitantes no pueden contener las lágrimas de la emoción. Hay zonas del mismo que se recomienda no visiten los jóvenes menores de 14 años, que en todo caso deben ir acompañados de adultos. Ver una auténtica sala de torturas con los instrumentos originales que los militares usaban convulsiona incluso a los espíritus más robustos. Es una pieza importante en la construcción de una cultura y una conciencia cívica que se expresa como un clamor con el grito: ¡NUNCA MÁS!

2. Pero al mismo tiempo la dictadura ha dejado impreso en la sociedad chilena un modo de entender las relaciones de trabajo y los derechos sociales que los diversos Gobiernos democráticos posteriores y sus correspondientes mayorías parlamentarias no han podido o no han querido modificar. Para empezar no han cambiado la actual Constitución redactada en la etapa final de Pinochet que es seriamente cuestionable. El movimiento por una nueva asamblea constituyente no ha sido, por el momento, capaz de imponerse. La libertad de prensa no ha tenido un gran cambio. Los medios de comunicación están concentrados en manos de una oligarquía que no deja espacio a una opinión pública plural. Más que libertad de prensa hay libertad de empresa que obstruye los caminos de una información veraz.

3. Chile fue uno de los primeros países de América Latina que reconoció el derecho de sindicación, si bien lo fue como reacción de las clases conservadoras frente a un incremento de la actividad sindical libre, ilegal o alegal. Una ley de 1924 reguló el derecho a fundar sindicatos. Era una ley autoritaria bajo la cual la personalidad de los sindicatos se concedía por el Presidente de la República, establecía una fuerte fiscalización de su  vida interna por la Inspección de Trabajo, prohibía la negociación colectiva en la agricultura, así como la sindicación en el sector público. También imponía conciliaciones obligatorias para solución de conflictos. Como en otros países, hubo una continua evolución hacia el reconocimiento de una auténtica libertad sindical.

En 1931, entre otras cosas, frente a la anterior negociación por empresas,  se empezó a permitir la negociación colectiva sectorial a los sindicatos de oficio y se reconoció el derecho de huelga con la prohibición del esquirolaje. En 1964 se reconoció el derecho sindical pleno a los trabajadores de la agricultura y en 1968 se crearon comisiones tripartitas que negociaban condiciones mínimas por ramas de la producción. El reconocimiento constitucional  efectivo de la libertad sindical tuvo que esperar a 1971, con la llegada al poder del Gobierno de Unidad Popular de Allende. En 1973 la tasa de sindicación era del 34 por ciento, la más alta jamás habida. En 1972 hubo una experiencia muy interesante: los “cordones industriales”, que fueron formas de organización autogestionaria en algunas empresas como reacción a la “huelga patronal” (en especial en el sector del transporte por carretera, fundamental en Chile) que provocó una situación de desabastecimiento de muchos productos en el país.

4. La política laboral de la dictadura que se impuso en 1973 tiene dos etapas bien diferenciadas, pero que tienen en común la feroz represión de toda disidencia.  La primera etapa es aquella en la que se intentó imponer un modelo propio de los militares  caracterizado por una especie de integración corporativa de los sindicatos afines, al estilo de lo que llevó a cabo el franquismo en España. Implicaba, por supuesto, la supresión de la auténtica libertad sindical que sería sustituida por un organismo integrador que consideraba el interés de la empresa un valor superior que no podía ser puesto en cuestión. En consecuencia, la huelga quedaba proscrita, pero sería posible una negociación por ramas de actividad aunque sin autonomía sindical.

Ese modelo no llegó a tener una auténtica implantación y a partir de 1975 lo que se impuso fue el llamado Plan Laboral de los civiles neoliberales afectos a la dictadura, que llevaron a cabo por la fuerza de las armas la “revolución conservadora” de Reagan y Thatcher. El autor del Plan Laboral fue el ministro José Piñera, recién regresado de los Estados Unidos, en donde había hecho su doctorado. Sus ideas son un reflejo de las de Friedman y Hayek.  Proponía “modernizaciones” en siete áreas para entronizar el libre mercado. Estas eran la de trabajo, la previsión social, educación, salud, justicia, agricultura y administración. No en todas estas áreas se llevaron a cabo, pero en algunas las transformaciones fueron profundas y demoledoras. En previsión social se privatizaron los Seguros Sociales cambiando el sistema financiero de reparto por el de capitalización privada y obligatoria, lo que ha dado lugar hoy a una desprotección y empobrecimiento de la mayoría de la población incluida en el esquema y a un enriquecimiento de las entidades financieras. Lo curioso es que los militares y los Carabineros (policía militarizada) no consintieron ir a la capitalización privada y permanecieron en su Seguro Social. Criminales pero no idiotas.

La educación fue considerada como un bien objeto de tráfico comercial, lo que trajo la expansión de todo tipo de centros educativos privados, incluidas las universidades, muchas de ellas de calidad ínfima. Los estudiantes universitarios tiene que contraer créditos, que tardan años en devolver, para pagar su educación. Esta situación provocó masivas protestas en las calles en 2012-2013, que contribuyeron a un cambio de signo político en 2014, como más adelante se indicará. En la Justicia se suprimió la jurisdicción especializada de lo social para remitir el conocimiento de los pleitos laborales a la costosa y lenta jurisdicción civil. Solo bien entrados los años 90 del pasado siglo se consiguió restaurar la jurisdicción social tras arduos esfuerzos de las asociaciones de abogados laboralistas y algunos académicos.

El Plan Laboral de la dictadura aceptaba reconocer de modo formal la libertad sindical, sobre todo para evitar un boicot de los sindicatos norteamericanos AFL-CIO contra las exportaciones chilenas. En realidad los sindicatos resultantes de ese plan son una caricatura de sindicatos. No puede haber sindicatos de sector o rama de actividad, están prohibidos, solo pueden ser de empresa. La negociación colectiva tampoco puede ser sectorial, sino también solo de empresa. Hay un pluralismo sindical a ultranza con una competencia entre los sindicatos y otros grupos negociadores en la empresa como si fuera un mercado, con la consecuencia de que el empresario acaba eligiendo el sindicato con el que negocia. Dada la estructura de las empresas chilenas, los sindicatos son minúsculos. El 53 por ciento de ellos tiene menos de 40 afiliados. En la idea de Piñera la negociación colectiva no ha de ser un mecanismo de redistribución de ingresos o riqueza en el país. La sindicación, aún hoy, ha caído al 14 por ciento y la cobertura de los convenios colectivos solo alcanza al 8,4 por ciento de los trabajadores.

La huelga solo podía ser admitida en la fase de negociación de un convenio colectivo, pero se permitía (y se permite) al empresario la sustitución de los trabajadores huelguistas por otros contratados “ad hoc”, con lo cual, las pocas veces que se utiliza, es un instrumento absolutamente ineficaz. Se legalizó el esquirolaje. Este plan puede resumirse en que es extremadamente rígido e intervencionista en lo colectivo, pero abstencionista y flexible en la relación individual que está dominada por la voluntad unilateral del empresario.

5. La transición a la democracia está siendo extremadamente lenta. Tras perder un plebiscito sobre su continuidad en el poder en 1988, Pinochet aceptó negociar una reforma constitucional con algunos partidos (entre los que no estaba el Comunista, que seguía siendo ilegal) que acabó dando lugar a la actual constitución que data de 1989 y que, entre otras cosas, reservaba a Pinochet cargo de senador vitalicio. Desde 1990, con la excepción del periodo 2010 a 2014 en que ganó las elecciones la derecha chilena con el presidente Piñera, hermano del autor del Plan Laboral de la dictadura, los gobiernos han sido de la Concertación por la Democracia, una coalición de partidos en la que los más importantes han sido la democracia cristiana y el partido socialista. Desde 1990 al 2000 hubo dos presidentes demócratas cristianos, Adlwin y Frei  (el primero con Pinochet como jefe del ejercito) y, salvo el paréntesis ya citado de Piñera, los socialistas Lagos y Bachelet, que ha revalidado el cargo en 2014. 

Pues bien, durante todo ese periodo el Plan Laboral de la dictadura no se tocó, ni, como en Argentina, no se volvió a un sistema público de previsión social. Las protestas estudiantiles de 2012-2013 contra la mercantilización de la educación contribuyeron a la pérdida del poder por la derecha.  Los partidos de la oposición, agrupados en la coalición Nueva Mayoría, con la novedad de que incluye al Partido Comunista, se comprometieron a llevar a cabo serias reformas en la educación. Reformas que están en curso y que los grupos económicos privados pretenden que las universidades privadas reciban subvenciones sin discriminación frente a las públicas.

Sobre la reforma del Plan Laboral en la Nueva Mayoría había bastante ambigüedad aunque, finalmente, se presentó un proyecto de ley, ahora en discusión en el Senado, que no cambia los elementos esenciales de aquel Plan. Mantiene la negociación colectiva por empresa, da más posibilidades para que en las empresas los sindicatos negocien medidas de “flexibilidad” en horario, salario, tiempo de trabajo, organización de trabajo, etc…

La huelga solo será posible dentro de proceso de negociación de un convenio colectivo y, esta es la parte más positiva, limita la capacidad del empresario para sustituir a trabajadores huelguistas, aunque no se prohíbe. Hará falta el acuerdo con el sindicato de la empresa para extender un convenio negociado a la totalidad de los trabajadores, aún a los no sindicados. Este aspecto es criticado por los empresarios pues argumentan que es imponer una especie de obligatoriedad de la sindicación. Los argumentos para no cambiar los aspectos esenciales del Plan de la dictadura son siempre los mismos, esto es, introducir la negociación colectiva sectorial, reconocer la libertad sindical, incluida la huelga, limitar los poderes organizativos del empresario será malo para la economía nacional.

Pero mantener esa opinión es un sarcasmo cuando se observa que casi el 50 por ciento de los asalariados a tiempo completo gana menos de 337 € al mes, y de esos, el 17 por ciento menos de 218 €, en un país en el que los precios no están muy alejados de los de España y en el que los servicios públicos distan mucho de ser gratuitos. Los datos disponibles (2013) muestran que, de acuerdo con el índice Gini, Chile  es el país con más desigualdad de todos los de la OCDE. Un triunfo del neoliberalismo que muestra así su esencia violenta y antidemocrática como es propio de las clases oligárquicas cuyo poder sigue siendo intocado.