En Brasilia y en las capitales de otros estados de aquella república, se han ido formando campamentos de partidarios de Bolsonaro a las puertas de acuartelamientos militares, exigiendo la intervención del ejército brasileño en un golpe de estado que devuelva la presidencia al presidente que ha perdido las elecciones. Aunque en alguno de los estados ya se han empezado a desmantelar estas concentraciones de personas claramente golpistas, en Brasilia el gobernador del DF las había permitido “siempre que fueran manifestaciones pacíficas”.

Hoy, alas ocho de la tarde en España, cuatro de la tarde en Brasilia, centenares de personas concentradas ante las sedes de los organismos oficiales en Brasilia han procedido a invadir primero el Congreso y luego el Tribunal Supremo Federal – que actúa como Tribunal Constitucional y que ha mantenido en noviembre de 2022 presiones sobre Bolsonaro para que reconozca el resultado de las elecciones y pare las protestas de sus simpatizantes, entre ellos grupos de camioneros que se revelaron exigiendo una “intervención militar” – y la sede del gobierno federal el palacio de Planalto.

En su irrupción, estos manifestantes han traspasado sin problemas la barrera policial y han procedido a destrozar el interior del Tribunal Supremo y del palacio de gobierno sin intervención de la fuerza pública. El gobierno del Distrito Federal – cuyo gobernador pertenece a la lista electoral de Bolsonaro - está manteniendo una actuación bochornosa de abstención frente a la destrucción de estos organismos públicos. Felizmente el presidente Lula se encuentra en Sao Paulo y por consiguiente la acción de los golpistas no ha encontrado un rehén precioso en su ataque a las instituciones democráticas.

La situación es muy grave, y ahora, ante la inacción de las autoridades del Distrito Federal, deberá ser la policía federal comandada por el Ministro de Justicia e Interior, la que garantice el orden público y desaloje a los golpistas. El recién creado Comité de Defensa de la Democracia y el Fiscal General del Estado abordarán en las próximas horas las medidas oportunas. No hay por el momento evidencia de participación en este conato de violencia de la extrema derecha. Pero la reacción debe ser inmediata y eficaz.

Como dice Tarso Genro, había ya señales del tránsito de una “guerra de posiciones” a una “guerra de movimiento” con formas agudas de violencia subversiva de la extrema derecha que no han sabido ser interpretadas por el nuevo gobierno en parte ante la alegría y el júbilo por la victoria y la toma de posesión de Lula. El foco de la resistencia golpista está en Orlando, donde se ha retirado y conspira el ex presidente derrotado, pero también en Brasilia y en Sao Paulo, donde se encuentran poderosos medios de comunicación y sectores económicos con fuerte apoyo en sectores de la población.

Mientras esperamos la resolución de este gravísimo atentado a la democracia en Brasil, no está de más observar el cambio que se produce en el discurso de las derechas extremas en la mayoría de los países en donde se ha producido un cambio de gobierno apoyado por mayorías sociales que quieren realizar un proyecto de transformación de la sociedad contrarias al modelo neoliberal dominante durante casi cuarenta años y exacerbado tras las grandes crisis financieras en el ciclo 2008-2013, que ha demostrado su ineficacia con la irrupción de la pandemia y la necesidad de un cambio normativo e institucional en torno a políticas públicas de protección social.

En gran medida, y el caso español es paradigmático, la deslegitimación del gobierno democrático es el eje en torno al cual se nuclea una acción política y cultural que se extiende y fortalece a través de su reiteración en los medios de comunicación afines. En nuestro país, esta deslegitimación del gobierno de coalición se efectúa sobre la base de demonizar el pluralismo político de sus apoyos parlamentarios, a través de una imputación continua de actuación totalitaria y antidemocrática al gobierno que obtiene y representa a la mayoría social, llegando incluso al punto de afirmar que los incumplimientos flagrantes de la Constitución al negarse el PP a renovar el CGPJ se debe a la necesidad de “proteger” al poder judicial de su captura por los intereses partidistas del gobierno de Sánchez.

La deslegitimación de las instituciones democráticas ha calado profundamente en una parte importante del electorado de la derecha, que ha extremado y radicalizado sus posiciones negando la posibilidad de existencia política a la mayoría de la población representada por los partidos que mantienen al gobierno y respaldan su actividad legislativa. En el año que comienza es más que previsible que este clima de deterioro democrático se agudice por parte de estos grupos en una estrategia ya no solo privativa de la extrema derecha, sino que resulta participada por el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Una reedición del gobierno de coalición en las elecciones generales de noviembre puede que provocara reacciones de violencia como las que estamos ahora observando en Brasil, queriendo impedir por la fuerza el desarrollo del mandato democrático del pueblo brasileño.

Toca ahora presionar desde nuestro país para que se respete esta voluntad democrática. La gran mayoría de los presidentes de Latinoamérica han hecho pública su solidaridad y apoyo al presidente Lula y a su gobierno democrático. La OEA debe reunirse de urgencia y condenar estos hechos, como también ha sido imperativo la expresión pública de Estados Unidos en ese mismo sentido, a través del secretario Blinken. La Unión Europea y su comisario de asuntos exteriores tendría que pronunciarse de inmediato - sin los tiempos largos a los que estamos acostumbrados -  y, naturalmente, el gobierno español y las principales organizaciones políticas y sociales de este país, como ya está comenzando a hacer, los primeros el presidente del gobierno Pedro Sanchez, y la Vicepresidenta segunda, Yolanda Diaz, seguidos de importantes lideres políticos y sindicales.

Nos va mucho en juego en este momento. No se puede descuidar los frutos de esta estrategia de deslegitimación que busca acabar con la democracia ante la posibilidad de reformas sociales en profundidad avaladas por la mayoría de la ciudadanía. Un nuevo y peligroso espacio político se abre en el que el propio sistema democrático puede ser sacrificado a la necesidad de mantener la codicia corporativa y la sumisión plena a las coordenadas marcadas por la explotación del trabajo.