La obsesión por el equilibrio presupuestario de la derecha europea se ha impuesto en España con una reforma de la Constitución sin que el titular de la soberanía, el pueblo, haya podido pronunciarse.  Ha bastado un diktat de las élites que gobiernan la Unión Europea. En la tragedia griega un atropello ha ido detrás del otro. Ha bastado el anuncio de la intención de llamar en referéndum al pueblo para pronunciarse sobre las medidas de ajuste impuestas por la UE, para que los especuladores supranacionales, a quienes los medios de formación de la opinión denominan como “mercados” temblasen primero para, poco después, hacer que reaccionasen sus diligentes servidores (FMI, Comisión Europea, Sarkozy, Merkel).

El resultado ya es conocido, en Grecia un gobierno elegido democráticamente ha presentado la dimisión. En Italia, aún con sus peculiaridades,  ha ocurrido algo parecido. La pugna entre democracia y “mercados” se está decantando a favor de estos últimos. Las recetas de los organismos internacionales tienen que ser aplicadas por tecnócratas salidos de los intestinos de la gran banca, precisamente la que tanto ha contribuido a la generación de esta crisis. Es un escándalo que gente de Goldman Sachs sea la que tenga las riendas del gobierno económico de Europa. Es como poner al zorro a cuidar del gallinero.

No es extraño que los ciudadanos sientan una desafección de la integración europea, pero como desde la UE se imponen impopulares medidas a los Estados miembros, esa desafección se contagia también de las instituciones representativas de estos. La crisis no es ya económica y social,  sino también política. Se ha producido una inversión importante porque muchos ciudadanos europeos podían estar razonablemente orgullosos de la integración europea,  conseguida, aún con sus contradicciones y dificultades, hasta el Tratado de Amsterdam, en vigor desde 1999. Parecía en aquel tiempo que Europa estaba en el camino de llegar a ser un ejemplo para el mundo globalizado al ofrecer una fórmula de superación de los límites de los Estados nacionales mediante la creación de lazos de solidaridad entre los distintos pueblos en torno a los derechos fundamentales, en especial los de contenido social, que darían su rasgo distintivo a ese espacio de libertad.  Pero la integración empezó su declive con el Tratado de Niza de 2001, la posterior  ampliación a los países del este europeo y siguió con el Tratado de Lisboa.

Si siempre ha habido una tensión entre las libertades económicas y los derechos fundamentales, a partir de 2001 la balanza se inclinó a favor de aquellas al tiempo que se iniciaba una regresión hacia la renacionalización. La derecha europea, y en concreto el presidente español de entonces, Aznar, volvió de Niza con el orgullo difícil de entender de haber impedido una Europa federal y ahora,  de aquellos polvos, estos lodos, porque al estallar la crisis de 2008 las instituciones de la UE fueron incapaces de reaccionar, precisamente cuando más falta hacía la respuesta supranacional. A ellos hay que atribuir una parte de la responsabilidad de la lamentable situación actual. 

Una situación en la que no solo se están cercenando derechos sociales, es decir, se está haciendo cargar con el peso de la crisis a los trabajadores, sino que también se están sacrificando las formas democráticas. El déficit democrático que tiene el funcionamiento de las instituciones de la UE se ha justificado como algo transitorio en tanto no emergiera un nuevo pueblo europeo, un demos titular de los poderes soberanos ante el que los dirigentes supranacionales europeos deberían de rendir cuentas.

Es la justificación, por ejemplo, que hace el Tribunal Constitucional alemán para mantener sus reticencias a la atribución de competencias a la Unión. La forma de presentar la crisis por los medios de persuasión ha amedrantado a la ciudadanía, ha separado a los distintos pueblos, de lo que es muestra la inicua soledad en la que se ha dejado al pueblo griego, ha acentuado los egoísmos nacionales y alejado la formación de ese demos.

Pero se da la paradoja de que, a pesar de la renacionalización que se impuso con el cambio de rumbo de Niza,  los Estados nacionales son tan limitados que ahora no pueden dar respuestas eficaces, pero también son evidentes las limitaciones de la UE, lo que se está aprovechando por parte de Merkel y Sarkozy para imponer soluciones que favorecen a las clases sociales dominantes actuando al margen de los Tratados en una esfera intergubernamental de más que dudosa legalidad. No hay pues vuelta atrás a la supranacionalidad, pero la salida a esta crisis se está haciendo a costa de la democracia que si no se corrige puede tener efectos desastrosos.